Los juzgados gallegos recibieron el año pasado 7.029 denuncias por violencia de género, un 12,3% más que en 2021, cuando se presentaron 6.259. La gran mayoría (5.356) llegaron a los juzgados a través de atestados policiales con denuncia de la víctima, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
De acuerdo con los datos aportados, aumentó también el número de mujeres que aparecen como víctimas, pues entre enero y diciembre se contabilizaron 6.926, frente a las 6.219 de 2021, lo que supone una subida del 11,4 %.
La tasa de violencia de género (mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres) en Galicia se situó en 49,6, la segunda más baja del Estado, cuya media fue de 72,9, por detrás de Castilla y León (46,8).
Los distintos órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) dictaron el año en procesos de violencia de género 2.161 sentencias, de las cuales 1.775, es decir, el 82%, fueron condenatorias.
Según los datos estadísticos hechos públicos hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Galicia descendieron un 25,5% los casos de víctimas que se acogieron a la dispensa para no declarar. En 2022 optaron por esta opción 351 mujeres, frente a las 471 que lo hicieron en 2021. Además, el año pasado se solicitaron ante los juzgados de violencia sobre la mujer 1.882 órdenes y medidas de protección de la víctima, un 5,5% más que en 2021, cuando se demandaron 1.784. De ellas, fueron acordadas 1.267 (el 67,3%). En los juzgados de guardia sin competencia en violencia sobre la mujer se solicitaron 463 órdenes de protección, de las que se acordaron 301.
En 2022 los juzgados de menores enjuiciaron a doce personas por delitos relacionados con violencia sobre la mujer, de los cuales nueve casos finalizaron con imposición de medidas.
Los datos relativos a las medidas civiles dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer para proteger a los hijos de las víctimas, que reflejan las modificaciones legales introducidas en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia, reflejan que entre enero y diciembre se adoptaron 144 medidas. Las mismas consistieron en la suspensión del régimen de visitas, más del doble que en 2021, cuando se adoptaron 70.
