El juicio contra tres trabajadores de la química Brenntag por el incendio y posterior vertido al río Umia de su planta en Caldas de Reis terminó ayer con las conclusiones de las partes y con el reconocimiento del fiscal de que un posible vacío normativo podría suponer la absolución de los encausados. El fiscal mantuvo la acusación de cuatro meses y 15 días de prisión, seis de multa y nueve de inhabilitación para dos operarios que descargaban tolueno de un camión cisterna a un contenedor el 1 de septiembre de 2006, cuando se produjo el incendio y el posterior vertido tóxico, y la encargada de seguridad de la compañía.
Sin embargo, señaló que la interpretación restrictiva de un precepto de la normativa sobre seguridad implicaría que la acusación fundamental, que apunta a que no se instalaron las pinzas en los contenedores para evitar que la electricidad estática causase el primer chispazo, no era exigible en el caso de Brenntag. 'No entendemos ese vacío normativo', explicó, y señaló que en tal caso cualquier incendio provocado por esa causa en una planta química quedaría libre de responsabilidades penales.
También admitió que ni siquiera se determinó con precisión en los testimonios de los peritos que la causa de la chispa fuese la electricidad estática, y que correspondería al juez decidir si era necesario aplicar el principio de decidir a favor del acusado en caso de duda.
El abogado de la Xunta, que cerró un acuerdo extrajudicial con la aseguradora de Brenntag para cobrar 5,5 millones en vez de los 9,6 que reclamaba inicialmente, señaló que 'no tiene sentido' que los requisitos de seguridad 'se exijan para vertidos tóxicos y no para los inflamables', como defendieron los abogados de los tres imputados en esta causa.
También admitió que ni siquiera se determinó con precisión en los testimonios de los peritos que la causa de la chispa fuese la electricidad estática, y que correspondería al juez decidir si era necesario aplicar el principio de decidir a favor del acusado en caso de duda.
El abogado de la Xunta, que cerró un acuerdo extrajudicial con la aseguradora de Brenntag para cobrar 5,5 millones en vez de los 9,6 que reclamaba inicialmente, señaló que 'no tiene sentido' que los requisitos de seguridad 'se exijan para vertidos tóxicos y no para los inflamables', como defendieron los abogados de los tres imputados en esta causa.
