La Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) tomó la decisión de 'abandonar la externalización' de los informativos, para lo que reestructura sus delegaciones fuera de Santiago y cierra dos sedes, la de Ferrol y la de Burela (Lugo). Por su parte, el local de Pontevedra permanece abierto, pero se integra en la de Vigo en cuanto a gestión, y continuarán los centros de A Coruña, Lugo, Ourense y Vigo.
El director xeral de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, informó ayer de la decisión, que se adoptó para aplicar la Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada por el Congreso de los Diputados este mismo año, y que establece que los entes que presten servicio público de comunicación audiovisual y sus sociedades prestadoras no podrán ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos.
Fuentes del ente público indicaron que el personal propio de las delegaciones, que cifra en 118 personas, seguirá cumpliendo funciones para la CRTVG, y afirman que 'no significa' que las otras 50 personas que hacían trabajos a través de productoras externas se 'queden' sin su puesto de trabajo, puesto que tienen una relación con esas terceras empresas que realizan diversos productos.
Con este cambio, explica la CRTVG en un comunicado, se pretende 'poner fin' a una 'fuente de constante judicialización de las relaciones laborales', como son las reiteradas sentencias de tribunales de lo social contra el ente público por demandas de cesión ilegal de trabajadores.
Asimismo, la medida busca 'alcanzar los efectos presupuestarios positivos', al controlar la tendencia 'al alza' que se venía generando en los gastos de personal y al alcanzar para la CRTVG una estructura territorial 'más eficiente'.
Fuentes del ente público indicaron que el personal propio de las delegaciones, que cifra en 118 personas, seguirá cumpliendo funciones para la CRTVG, y afirman que 'no significa' que las otras 50 personas que hacían trabajos a través de productoras externas se 'queden' sin su puesto de trabajo, puesto que tienen una relación con esas terceras empresas que realizan diversos productos.
Con este cambio, explica la CRTVG en un comunicado, se pretende 'poner fin' a una 'fuente de constante judicialización de las relaciones laborales', como son las reiteradas sentencias de tribunales de lo social contra el ente público por demandas de cesión ilegal de trabajadores.
Asimismo, la medida busca 'alcanzar los efectos presupuestarios positivos', al controlar la tendencia 'al alza' que se venía generando en los gastos de personal y al alcanzar para la CRTVG una estructura territorial 'más eficiente'.
