Los juzgados gallegos registraron hasta septiembre de este año 1.366 procedimientos de desalojo de viviendas, locales o fincas, llamados popularmente desahucios, un 7 por ciento menos que en el mismo período del año anterior. Sin embargo, el número de ejecuciones hipotecarias (procedimiento en el que se exige el pago de una deuda garantizada mediante hipoteca que puede acabar en un desalojo o lanzamiento), aumentó en el mismo periodo un 29,9 por ciento respeto a 2011, al haberse registrado 2.004 procedimientos, por 1.543 del año anterior.
En el conjunto de España, los desahucios presentados en los juzgados hasta septiembre ascendieron a 49.702, el récord desde que se difunden estos datos y un 15,9% más que los registrados en el mismo periodo de 2011. En lo que va de 2012, ya se ha superado la cifra de desalojos de todo el ejercicio 2010, cuando se contabilizaron 47.809, según la estadística sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales que elabora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El número de desalojos presentados en el tercer trimestre aumentó también un 15,9 % frente al mismo período de 2011, aunque cayó respecto a los tres meses precedentes, al pasar de 18.668 a 12.610.
La crisis económica y el elevado desempleo están llevando a muchas familias y empresas a afrontar procesos de ejecución hipotecaria, que en muchos casos acaban con la pérdida de viviendas al no poder hacer frente al pago de sus deudas. Para paliar el impacto de los desalojos, el Gobierno ha aprobado un decreto que paraliza dos años los casos que afectan a colectivos sociales vulnerables que se está tramitando como proyecto de ley en el Congreso para incluir iniciativas de los grupos parlamentarios.
La oposición, los consumidores y afectados y el sector judicial han criticado la norma aprobada por el Ejecutivo y han puesto en duda su eficacia debido a la gran cantidad de requisitos económicos y sociales que deben reunir los beneficiarios.
En cuanto a las ejecuciones hipotecarias (procedimiento en el que se exige el pago de una deuda garantizada mediante hipoteca que puede acabar en un desalojo o lanzamiento), entre enero y septiembre pasados los juzgados recibieron 67.537 expedientes, el 18,3 % más que un año antes. En el tercer trimestre se registraron 19.324 ejecuciones, un 30 % más que el año pasado, y, al igual que en el caso de los lanzamientos, se redujeron sobre el periodo julio-septiembre (19.324 frente a 23.421).
VALENCIA, A LA CABEZA
La autonomía en la que más desalojos se produjeron en los nueve primeros meses del año fue la Comunidad Valenciana, con 12.464, lo que supone un incremento del 23,2% sobre 2011, seguida de Andalucía, con 9.920 casos, lo que representa el 36,7 % más. A continuación se situó la Comunidad de Madrid, que registró un 8,6 % más de desalojos, hasta 7.761, y Cataluña, que con 4.727 desalojos registró un descenso del 4,3%.
En términos porcentuales, las comunidades donde más crecieron fueron Murcia, que pasó de 584 a 865 desalojos, un 48,1 % más; la ya mencionada Andalucía; Asturias, que aumentó el 36,6% al pasar de 1.100 a 1.500, y Extremadura, que registró un incremento del 31,4%, 402 frente a 306 casos.
Los datos recopilados por el CGPJ sobre lanzamientos o desalojos contabilizan procesos de cambios de propiedad en inmuebles, voluntarios o forzosos, pero no tienen en cuenta si se trata de fincas rústicas o urbanas ni si son o no viviendas. El pasado 7 de diciembre el Gobierno aprobó un real decreto que establece que el Instituto Nacional de Estadística (INE) debe publicar trimestralmente datos pormenorizados de los desalojos en España, con el fin de conocer si afecta a una familia en su primera vivienda o no.
El número de desalojos presentados en el tercer trimestre aumentó también un 15,9 % frente al mismo período de 2011, aunque cayó respecto a los tres meses precedentes, al pasar de 18.668 a 12.610.
La crisis económica y el elevado desempleo están llevando a muchas familias y empresas a afrontar procesos de ejecución hipotecaria, que en muchos casos acaban con la pérdida de viviendas al no poder hacer frente al pago de sus deudas. Para paliar el impacto de los desalojos, el Gobierno ha aprobado un decreto que paraliza dos años los casos que afectan a colectivos sociales vulnerables que se está tramitando como proyecto de ley en el Congreso para incluir iniciativas de los grupos parlamentarios.
La oposición, los consumidores y afectados y el sector judicial han criticado la norma aprobada por el Ejecutivo y han puesto en duda su eficacia debido a la gran cantidad de requisitos económicos y sociales que deben reunir los beneficiarios.
En cuanto a las ejecuciones hipotecarias (procedimiento en el que se exige el pago de una deuda garantizada mediante hipoteca que puede acabar en un desalojo o lanzamiento), entre enero y septiembre pasados los juzgados recibieron 67.537 expedientes, el 18,3 % más que un año antes. En el tercer trimestre se registraron 19.324 ejecuciones, un 30 % más que el año pasado, y, al igual que en el caso de los lanzamientos, se redujeron sobre el periodo julio-septiembre (19.324 frente a 23.421).
VALENCIA, A LA CABEZA
La autonomía en la que más desalojos se produjeron en los nueve primeros meses del año fue la Comunidad Valenciana, con 12.464, lo que supone un incremento del 23,2% sobre 2011, seguida de Andalucía, con 9.920 casos, lo que representa el 36,7 % más. A continuación se situó la Comunidad de Madrid, que registró un 8,6 % más de desalojos, hasta 7.761, y Cataluña, que con 4.727 desalojos registró un descenso del 4,3%.
En términos porcentuales, las comunidades donde más crecieron fueron Murcia, que pasó de 584 a 865 desalojos, un 48,1 % más; la ya mencionada Andalucía; Asturias, que aumentó el 36,6% al pasar de 1.100 a 1.500, y Extremadura, que registró un incremento del 31,4%, 402 frente a 306 casos.
Los datos recopilados por el CGPJ sobre lanzamientos o desalojos contabilizan procesos de cambios de propiedad en inmuebles, voluntarios o forzosos, pero no tienen en cuenta si se trata de fincas rústicas o urbanas ni si son o no viviendas. El pasado 7 de diciembre el Gobierno aprobó un real decreto que establece que el Instituto Nacional de Estadística (INE) debe publicar trimestralmente datos pormenorizados de los desalojos en España, con el fin de conocer si afecta a una familia en su primera vivienda o no.
