Alas 24 horas de tomar posesión como presidente de la Xunta el próximo día 1, Alberto Núñez Feijóo tiene la firme intención de nombrar al equipo que lo acompañará durante su mandato. Aunque se prevé que los cambios en los titulares de las consellerías sean mínimos, lo cierto es que el líder del PP tendría muchos motivos para mover ficha y eso que lleva razón cuando afirma que se puede hacer más con menos: Feijóo ha conseguido en estas elecciones más diputados con peores datos económicos y menos votos.
A pesar de comprometerse a terminar con el desempleo, las políticas económicas no han tenido cuando menos los resultados prometidos. Cuando Feijóo ganó las elecciones en marzo de 2009, en Galicia había 162.700 parados, según la Encuesta de Población Activa (EPA). En junio de 2012, esta estadística oficial indicó que el numero de personas sin empleo se elevaba a 275.900.
Hay más de 13.500 autónomos menos desde que Feijóo llegó al poder; más de 11.000 puestos de trabajo perdidos en la agricultura; 31.500 personas menos ocupadas en la industria; más de 34.000 puestos de trabajo perdidos en la construcción y unos 36.000 en el sector servicios y casi 2.000 personas menos en las afiliaciones en el régimen especial del mar.
Los datos son diáfanos, pero también dos de los grandes ejes de la campaña electoral que catapultaron al PP a la Xunta de Galicia en marzo de 2009, como la anulación del concurso eólico aprobado por el bipartido y el llamado decreto del plurilingüismo, se han estrellado contra las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Los dos conselleiros que promulgaron esas normas, Javier Guerra, titular de Economía e Industria, y Jesús Vázquez, titular antes de Educación y en la última parte de legislatura también de Cultura, podrían repetir en sus respectivos departamentos a pesar de que tanto en agosto de este año como en estos días se reclamó la petición de dimisión o cese del primero y que ahora no siga el segundo en el cargo por parte de las fuerzas políticas de la oposición.
Han sido dos palos severos a la política económica y a la educativa, una de las piedras angulares que sustenta la identidad de Galicia, cuyo principal patrimonio es el gallego. En julio de 2012 el TSXG declaró ilegal la suspensión del reparto eólico aprobado por el Gobierno bipartito. Los 2.325 megavatios que se habían adjudicado hubiesen provocado una inversión de 5.000 millones y miles de puestos de trabajo. La Xunta podría tener que indemnizar a las empresas perjudicas. A pesar del nuevo reparto del PP, las empresas eólicas ahora beneficiadas también están empezando a hacer las maletas por la política del Gobierno central hacia las energías renovables y todavía se esperan los 12.000 empleos prometidos por Feijóo.
En cuanto a la lengua, el Tribunal Superior ha sido claro al anular la consulta a los padres y el artículo que permitía a los alumnos utilizar el idioma oficial que quieran. La próxima Xunta pretende mantener la consulta a pesar de desposeerla del carácter vinculante. Feijóo creó un problema frente a un Manuel Fraga, su antecesor en el PPdeG, que había conseguido la 'pax lingüística'. En cada una de las consellerías también abundan las razones para que Feijóo esta vez haga una alineación solvente.
Hay más de 13.500 autónomos menos desde que Feijóo llegó al poder; más de 11.000 puestos de trabajo perdidos en la agricultura; 31.500 personas menos ocupadas en la industria; más de 34.000 puestos de trabajo perdidos en la construcción y unos 36.000 en el sector servicios y casi 2.000 personas menos en las afiliaciones en el régimen especial del mar.
Los datos son diáfanos, pero también dos de los grandes ejes de la campaña electoral que catapultaron al PP a la Xunta de Galicia en marzo de 2009, como la anulación del concurso eólico aprobado por el bipartido y el llamado decreto del plurilingüismo, se han estrellado contra las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Los dos conselleiros que promulgaron esas normas, Javier Guerra, titular de Economía e Industria, y Jesús Vázquez, titular antes de Educación y en la última parte de legislatura también de Cultura, podrían repetir en sus respectivos departamentos a pesar de que tanto en agosto de este año como en estos días se reclamó la petición de dimisión o cese del primero y que ahora no siga el segundo en el cargo por parte de las fuerzas políticas de la oposición.
Han sido dos palos severos a la política económica y a la educativa, una de las piedras angulares que sustenta la identidad de Galicia, cuyo principal patrimonio es el gallego. En julio de 2012 el TSXG declaró ilegal la suspensión del reparto eólico aprobado por el Gobierno bipartito. Los 2.325 megavatios que se habían adjudicado hubiesen provocado una inversión de 5.000 millones y miles de puestos de trabajo. La Xunta podría tener que indemnizar a las empresas perjudicas. A pesar del nuevo reparto del PP, las empresas eólicas ahora beneficiadas también están empezando a hacer las maletas por la política del Gobierno central hacia las energías renovables y todavía se esperan los 12.000 empleos prometidos por Feijóo.
En cuanto a la lengua, el Tribunal Superior ha sido claro al anular la consulta a los padres y el artículo que permitía a los alumnos utilizar el idioma oficial que quieran. La próxima Xunta pretende mantener la consulta a pesar de desposeerla del carácter vinculante. Feijóo creó un problema frente a un Manuel Fraga, su antecesor en el PPdeG, que había conseguido la 'pax lingüística'. En cada una de las consellerías también abundan las razones para que Feijóo esta vez haga una alineación solvente.
