El presidente gallego la considera fundamental, Sanidad la niega sin debate y las Comunidades dudan sobre su legalidad
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, subrayó ayer una vez más que es necesario abrir el “debate con criterios clínicos y sanitarios” sobre la posibilidad de obligar a vacunarse a los profesionales sanitarios. “Es muy difícil convencer a una persona de que se vacune si la persona que la va a vacunar no quiere vacunarse. Los sanitarios tienen una responsabilidad adicional, ya que son las autoridades directas o delegadas de la salud pública en un país”, remarcaba el presidente gallego desde Ferrol.
Feijóo dijo que “es imprescindible seguir las normas de seguridad e higiene en el trabajo”, como hacen trabajadores de la construcción o trabajadores del mar. “En el ámbito de la sanidad entiendo que debe ser obligatoria la vacunación para poder tratar a pacientes y poder cuidar a esos pacientes”, agregó. Si alguien quiere ejercer de sanitario, insistió, “es necesario que esté protegido para que su trabajo no conlleve un riesgo a la persona que está atendiendo”. “En el caso de que no quiera vacunarse, no puede trabajar en ese ámbito”, zanjaba el presidente gallego.
Por su parte, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también defendió ayer en Santiago la vacunación de los trabajadores sanitarios y a quienes se ocupan del cuidado de mayores o de otras personas vulnerables e incidió en la necesidad de una “legislación nacional” para coordinar determinados aspectos. En este sentido, recordó que la Xunta intentó a través de una normativa gallega abordar cuestiones relativas a la vacunación pero que topó con el rechazo del Gobierno estatal. “Nosotros lo intentamos pero no conformes con que lo hiciéramos tampoco lo hacen ellos”, reprochó Alfonso Rueda, que entiende que “no hay ninguna razón negativa a no coordinar temas que habría que hacer a través de una legislación nacional”.
Rechazo desde Madrid
El Ministerio de Sanidad rechaza por su parte imponer la vacunación a sanitarios y sociosanitarios no solo porque en España no es obligatoria sino porque va contra la estrategia que considera las comunidades se han comprometido a cumplir, aunque estudia con ellas realizar traslados forzosos o dos PCR semanales a los que no quieran hacerlo.
Estas son algunas de las medidas en las que está trabajando la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, órgano dependiente de la Comisión de Salud Pública para frenar la transmisión tanto en residencias de mayores como en otros centros residenciales de personas altamente vulnerables. La ponencia coincide en la necesidad de extremar el cumplimiento de los protocolos vigentes y las medidas de precaución, y analiza añadir otras nuevas como la realización de dos pruebas diagnósticas a la semana a los trabajadores que no quieran vacunarse o incluso el cambio forzoso de su puesto para que no estén en contacto con los residentes. Sin embargo, como señalaban ayer nuevamente fuentes de Sanidad, la vacunación en España no es obligatoria; aunque no consta el número de profesionales que lo ha rechazado, la realidad es que respondieron en masa a la llamada que se les hizo a principios de año para ser inmunizados con los más vulnerables, sin que apenas se estén detectando brotes en hospitales.
Revilla: “Si no hay ley, que se haga. ¿No hay una ley que nos obliga a pagar impuestos?”
Son varias ya las Comunidades que insisten en la necesidad de imponer la vacuna a los sanitarios: siendo la más firme partidaria Galicia, como ya ha expresado ya en reiteradas ocasiones el presidente autonómico, que considera fundamental abrir el debate sobre esa obligatoriedad.
El viceconsejero de Salud Pública de Madrid, Antonio Zapatero, consideraba ayer por su parte que esa es una cuestión legal que no pretende cambiar, porque en España la vacunación “no es obligatoria”, pero desde el punto de vista profesional, “como médico”, ha opinado que debería ser obligatoria para estos profesionales.
El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, aseguró también ayer que “no existe ningún instrumento jurídico” que permita establecer la vacuna obligatoria, por lo que “lo único” que puede hacer el Ejecutivo de Iñigo Urkullu es pedir un mayor número de dosis para llegar a más población y “convencer” a los ciudadanos que no se han vacunado para que lo hagan.
Por su parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se muestra partidario de obligar a la ciudadanía a vacunarse contra el covid por ley, al igual que asegura existe la “obligación de pagar impuestos”. Según ha advertido, cuando se anunció que el pasado 1 de junio terminaba el estado de alarma, él mismo ya solicitó que se otorgaran instrumentos jurídicos a las comunidades para “tomar medidas con cierta seguridad”. “La respuesta que hemos escuchado es que tenemos suficientes competencias, pero no es verdad”, lamentó Revilla.
“Si no hay una ley, que se haga. ¿No hay una ley que obliga a pagar impuestos? En un tema como este, con que haya un 5% de negacionistas no es lógico que puedan poner en riesgo a los demás y anden por ahí contagiando”, ha reprobado, para añadir que obligar a vacunar supone “un principio de solidaridad”. En lo que respecta a la tercera dosis de la vacuna, ha apostado por esperar a que todo el mundo tenga la pauta completa.
