La jueza entiende que "sobre los inversores pesaba la diligencia de comprobación de los datos proporcionados"
La titular del juzgado de instancia número 5 de A Coruña desestimó la demanda de siete inversores gallegos que perdieron 20 millones de euros invertidos en NCG Banco.
La magistrada Pedreira García dictó ayer una sentencia, en la que considera que los siete inversores del primero de los procesos judiciales no tienen razón en sus reclamaciones. Se trata de Inversiones Gallegas del Cable, con 4.016.815,19 euros; la ourensana Coren, con 301.261,57 euros; Inversiones Subel, con 5.021.018,74 euros; Concable Inversiones, con 502.102,28 euros; Río Breiro, con 3.012.611,65 euros; Hijos de Rivera, con 4.016.815,19 euros; y la constructora ourensana Copasa, con 3.012.611,65 euros.
Todos juntos suman en torno a veinte millones de euros aportados en 2012 y posteriormente perdidos de una manera similar a lo que sucedió con otros inversores que, en cambio, han podido recuperar sus cantidades. Estos fueron Gadisa en una demanda y, en otra, Inveravante, Metalships, Ranebé 2003, Santiago Rey Fernández-Latorre y José Luis Vázquez Mariño.
A estos, el juzgado de instancia número 1 les dio la razón hace pocas semanas, pues condenó al FROB a devolver el dinero al considerar que existió mala fe y que no se les dio toda la información necesaria para conocer los riesgos de la inversión.
En este caso, en cambio, la jueza entiende que "sobre los inversores pesaba la diligencia de comprobación de los datos proporcionados por la entidad que vendía sus acciones y que la falta de esta diligencia no puede llevar consigo ni la nulidad del negocio ni tampoco su rescisión".
La magistrada opina que siete entidades de tal calado tenían los medios suficientes y la obligación de comprobar qué producto ofrecían NCG y FROB.
