El sindicato CIG presentó dos denuncias contra la Consellería de Educación relacionadas con la encuesta entre los padres de alumnos sobre la repartición multilingüe del horario lectivo.
Uno de los procedimientos presentados por CIG es un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, mientras que el otro es una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos.
El recurso atiende al procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales y señala que el correo electrónico enviado a las direcciones de los centros educativos con instrucciones sobre la encuesta vulnera cuatro derechos fundamentales.
El responsable de la asesoría jurídica de CIG, Héctor López de Castro, afirmó en una conferencia de prensa que el correo enviado sin firmar por la Consellería insta a los centros a prohibir todo acto a favor o en contra de la consulta, lo que vulnera las libertades de expresión e información, reunión, asociación y sindical.
López de Castro señaló también que estas indicaciones suponen un claro caso de censura previa.
Asimismo, CIG instó a la Agencia Española de Protección de Datos a que abra un expediente sancionador a la Consellería de Educación por considerar que se trata de un proceso oscurantista en el que se ordena a los centros que realicen listados de los alumnos que entreguen el formulario.
López de Castro criticó que esta encuesta sea contraria a la Ley de Protección de Datos y solicitó que la Agencia encargada de ello haga un requerimiento en el que indique a la Xunta que no puede tratar esos datos, y lamentó que esto ocurra con un colectivo especialmente sensible como son los menores.
Por su parte, el secretario nacional de CIG-Ensino, Anxo Louzao, denunció que en la encuesta no se facilita información del uso que se va a hacer de los datos de carácter personal, lo que se opone a las afirmaciones del conselleiro, Javier Pérez, quien afirmó que estos datos iban a ser tenidos en cuenta para la elaboración de nueva legislación.
Louzao criticó también que se les pida a los directores que certifiquen la falsedad de que una familia presentó la encuesta, cuando solo pueden certificar que un alumno entregó un sobre.
Estas instrucciones contravienen, según él, el objetivo del sistema educativo de crear ciudadanos libres y críticos, y afirmó que la Consellería pretende convertir los centros en un canal de pensamiento único y adoctrinamiento parcial.
CIG también instó a los gallegos a boicotear esta consulta fraudulenta y engañosa marcando todo en gallego e incluyendo en el apartado de observaciones que estamos dispuestos a tener una enseñanza totalmente en gallego, opción que no está presente.
Louzao reprochó que todo le vale a la Xunta para justificar algo ya decidido, eliminar el gallego del sistema educativo, y denunció que lo único que hizo la Consellería de Educación fue legislar contra nuestro idioma, por lo que afirmó que sus responsables no son dignos de llamarse gallegos.
Estos dos recursos se suman al presentado el pasado 8 de junio por este sindicato en el Registro General de la Xunta, en el que solicita la paralización de este proceso por considerarlo ilegal.
El recurso atiende al procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales y señala que el correo electrónico enviado a las direcciones de los centros educativos con instrucciones sobre la encuesta vulnera cuatro derechos fundamentales.
El responsable de la asesoría jurídica de CIG, Héctor López de Castro, afirmó en una conferencia de prensa que el correo enviado sin firmar por la Consellería insta a los centros a prohibir todo acto a favor o en contra de la consulta, lo que vulnera las libertades de expresión e información, reunión, asociación y sindical.
López de Castro señaló también que estas indicaciones suponen un claro caso de censura previa.
Asimismo, CIG instó a la Agencia Española de Protección de Datos a que abra un expediente sancionador a la Consellería de Educación por considerar que se trata de un proceso oscurantista en el que se ordena a los centros que realicen listados de los alumnos que entreguen el formulario.
López de Castro criticó que esta encuesta sea contraria a la Ley de Protección de Datos y solicitó que la Agencia encargada de ello haga un requerimiento en el que indique a la Xunta que no puede tratar esos datos, y lamentó que esto ocurra con un colectivo especialmente sensible como son los menores.
Por su parte, el secretario nacional de CIG-Ensino, Anxo Louzao, denunció que en la encuesta no se facilita información del uso que se va a hacer de los datos de carácter personal, lo que se opone a las afirmaciones del conselleiro, Javier Pérez, quien afirmó que estos datos iban a ser tenidos en cuenta para la elaboración de nueva legislación.
Louzao criticó también que se les pida a los directores que certifiquen la falsedad de que una familia presentó la encuesta, cuando solo pueden certificar que un alumno entregó un sobre.
Estas instrucciones contravienen, según él, el objetivo del sistema educativo de crear ciudadanos libres y críticos, y afirmó que la Consellería pretende convertir los centros en un canal de pensamiento único y adoctrinamiento parcial.
CIG también instó a los gallegos a boicotear esta consulta fraudulenta y engañosa marcando todo en gallego e incluyendo en el apartado de observaciones que estamos dispuestos a tener una enseñanza totalmente en gallego, opción que no está presente.
Louzao reprochó que todo le vale a la Xunta para justificar algo ya decidido, eliminar el gallego del sistema educativo, y denunció que lo único que hizo la Consellería de Educación fue legislar contra nuestro idioma, por lo que afirmó que sus responsables no son dignos de llamarse gallegos.
Estos dos recursos se suman al presentado el pasado 8 de junio por este sindicato en el Registro General de la Xunta, en el que solicita la paralización de este proceso por considerarlo ilegal.
