Los forenses, ante un posible caso de agresión, realizan una exploración física detallada, analizan el estado mental y recogen un relato de los hechos. Hacen análisis de sangre y orina, pero no existe un protocolo de actuación para detectar la sumisión química. Psicólogos y forenses demandan exámenes toxicológicos en el laboratorio, donde pueden detectar la presencia de sustancias peligrosas en el cabello hasta varios meses después de consumidas. No siempre la denuncia es inmediata y muchas víctimas ocultan los hechos por miedo a que nadie las crea.
Hoy en día, cuando una mujer que ha sido víctima de una agresión sexual acude a Urgencias, los médicos que la atienden se ponen en contacto con el forense de guardia y el realiza los análisis estipulados, explica Chus Díaz Anca, psicóloga clínica del Centro de Orientación Familiar de A Coruña. Lo que pretendemos es que el protocolo existente se amplíe e incluya análisis toxicológicos para poder detectar casos de sumisión química.
Muchas víctimas no se acuerdan o dudan ante lo que les ha ocurrido. Un análisis toxicológico puede aportar luz y despejar parte de la nebulosa que cubre la memoria de la supuesta agredida. La dificultad para detectar sustancias en el organismo transcurridos más de dos días convierte en fundamental la inclusión de esas analíticas en el protocolo de atención a las víctimas. El Centro de Orientación Familiar de A Coruña, el Servicio de Toxicología de la Universidad de Galicia y el Instituto de Medicina Legal de Galicia hacen frente común para hacer un diagnóstico acertado de la sumisión química en España. En Estados Unidos y en varios países de la Unión Europea comenzaron a estudiar estos casos hace casi una década y han detectado un incremento desde el 2000.
Aquí vamos con retraso, pero también podemos realizar esos estudios. Angelines Cruz Landeira, doctora en Medicina e investigadora del Laboratorio de Toxicología de la USC asegura que el de Santiago es el único centro de Galicia que cuenta con los medios necesarios para realizar los análisis necesarios. Pasadas unas horas las muestras de sangre no son válidas y a los dos días también desaparecen los restos de la orina, por lo que sólo las pruebas de cabello pueden ser acertadas para detectar esas drogas.
La sumisión química implica la administración de sustancias psicoactivas a una persona sin su conocimiento para cometer un delito, habitualmente una agresión sexual. La mujer se ve inca paz de oponer resistencia, ni física ni psíquica, porque en ocasiones incluso puede perder la consciencia. Muchas de esas mujeres violadas habían consumido alcohol y no recuerdan si habían sido consentidas las relaciones sexuales. Están indefensas y confusas. No se atreven y, cuando lo hacen tardan días en denunciar. Es necesario informar y dar a conocer la posibilidad de que se produzcan estas situaciones, explica Manuel López-Rivadulla. Los investigadores ya los conocemos, pero ahora queremos ampliar la cadena e implicar a los servicios de urgencias, los médicos forenses y a los psicólogos de los centros de orientación familiar para que todos sepamos como actuar en estos casos.
La formación de todos los profesionales que atienden a víctimas de abusos sexuales va a ser clave para que el futuro podamos aplicar un protocolo de actuación similar al que ya tienen en otros países como Francia, Estados Unidos o Canadá, añade Chus Díaz Anca.
El protocolo francés, por ejemplo, establece cuales son los pasos a seguir cuando se sospecha que una persona ha sido drogada contra su voluntad. Los médicos y psicólogos del servicio de urgencias realizan un examen clínico y analíticas biológicas (sangre, orina y, si es posible, cabello), al tiempo que la interrogan. Se recogen pruebas de aquellos lugares susceptibles de haber contenido la droga y en un mes se tomarán muestras de cabello, que no se habrá cortado ni teñido en ese tiempo. Los análisis se harán por duplicado por si se requieren como prueba judicial y las muestras se trasladan al laboratorio para buscar las sustancias previamente determinadas; los resultados se transmiten a la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria.
Muchas víctimas no se acuerdan o dudan ante lo que les ha ocurrido. Un análisis toxicológico puede aportar luz y despejar parte de la nebulosa que cubre la memoria de la supuesta agredida. La dificultad para detectar sustancias en el organismo transcurridos más de dos días convierte en fundamental la inclusión de esas analíticas en el protocolo de atención a las víctimas. El Centro de Orientación Familiar de A Coruña, el Servicio de Toxicología de la Universidad de Galicia y el Instituto de Medicina Legal de Galicia hacen frente común para hacer un diagnóstico acertado de la sumisión química en España. En Estados Unidos y en varios países de la Unión Europea comenzaron a estudiar estos casos hace casi una década y han detectado un incremento desde el 2000.
Aquí vamos con retraso, pero también podemos realizar esos estudios. Angelines Cruz Landeira, doctora en Medicina e investigadora del Laboratorio de Toxicología de la USC asegura que el de Santiago es el único centro de Galicia que cuenta con los medios necesarios para realizar los análisis necesarios. Pasadas unas horas las muestras de sangre no son válidas y a los dos días también desaparecen los restos de la orina, por lo que sólo las pruebas de cabello pueden ser acertadas para detectar esas drogas.
La sumisión química implica la administración de sustancias psicoactivas a una persona sin su conocimiento para cometer un delito, habitualmente una agresión sexual. La mujer se ve inca paz de oponer resistencia, ni física ni psíquica, porque en ocasiones incluso puede perder la consciencia. Muchas de esas mujeres violadas habían consumido alcohol y no recuerdan si habían sido consentidas las relaciones sexuales. Están indefensas y confusas. No se atreven y, cuando lo hacen tardan días en denunciar. Es necesario informar y dar a conocer la posibilidad de que se produzcan estas situaciones, explica Manuel López-Rivadulla. Los investigadores ya los conocemos, pero ahora queremos ampliar la cadena e implicar a los servicios de urgencias, los médicos forenses y a los psicólogos de los centros de orientación familiar para que todos sepamos como actuar en estos casos.
La formación de todos los profesionales que atienden a víctimas de abusos sexuales va a ser clave para que el futuro podamos aplicar un protocolo de actuación similar al que ya tienen en otros países como Francia, Estados Unidos o Canadá, añade Chus Díaz Anca.
El protocolo francés, por ejemplo, establece cuales son los pasos a seguir cuando se sospecha que una persona ha sido drogada contra su voluntad. Los médicos y psicólogos del servicio de urgencias realizan un examen clínico y analíticas biológicas (sangre, orina y, si es posible, cabello), al tiempo que la interrogan. Se recogen pruebas de aquellos lugares susceptibles de haber contenido la droga y en un mes se tomarán muestras de cabello, que no se habrá cortado ni teñido en ese tiempo. Los análisis se harán por duplicado por si se requieren como prueba judicial y las muestras se trasladan al laboratorio para buscar las sustancias previamente determinadas; los resultados se transmiten a la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria.
