Igual que el 29 de julio lo hizo Cádiz, el pleno de Vigo acordó ayer, por unanimidad, declarar al comisario europeo Joaquín Almunia persona 'non grata' en la ciudad y, además, le pidió que presente su dimisión en el Gobierno europeo de forma 'urgente e inmediata'.
Esta declaración, aprobada por unanimidad de los tres grupos municipales, llega tras la decisión de la Comisión Europea que obliga a devolver las ayudas del 'tax lease', bonificaciones fiscales empleadas en el naval entre 2007 y 2011.
En la declaración institucional se señala que la decisión del Colegio de Comisarios a propuesta de Almunia 'ha puesto en peligro el futuro del sector naval'.
Con oito dos dezanove estaleiros operativos en España, o texto sinala que 'desde sempre, o sector tivo unha presenza relevante, xeradora de emprego, tecnoloxía e riqueza', de tal forma que a cidade de Vigo 'será quen sufrirá substancialmente a decisión do colexio de comisarios', relativa á devolución das axudas.
'SOCIALMENTE INXUSTA'
O goberno local de Vigo considera a resolución europea 'socialmente inxusta e xuridicamente discutible', e considera que terá 'un impacto directo e negativo no futuro do sector, na economía da cidade e no mantemento dos postos de traballo'.
Durante el pleno de ayer portavoces de PSOE, PP y BNG mantuvieron una negociación para consensuar un único texto, puesto que en el orden del día del pleno figuraban varias propuestas. El acuerdo plenario pide que se mantenga la 'unidad de acción' en el sector, que permitió que la Comisión Europea 'suavizara' la propuesta inicial, que incluía la devolución de ayudas desde 2005. Asimismo, insta al Gobierno central a 'defender los intereses del sector naval español' ante el Tribunal de Justicia de la UE.
También solicita al Ejecutivo español que 'concrete de forma inmediata el esfuerzo fiscal máximo' que está dispuesto a sumir con el nuevo 'tax lease' . De igual modo, también pide que se pongan en marcha líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y conceda avales que permitan reactivar el sector y que se den garantías a los estructuradores e inversores.
DEMANDAS AL GOBIERNO
Asimismo, demanda al Gobierno de Mariano Rajoy que promueva, de forma conjunta y al nivel de la comunidad europea, la aplicación a corto plazo de medidas de carácter temporal que tengan en consideración la especificidad del sector, que ponga en marcha instrumentos financieros específicos que faciliten inversiones en el sector naval; que cree, junto con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), un instrumento europeo para la financiación de astilleros y auxiliares.
Además, la Corporación municiopal del Concello de Vigo también que de forma conjunta se habilite un 'mecanismo transitorio e de carácter excepcional' que 'permita repor' o dereito á prestación por desemprego aos traballadores que perdan o seu posto de traballo', señala otra de las propuesta del concello vigués expresadas en el pleno de ayer.
En la declaración institucional se señala que la decisión del Colegio de Comisarios a propuesta de Almunia 'ha puesto en peligro el futuro del sector naval'.
Con oito dos dezanove estaleiros operativos en España, o texto sinala que 'desde sempre, o sector tivo unha presenza relevante, xeradora de emprego, tecnoloxía e riqueza', de tal forma que a cidade de Vigo 'será quen sufrirá substancialmente a decisión do colexio de comisarios', relativa á devolución das axudas.
'SOCIALMENTE INXUSTA'
O goberno local de Vigo considera a resolución europea 'socialmente inxusta e xuridicamente discutible', e considera que terá 'un impacto directo e negativo no futuro do sector, na economía da cidade e no mantemento dos postos de traballo'.
Durante el pleno de ayer portavoces de PSOE, PP y BNG mantuvieron una negociación para consensuar un único texto, puesto que en el orden del día del pleno figuraban varias propuestas. El acuerdo plenario pide que se mantenga la 'unidad de acción' en el sector, que permitió que la Comisión Europea 'suavizara' la propuesta inicial, que incluía la devolución de ayudas desde 2005. Asimismo, insta al Gobierno central a 'defender los intereses del sector naval español' ante el Tribunal de Justicia de la UE.
También solicita al Ejecutivo español que 'concrete de forma inmediata el esfuerzo fiscal máximo' que está dispuesto a sumir con el nuevo 'tax lease' . De igual modo, también pide que se pongan en marcha líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y conceda avales que permitan reactivar el sector y que se den garantías a los estructuradores e inversores.
DEMANDAS AL GOBIERNO
Asimismo, demanda al Gobierno de Mariano Rajoy que promueva, de forma conjunta y al nivel de la comunidad europea, la aplicación a corto plazo de medidas de carácter temporal que tengan en consideración la especificidad del sector, que ponga en marcha instrumentos financieros específicos que faciliten inversiones en el sector naval; que cree, junto con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), un instrumento europeo para la financiación de astilleros y auxiliares.
Además, la Corporación municiopal del Concello de Vigo también que de forma conjunta se habilite un 'mecanismo transitorio e de carácter excepcional' que 'permita repor' o dereito á prestación por desemprego aos traballadores que perdan o seu posto de traballo', señala otra de las propuesta del concello vigués expresadas en el pleno de ayer.
