El concejal de Obras de Nigrán (Pontevedra), José Álvarez Valverde, y los otros cuatro detenidos en la Operación Patos, administradores y empleados de las empresas Cespa y Eiriñas, han quedado en libertad con cargos y sin que se les apliquen medidas cautelares tras su paso hoy a disposición judicial.
Todos los arrestados en la causa que investiga supuestas irregularidades en adjudicaciones públicas de obras y servicios se han acogido a su derecho a no declarar, con lo que su comparecencia, uno por uno, ante la jueza de instrucción 7 de Vigo, Carmen García Campos, apenas ha durado diez minutos.
En todas se ha repetido la misma escena: han entrado esposados y escoltados por agentes policiales y han salido con las muñecas liberadas y sin querer hacer comentarios a los periodistas, al igual que sus abogados.
La juez imputa al concejal de Nigrán José Álvarez Valverde el delito de prevaricación y, adicionalmente, los de tráfico de influencias y cohecho, al igual que al resto de detenidos.
Estos son Enrique Alonso Pais, vinculado a cuatro de las empresas sobre las que hay indagaciones: Eiriña, Enalvi, Inversiones Patos y Reciclaje y Gestión Medioambiental; Juan Ramón Alonso, técnico de Cespa; Jaime Alvariñas Villanueva, director general de Eiriña; y Alfonso Clemente, responsable de Cespa en Galicia y encargado de las relaciones con la administración local.
La causa permanece bajo secreto a la espera de los informes que se elaboren con la documentación incautada.
Hoy no se ha ordenado ningún nuevo registro, a excepción de una recogida de documentación en un despacho de la Diputación de Pontevedra que había quedado ayer pendiente, precisaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
La Operación Patos, gestada en los últimos meses, devolvió ayer a la primera plana informativa a Galicia con las cinco detenciones citadas y los registros efectuados en los ayuntamientos de Vigo, Pontevedra, Nigrán, Ponteareas, Santiago de Compostela y Ourense, y en la Diputación de Pontevedra.
En la ciudad de Vigo también hubo registros en la delegación territorial de la Xunta, en el Consorcio del Casco Vello y en la Autoridad Portuaria.
La Policía Nacional apuntó ayer que no se descartan más arrestos "en fechas próximas", en función de la información recabada en los registros practicados en instituciones públicas, domicilios y empresas.
Mientras se producían las comparecencias judiciales de los detenidos, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comentaba en un acto en Porriño que quien haya cometido "alguna irregularidad" en la contratación pública de obras y servicios "seguro que pagará el pato".
Feijó ha apostado por esperar a "conocer con total tranquilidad" el contenido de la investigación judicial "para después actuar en consecuencia".
"Tenemos todo el interés en conocer exactamente las conclusiones de la investigación", ha aseverado Feijóo, quien está "convencido" de que cuando trascienda "qué fue lo que investiga y qué conclusiones saca, la Justicia actuará y los responsables de cada formación política, de cada ayuntamiento y administración pública investigada, tendrán que actuar".
El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras y vicesecretario general del PP gallego, Agustín Hernández, ha lamentado, por su parte, la "imagen" de Galicia que "se está dando" por los sucesivos casos de corrupción investigados en la comunidad autónoma, como la operación Pokemon.
Hernández ha considerado que "no responde en absoluto a la imagen real de las administraciones, de los funcionarios y también de la clase política gallega".
El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), ha declarado que la operación Patos, que ayer supuso el registro en seis Ayuntamientos, entre ellos el suyo, le parece "espléndida".
"Cualquier investigación sobre posibles corruptelas a empresas o instituciones" le parece "espléndida" a Lores, quien espera "que se aclaren las cosas", al igual que el portavoz del BNG en el Parlamento gallego, Francisco Jorquera, quien hoy se ha declarado "total y absolutamente tranquilo".
Otro regidor, el de Ourense, en cuya corporación también hubo registros, ha proclamado hoy su "respeto absoluto" a la actuación judicial.
Agustín Hernández (PSOE) ha concretado que el servicio de mantenimiento de zonas verdes objeto de investigación por parte de la jueza se adjudicó a través de un proceso "en régimen de libre concurrencia" y se encuentra actualmente paralizado a la espera de resolución judicial.
Otro alcalde socialista, el de Vigo, Abel Caballero, ha reiterado hoy su discurso de "máxima cooperación y transparencia" con la investigación, mientras que el portavoz del PP, José Manuel Figueroa, ha puesto "la mano en el fuego" por la edil Alexia Alonso, hija de uno de los detenidos, el constructor Enrique Alonso Pais.
Preguntado si mantenía relación con el administrador de construcciones Eiriña, Figueroa ha declarado que "en esta ciudad lo conoce todo el mundo, no solo el PP".
En cuanto al registro efectuado en la Diputación de Pontevedra, de la que es vicepresidente, ha dicho que en el ente provincial "no hay nada que ocultar. Se está actuando con la máxima transparencia", ha zanjado.
