El ex-alcalde del municipio pontevedrés de A Guarda, José Luis Alonso Riego (PP), reconoció en la Audiencia Provincial de Pontevedra que justificó con facturas obras no realizadas para no perder la subvención concedida.
Alonso Riego se enfrenta a una petición de condena de cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación por justificar, mediante facturas falsas, la ejecución de unas obras para las que recibió subvenciones.
Durante el juicio celebrado hoy en la Audiencia Provincial de Pontevedra Alonso Riego reconoció que en 2005, siendo alcalde de A Guarda, solicitó y recibió sendas subvenciones de la Xunta y la Diputación por valor, respectivamente, de 13.000 y 10.000 euros, para realizar obras municipales.
Según explicó, se trataba básicamente de obras de adecentamiento del Ayuntamiento, porque se encontraba en un estado lamentable y próximamente iba a celebrarse un hermanamiento con la República Dominicana.
Alonso Riego reconoció también que estaba al corriente de que, para no perder esas subvenciones, las obras tenían que realizarse dentro de un determinado plazo. Por eso solicitó a las empresas adjudicatarias de los trabajos que facturasen la obra y, un día antes del vencimiento del plazo, justificó los trabajos pese a que no se habían realizado.
HABIA MUCHO TRABAJO
Las obras estaban iniciadas, insistió el alcalde, pero admitió que no estaban rematadas debido a que no se pudieron empezar a tiempo porque, contrariamente a lo que pasa ahora, en aquel momento en la construcción había mucho trabajo.
Pese a su insistencia en que las obras estaban avanzadas, el Arquitecto Técnico Municipal, a requerimiento de la Interventora, aseguró que en el momento de remitir las facturas a la Xunta y la Diputación no estaban ni iniciadas.
FACTURAS IMPAGADAS
Su informe fue lo que desencadenó la denuncia judicial a cargo del actual alcalde de A Guarda, el socialista José Manuel Domínguez Freitas, quien hoy aseguró que el dinero de las subvenciones está en el Ayuntamiento, pero las facturas siguen sin pagarse.
La Fiscalía acusó también de falsedad documental al entonces concejal de Cultura, Celso Rodríguez Fariñas, que dio el visto bueno a las facturas, pese a saber que en aquel momento los trabajos no se habían realizado, y pidió para él cuatro años de prisión y tres de inhabilitación.
Durante el juicio celebrado hoy en la Audiencia Provincial de Pontevedra Alonso Riego reconoció que en 2005, siendo alcalde de A Guarda, solicitó y recibió sendas subvenciones de la Xunta y la Diputación por valor, respectivamente, de 13.000 y 10.000 euros, para realizar obras municipales.
Según explicó, se trataba básicamente de obras de adecentamiento del Ayuntamiento, porque se encontraba en un estado lamentable y próximamente iba a celebrarse un hermanamiento con la República Dominicana.
Alonso Riego reconoció también que estaba al corriente de que, para no perder esas subvenciones, las obras tenían que realizarse dentro de un determinado plazo. Por eso solicitó a las empresas adjudicatarias de los trabajos que facturasen la obra y, un día antes del vencimiento del plazo, justificó los trabajos pese a que no se habían realizado.
HABIA MUCHO TRABAJO
Las obras estaban iniciadas, insistió el alcalde, pero admitió que no estaban rematadas debido a que no se pudieron empezar a tiempo porque, contrariamente a lo que pasa ahora, en aquel momento en la construcción había mucho trabajo.
Pese a su insistencia en que las obras estaban avanzadas, el Arquitecto Técnico Municipal, a requerimiento de la Interventora, aseguró que en el momento de remitir las facturas a la Xunta y la Diputación no estaban ni iniciadas.
FACTURAS IMPAGADAS
Su informe fue lo que desencadenó la denuncia judicial a cargo del actual alcalde de A Guarda, el socialista José Manuel Domínguez Freitas, quien hoy aseguró que el dinero de las subvenciones está en el Ayuntamiento, pero las facturas siguen sin pagarse.
La Fiscalía acusó también de falsedad documental al entonces concejal de Cultura, Celso Rodríguez Fariñas, que dio el visto bueno a las facturas, pese a saber que en aquel momento los trabajos no se habían realizado, y pidió para él cuatro años de prisión y tres de inhabilitación.
