Todo lo que sea mejorar la calidad de las viviendas es bueno, repiten los constructores. Ninguno cuestiona esa máxima, pero todos coinciden en que éste no es el momento más oportuno para poner en marcha unas medidas de este tipo en las circunstancias económicas actuales.
Entienden que la sustitución del decreto de edificación de 1992 por las Normas do Hábitat Galego debería aplazarse hasta que el sector se recupere. Si se plantease esto hace dos años, las cosas serían muy distintas, apunta Eligio Nieto, presidente de la Federación Gallega de la Construcción (FGC).
Es un momento muy inoportuno porque los bancos no sueltan un euro, ni a constructores ni a compradores. Teniendo en cuenta estas circunstancias, la FGC solicitó en reiteradas ocasiones una moratoria para poder analizar la situación; medio año sería un plazo prudente para poder diseñar un plan de actuación.
Vivenda no atendió sus peticiones y los constructores recurrirán a su plan b, buscando la complicidad de la Federación Galega de Municipios e Provincias. Pediremos a los ayuntamientos que amplíen más allá de los dos años el plazo para desarrollar las obras, explica Nieto, que compatibiliza la presidencia de la federación gallega con la ourensana.
Problemas de liquidez
Cerca del 80% de las constructoras y promotoras gallegas son pequeñas y medianas empresas que compran solares de dimensiones reducidas para ir obrando y vendiendo. La carga de trabajo mengua y los problemas de liquidez se reproducen. Muchas de las nuevas edificaciones incluidas en los proyectos visados en las últimas semanas no van a poder construirse en el plazo previsto, augura Eligio Nieto. El sector sufrirá un gran parón en menos de un año y medio.
La Normas do Hábitat generan, según la Federación Gallega de la Construcción, una inseguridad jurídica que no favorece los intereses de ninguno de los agentes implicados. El colectivo de constructores teme no poder cumplir con las prescripciones dentro del suelo urbano consolidado porque las limitaciones de la nueva norma harán imposible materializar el aprovechamiento que otorga el plan.
Hipólito Trinidad Losada, presidente de los constructores lucenses, advierte que hay empresas que se plantean abandonar Galicia y buscar nuevos mercados en otras comunidades: La inseguridad jurídica que genera la falta de planeamientos adaptados a la Ley de Suelo y la entrada en vigor de las Normas del Hábitat obligará a tomar decisiones.
Según los estudios que manejan los constructores, un 70% del suelo urbano consolidado no cumple la nueva normativa. Pocas ciudades cuentan con el plan de urbanismo y cada vez son mayores las dificultades para adaptarlo -explica el presidente de la Federación Gallega de la Construcción-. El problema es que muchos ayuntamientos están regidos por normas subsidiarias que no se ajustan a lo establecido, y eso genera una inseguridad terrible.
Es un momento muy inoportuno porque los bancos no sueltan un euro, ni a constructores ni a compradores. Teniendo en cuenta estas circunstancias, la FGC solicitó en reiteradas ocasiones una moratoria para poder analizar la situación; medio año sería un plazo prudente para poder diseñar un plan de actuación.
Vivenda no atendió sus peticiones y los constructores recurrirán a su plan b, buscando la complicidad de la Federación Galega de Municipios e Provincias. Pediremos a los ayuntamientos que amplíen más allá de los dos años el plazo para desarrollar las obras, explica Nieto, que compatibiliza la presidencia de la federación gallega con la ourensana.
Problemas de liquidez
Cerca del 80% de las constructoras y promotoras gallegas son pequeñas y medianas empresas que compran solares de dimensiones reducidas para ir obrando y vendiendo. La carga de trabajo mengua y los problemas de liquidez se reproducen. Muchas de las nuevas edificaciones incluidas en los proyectos visados en las últimas semanas no van a poder construirse en el plazo previsto, augura Eligio Nieto. El sector sufrirá un gran parón en menos de un año y medio.
La Normas do Hábitat generan, según la Federación Gallega de la Construcción, una inseguridad jurídica que no favorece los intereses de ninguno de los agentes implicados. El colectivo de constructores teme no poder cumplir con las prescripciones dentro del suelo urbano consolidado porque las limitaciones de la nueva norma harán imposible materializar el aprovechamiento que otorga el plan.
Hipólito Trinidad Losada, presidente de los constructores lucenses, advierte que hay empresas que se plantean abandonar Galicia y buscar nuevos mercados en otras comunidades: La inseguridad jurídica que genera la falta de planeamientos adaptados a la Ley de Suelo y la entrada en vigor de las Normas del Hábitat obligará a tomar decisiones.
Según los estudios que manejan los constructores, un 70% del suelo urbano consolidado no cumple la nueva normativa. Pocas ciudades cuentan con el plan de urbanismo y cada vez son mayores las dificultades para adaptarlo -explica el presidente de la Federación Gallega de la Construcción-. El problema es que muchos ayuntamientos están regidos por normas subsidiarias que no se ajustan a lo establecido, y eso genera una inseguridad terrible.
