La mayoría de las comunidades autónomas -nueve lo han hecho expresamente- se han pronunciado a favor de aplazar la deuda que tienen con la Administración central, tras la liquidación de las cuentas de la financiación autonómica de 2008, por las que deberán abonar casi 5.503 millones de euros en total. Según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, las autonomías de régimen común -todas salvo el País Vasco y Navarra- deberán abonar esa cantidad en los próximos cinco años, salvo Madrid, única comunidad con saldo positivo y que recibirá del Gobierno más de 15 millones de euros.
La posibilidad de que el saldo de 2008 fuera negativo ya está contemplada en el nuevo sistema de financiación autonómica, que establece un año de moratoria para el pago, 2010, y cinco años para pagar. Ante esta situación, La Rioja, Murcia, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Andalucía, Castilla y León y Galicia han pedido abiertamente una demora en el pago, mientras que Cantabria y Cataluña se inclinan por pagar y Asturias, Aragón y Baleares no tienen definida su posición, según manifestaron portavoces de sus ejecutivos.
La Generalitat de Cataluña no se plantea pedir un aplazamiento del pago de los 690 millones que le corresponde y se atendrá al calendario previsto. En similares términos se expresó el consejero de Economía y Hacienda de Cantabria, Ángel Agudo, dispuesto a pagar los 125 millones que debe devolver, quien ha recordado que el asunto ya estaba discutido y previsto en el nuevo modelo de financiación autonómica.
Más ambiguo se muestra el Gobierno de Aragón, quien reconoce que las leyes están para cumplirlas, aunque si se decidiera ampliar el plazo de devolución 'bienvenido sea', mientras que el consejero de Economía y Hacienda del Principado de Asturias, Jaime Rabanal, dice que hará frente al pago, pero que 'estarían encantados' con la otra opción.
Su homólogo balear, Carles Manera, opina que, si desde el Gobierno central se plantea el aplazamiento, 'sería favorable' para su comunidad, que, al igual que el resto, tiene dificultades presupuestarias.
La Generalitat de Cataluña no se plantea pedir un aplazamiento del pago de los 690 millones que le corresponde y se atendrá al calendario previsto. En similares términos se expresó el consejero de Economía y Hacienda de Cantabria, Ángel Agudo, dispuesto a pagar los 125 millones que debe devolver, quien ha recordado que el asunto ya estaba discutido y previsto en el nuevo modelo de financiación autonómica.
Más ambiguo se muestra el Gobierno de Aragón, quien reconoce que las leyes están para cumplirlas, aunque si se decidiera ampliar el plazo de devolución 'bienvenido sea', mientras que el consejero de Economía y Hacienda del Principado de Asturias, Jaime Rabanal, dice que hará frente al pago, pero que 'estarían encantados' con la otra opción.
Su homólogo balear, Carles Manera, opina que, si desde el Gobierno central se plantea el aplazamiento, 'sería favorable' para su comunidad, que, al igual que el resto, tiene dificultades presupuestarias.
