El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "ilegal" el proyecto de ley contra el fraude fiscal que aprobó ayer el Congreso porque "atenta" contra el autogobierno de Galicia y contra el Derecho Civil gallego, al eliminar las ventajas fiscales asociadas a las herencias en vida.
En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, ha mostrado su sorpresa porque supone establecer "una presunción general de fraude" y es además "una subida de impuestos".
Ha reprochado que con esta "vulneración" del autogobierno de Galicia por parte del Gobierno central ya "llueve sobre mojado" y ha alertado de que "será una ley ilegal, en el caso de que se apruebe" porque atenta contra la normativa básica autonómica y supone una presunción de fraude que no está acreditada "por ningún dato".
"Se entiende que un padre o una madre que deja un piso o una cantidad económica si ese piso o cantidad se entrega o se vende antes de que fallezca el padre o la madre es un fraude, sin embargo si se vende el piso después de que muera no hay fraude", ha apuntado Núñez Feijóo, algo que le "sorprende" porque "nadie vende un piso porque le guste sino porque lo cree necesario".
Castigo
Además, ha apuntado que unos 142.000 gallegos recibieron en vida una parte de su herencia y la nueva normativa contra el fraude fiscal lo que va a hacer es perjudicar a este colectivo "sobre todo jóvenes", que ahora van a tener que pagar impuestos al recibir una herencia en vida, lo que supone "castigar" a quien más lo necesita.
"Lamento mucho esta falta de respeto al autogobierno y el Derecho Civil gallego", ha concluido Núñez Feijóo, quien ha dicho que por parte del Ejecutivo autonómico no lo pueden "aceptar".
Por otra parte, ha lamentado que en las negociaciones sobre la ley de salud de Galicia, que el Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional por lo que parte de sus preceptos están suspendidos, "todo se habla pero nada se concreta" y ha puesto en cuestión si la Abogacía del Estado tiene "autorización para avanzar", como sí la tiene la Asesoría Jurídica de la Xunta.
A su juicio, "está claro que no es una ley ideológica" cuando el Gobierno balear la utiliza "como referencia" para legislar sobre la misma materia, pero a través de un decreto, y ha reprochado al Gobierno que, de momento, parece que "no tiene ganas de solucionar" esta cuestión.
