El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) está promoviendo que los emigrantes españoles se dirijan al Defensor del Pueblo para que recurra ante el Tribunal Constitucional la nueva Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que restringe sus derechos de voto, según informó el presidente del órgano, Francisco Ruiz Vázquez.
El Consejo, un órgano consultivo que está adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración, considera especialmente grave que la nueva ley prive a los emigrantes de votar en las elecciones municipales, pero también que les obligue a solicitar la documentación de voto (el llamado voto rogado) para participar en las autonómicas y generales.
Según el CGEE, la reforma choca con el artículo 14 de la Constitución -que establece la igualdad de todos los españoles-, pero también el 9 y el 23 (sobre el derecho a la participación política) y, de manera muy concreta, el 68, según el cual la ley debe reconocer y el Estado 'facilitar' el derecho de sufragio a los españoles que viven en el exterior.
No obstante, este Consejo no puede recurrir directamente ante el Constitucional, ni tampoco pedir amparo ante el Defensor del Pueblo -que sí tiene competencias para ir al alto tribunal-, según le confirmó al propio órgano la Abogacía del Estado en un informe recibido el pasado 16 de febrero.
Por ello, han optado por pedir a los emigrantes que escriban a la Defensora del Pueblo en funciones a título individual, ya que todo ciudadano puede hacerlo y, además, el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior señala expresamente que los emigrantes pueden hacerlo 'en las mismas condiciones que los residentes en España'.
Según el CGEE, la reforma choca con el artículo 14 de la Constitución -que establece la igualdad de todos los españoles-, pero también el 9 y el 23 (sobre el derecho a la participación política) y, de manera muy concreta, el 68, según el cual la ley debe reconocer y el Estado 'facilitar' el derecho de sufragio a los españoles que viven en el exterior.
No obstante, este Consejo no puede recurrir directamente ante el Constitucional, ni tampoco pedir amparo ante el Defensor del Pueblo -que sí tiene competencias para ir al alto tribunal-, según le confirmó al propio órgano la Abogacía del Estado en un informe recibido el pasado 16 de febrero.
Por ello, han optado por pedir a los emigrantes que escriban a la Defensora del Pueblo en funciones a título individual, ya que todo ciudadano puede hacerlo y, además, el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior señala expresamente que los emigrantes pueden hacerlo 'en las mismas condiciones que los residentes en España'.
