Dos funcionarias acusan a Urgal de presionarlas por licencias urbanísticas

El fiscal pide 2 años para el exalcalde de Gondomar

Martínez Torea, Urgal y Lis, en el banquillo de los acusados. (Foto: SALVADOR SAS)
La exsecretaria municipal y la técnico de administración general del Ayuntamiento pontevedrés de Gondomar empezaron a recibir 'presiones' para informar a favor de expedientes de obras, algunos acumulados desde 2000, a los pocos meses de que Martín Urgal accediera a la alcaldía y Alfonso de Lis ejerciera como concejal de Urbanismo.
Así lo relataron ayer las dos funcionarias denunciantes en el juicio por un supuesto caso de prevaricación continuada contra Urgal -que se acogió a su derecho a no declarar-, De Lis y el abogado José Martínez Torea, contratado como asesor jurídico externo días después de que éstas fueran apartadas de sus funciones.

La Fiscalía pide para los tres encausados dos años de prisión, ocho de inhabilitación y 22.500 euros de multa, en base a la citada resolución, a la contratación del asesor externo y a la posterior adjudicación de 'un número elevado' de licencias, concretamente 38, sin el preceptivo informe jurídico municipal. La técnico de administración general, que sigue desempeñando esa labor en la actualidad, refirió varias 'llamadas al despacho' de De Lis en las que le preguntó por qué no informaba favorablemente respecto a los expedientes, aunque el exregidor, dijo, también 'puso reparos' a su labor.

Asimismo, indicó que cogieron de su mesa algunos expedientes, aunque no sabe 'quién ni con qué intención', y que también se sacaron algunos documentos de la carpeta de firma del alcalde, algo que ratificó una auxiliar administrativo llamada también como testigo.

La exsecretaria -cesó el pasado abril tras sacarse plaza en otro destino- reveló que Urgal le llegó a reprochar que estaba 'entorpeciendo y ralentizando' la actividad urbanística en Gondomar y que se enteró a través del correo de la corporación de que Martínez Torea estaba realizando 'contrainformes' a los suyos. El exconcejal de Urbanismo Alfonso de Lis apostilló que ambas funcionarias no fueron apartadas literalmente de sus funciones pese a que participó en la elaboración de un decreto en tal sentido y cuya redacción, admitió, 'posiblemente no fue la más afortunada'.

También dijo que estas dos funcionarias no fueron objeto de ningún expediente sancionador pese a que, en su opinión, 'habría sido lo más razonable' en vista de su 'negativa' a informar sobre los expedientes solicitados 'en base a la normativa vigente', pero el alcalde no era partidario de esa medida.

Martínez Torea, por su parte, dijo que si aceptó asesorar al Ayuntamiento de Gondomar fue porque le pidió ese 'favor' De Lis.

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