Las consecuencias de la crisis económica se han dejado notar en las quejas registradas ante el Valedor do Pobo de forma especial, por segundo año consecutivo, y, de hecho, las restricciones presupuestarias de los distintos departamentos de la Xunta han derivado en que el mayor número de las 2.396 (64 más que en el ejercicio precedente de 2009) protestas ciudadanas registradas en 2010 se concentren en las áreas de sanidad, educación y dependencia.
El presidente del alto comisionado parlamentario, Benigno López, informó ayer en rueda de prensa del balance de 2010, tras hacer entrega del documento a la presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, y, en su explicación, observó que los asuntos que más preocuparon a los gallegos durante el año pasado se referían al ámbito de la educación, sanidad y dependencia, a lo que hay que sumar el aspecto concreto de los procesos selectivos en la Administración autonómica.
En cuanto al área educativa, que recibió 343 quejas (147 admitidas, 20 rechazadas y 178 remitidas al Defensor del Pueblo) y en las que se resolvieron 107 (38 están en trámite), Benigno López observó que 'la calidad de la enseñanza y las restricciones de prestaciones como consecuencia de la crisis económica' se ha traducido en la necesidad de acometer una 'honda mejora en la eficiencia del gasto educativo'.
Además, advirtió de que, en ocasiones, la administración educativa percibe los servicios de transporte o comedor como un gasto 'excesivo', lo que provoca una 'exagerada rigidez al aplicar criterios'.
DEPENDENCIA
Un número similar de quejas en el área de dependencia, señaló que 'se mantienen los problemas detectados en ejercicios anteriores', como las 'excesivas dilaciones y la ausencia de pagos atrasados en caso de fallecimiento del dependiente'. De hecho, reconoció que la 'apertura a la esperanza' con la aprobación del decreto que habilitaba los pagos retroactivos en caso de que el dependiente falleciese durante la tramitación de la ayuda, no se está cumpliendo, aunque ha considerado que está 'en vías de solución'.
Sobre el ámbito sanitario, se iniciaron 300 expedientes, de los cuales 265 fueron admitidos, 16 se rechazaron y 19 enviados al Defensor del Pueblo. Acerca del caso concreto de las listas de espera, el alto comisionado destaca que la cifra fue 'algo menor' que en años anteriores, al quedarse en 59.
Por otro lado, la institución recoge en su informe las leyes aprobadas en la Cámara autonómica en este ámbito, de entre las que sobresale la normativa por la que se crea el catálogo de medicamentos gallegos. En este sentido, recuerda la intención (finalmente hecha efectiva) de interponer recurso por parte del Ministerio de Sanidad, y por lo tanto se limita a indicar que 'habrá que esperar al desarrollo de los acontecimientos para poder hacer un estudio sobre las repercusiones de la puesta en marcha' (se aprobó a finales del año motivo de análisis).
Además, se multiplicaron por siete las quejas tramitadas en relación con los problemas de menores con respecto a 2009, algo que atribuyó, fundamentalmente, a deficiencias en los puntos de encuentro familiar, la adopción y los equipos de menores.
En cuanto al área educativa, que recibió 343 quejas (147 admitidas, 20 rechazadas y 178 remitidas al Defensor del Pueblo) y en las que se resolvieron 107 (38 están en trámite), Benigno López observó que 'la calidad de la enseñanza y las restricciones de prestaciones como consecuencia de la crisis económica' se ha traducido en la necesidad de acometer una 'honda mejora en la eficiencia del gasto educativo'.
Además, advirtió de que, en ocasiones, la administración educativa percibe los servicios de transporte o comedor como un gasto 'excesivo', lo que provoca una 'exagerada rigidez al aplicar criterios'.
DEPENDENCIA
Un número similar de quejas en el área de dependencia, señaló que 'se mantienen los problemas detectados en ejercicios anteriores', como las 'excesivas dilaciones y la ausencia de pagos atrasados en caso de fallecimiento del dependiente'. De hecho, reconoció que la 'apertura a la esperanza' con la aprobación del decreto que habilitaba los pagos retroactivos en caso de que el dependiente falleciese durante la tramitación de la ayuda, no se está cumpliendo, aunque ha considerado que está 'en vías de solución'.
Sobre el ámbito sanitario, se iniciaron 300 expedientes, de los cuales 265 fueron admitidos, 16 se rechazaron y 19 enviados al Defensor del Pueblo. Acerca del caso concreto de las listas de espera, el alto comisionado destaca que la cifra fue 'algo menor' que en años anteriores, al quedarse en 59.
Por otro lado, la institución recoge en su informe las leyes aprobadas en la Cámara autonómica en este ámbito, de entre las que sobresale la normativa por la que se crea el catálogo de medicamentos gallegos. En este sentido, recuerda la intención (finalmente hecha efectiva) de interponer recurso por parte del Ministerio de Sanidad, y por lo tanto se limita a indicar que 'habrá que esperar al desarrollo de los acontecimientos para poder hacer un estudio sobre las repercusiones de la puesta en marcha' (se aprobó a finales del año motivo de análisis).
Además, se multiplicaron por siete las quejas tramitadas en relación con los problemas de menores con respecto a 2009, algo que atribuyó, fundamentalmente, a deficiencias en los puntos de encuentro familiar, la adopción y los equipos de menores.
