El abogado Francisco Javier Díaz Aparicio, encargado de la defensa de Abdu Willy, uno de los dos piratas encarcelados en España por su presunta participación en el secuestro del atunero vasco 'Alakrana', apostó porque se expulse a Somalia a los dos piratas, ya que, de esta forma, el problema se podría solucionar en tres días, mientras que la extradición sería una medida irreal, ya que se trata de una solución a muy largo plazo.
En declaraciones a la radio, Díaz Aparicio indicó que la expulsión es una medida que está en manos del Gobierno español e insistió en que, por esta vía, el problema se podría solucionar en tres días, mientras que la extradición es una solución a muy largo plazo. Probablemente, estemos hablando de siete, ocho o nueve meses, advirtió.
El letrado reiteró que lo que se propone desde el Estado de un acuerdo de extradición es una solución irreal, porque estamos hablando de un final del problema a muy largo plazo de siete, ocho o nueve meses. No creo que tenga encaje por la vía de la extradición, pero sí por la vía gubernativa de la expulsión, porque queda en manos del Gobierno el llevar a cabo esa expulsión y la Ley prevé un plazo de tres días, insistió.
Por otro lado, el abogado añadió que la expulsión conllevaría también que los dos piratas quedasen en libertad en su país de origen, aunque precisó que es un procedimiento que se aplica a todos los extranjeros, no sólo a estos dos.
FISCALIA
Díaz Aparicio avanzó que se pondrá en contacto esta mañana con la Fiscalía de la Audiencia Nacional para proponer soluciones a la situación de su defendido y del otro presunto pirata, y aseguró estar receptivo a todo lo que le digan.
En cualquier caso, aseguró que la línea de la defensa en este momento parte por solucionar el problema de las familias de los marineros. Preguntado sobre cómo se puede materializar ese objetivo, el letrado manifestó que hay varios caminos legales.
En ese sentido, señaló que, cuando un extranjero está imputado por un delito cuyas penas son inferiores a 16 años, obligatoriamente debe ser expulsado. En este caso, apuntó que el debate podría centrarse en la pena a imponer a los dos arrestados, ya que depende del tipo de detención ilegal que se le impute y, sobre todo, del grado de participación en el delito, porque los dos detenidos en España han tenido una participación absolutamente distinta a la de los piratas que permanecen en el atunero reteniendo a su tripulación.
Según advirtió, no es lo mismo ser un cómplice, que ser el autor del delito y, de esta forma, la pena puede tener un recorrido desde un año hasta 15, que permite un encaje legal, como dijo el juez Bartasar Garzón, con diferentes expectativas.
El letrado reiteró que lo que se propone desde el Estado de un acuerdo de extradición es una solución irreal, porque estamos hablando de un final del problema a muy largo plazo de siete, ocho o nueve meses. No creo que tenga encaje por la vía de la extradición, pero sí por la vía gubernativa de la expulsión, porque queda en manos del Gobierno el llevar a cabo esa expulsión y la Ley prevé un plazo de tres días, insistió.
Por otro lado, el abogado añadió que la expulsión conllevaría también que los dos piratas quedasen en libertad en su país de origen, aunque precisó que es un procedimiento que se aplica a todos los extranjeros, no sólo a estos dos.
FISCALIA
Díaz Aparicio avanzó que se pondrá en contacto esta mañana con la Fiscalía de la Audiencia Nacional para proponer soluciones a la situación de su defendido y del otro presunto pirata, y aseguró estar receptivo a todo lo que le digan.
En cualquier caso, aseguró que la línea de la defensa en este momento parte por solucionar el problema de las familias de los marineros. Preguntado sobre cómo se puede materializar ese objetivo, el letrado manifestó que hay varios caminos legales.
En ese sentido, señaló que, cuando un extranjero está imputado por un delito cuyas penas son inferiores a 16 años, obligatoriamente debe ser expulsado. En este caso, apuntó que el debate podría centrarse en la pena a imponer a los dos arrestados, ya que depende del tipo de detención ilegal que se le impute y, sobre todo, del grado de participación en el delito, porque los dos detenidos en España han tenido una participación absolutamente distinta a la de los piratas que permanecen en el atunero reteniendo a su tripulación.
Según advirtió, no es lo mismo ser un cómplice, que ser el autor del delito y, de esta forma, la pena puede tener un recorrido desde un año hasta 15, que permite un encaje legal, como dijo el juez Bartasar Garzón, con diferentes expectativas.
