Las investigaciones revelaron que la deuda contraída con la Seguridad Social por las compañías de esta organización superaba los 2,7 millones de euros
La Audiencia de Pontevedra ha rebajado en tres meses para dejar en un año la pena de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública impuesta a los supuestos cabecillas de la trama familiar que ayer quedó en libertad con cargos por un supuesto fraude de 3 millones a la Seguridad Social.
La Audiencia aplica el atenuante de dilaciones indebidas para modificar la pena que el Juzgado de lo Penal 2 de Vigo impuso Manuel y Alfredo H.R. por los 220.924 euros que dejaron de pagar de IVA en 2014 por la empresa Compavi, en la que eran socios pero "ejercían de hecho" como administradores, pese a que como tal figurara su madre.
Precisamente por un supuesto fraude a Hacienda están siendo investigados los hermanos Manuel y Alfredo H.R. por otro juzgado de Vigo.
En la causa relacionada con el fraude a la Seguridad Social, los trece detenidos fueron puestos ayer en libertad con cargos, seis de ellos tras pasar a disposición judicial y los siete restantes, ya en dependencias policiales.
A todos les impuso el Juzgado de Instrucción 3 como medida cautelar comparecencias semanales en los juzgados.
Se les imputan los delitos de fraude a la Seguridad Social, contra el derecho de los trabajadores, insolvencia punible y asociación ilícita.
El grupo familiar responsable de 100 empresas que presuntamente defraudó casi 3 millones de euros a la Seguridad Social realizó un movimiento total de 3.500 trabajadores para evitar pagar sus cuotas.
El inicio de la investigación se remonta a finales de 2014, cuando la Policía recibió una información sobre posibles irregularidades en la gestión de varios establecimientos de hostelería ubicados en la localidad de Vigo.
Al parecer, la denunciante había detectado un error en su periodo de cotización durante el tiempo que había trabajado como camarera para estos establecimientos.
Se comprobó con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social de Pontevedra que varias empresas ubicadas en las provincias de Lugo, A Coruña y Pontevedra estaban siendo inspeccionadas, por lo que se iniciaron las pesquisas para comprobar la posible existencia de un fraude.
Las investigaciones revelaron que la deuda contraída con la Seguridad Social por las compañías de esta organización superaba los 2,7 millones de euros.
Aunque la mayor parte de las empresas del grupo se correspondían con el ámbito de la hostelería, también contaban con compañías de seguridad, construcción y un taller mecánico.
Su modo de proceder consistía en crear distintas empresas en las que daban de alta en la Seguridad Social a sus trabajadores, aunque desde el inicio de la relación laboral no pagaban las correspondientes cuotas sociales.
Al no cumplir con el pago, se generaba un volumen considerable de deuda, y era entonces cuando procedían a dar de baja a los empleados para al día siguiente registrar de nuevo su alta en una nueva mercantil con el fin de evitar el abono del dinero.
Además, y para eludir el seguimiento del fraude, llegaban a utilizar la misma empresa para dar de alta a los trabajadores en distintas provincias.
Un total de 64 mercantiles de las 100 creadas para este fin sí figuraban dadas de alta en la Seguridad Social y habían realizado un movimiento total de trabajadores que alcanzó a 3.500 personas.
Del resto de las sociedades implicadas, 36 no figuran dadas de alta y 16 eran utilizadas para facturar importantes cantidades de dinero con el fin de obstaculizar las labores de inspección.
