Las funcionarias aseguraron que a las madres que daban a sus hijos en adopción se les daba información y se les explicaban los posibles recursos que tenían para sacar a sus hijos adelante
Las cuatro funcionarias que acudieron a declarar este jueves a los juzgados de Lugo, en el marco de la denominada 'Operación Bebé' y en la que se investigan las circunstancias de adopciones de once mujeres en situación de vulnerabilidad, han negado haber recibido presiones ni regalos o cuantías económicas a cambio de lograr que las mujeres se desprendiesen de sus hijos.
Según fuentes jurídicas consultadas , las declaraciones de las cuatro mujeres investigadas que fueron citadas, se extendieron a lo largo de la mañana de esta jornada de este jueves y, durante sus intervenciones y, ante las preguntas formuladas, negaron haber recibido ninguna compensación.
Además, aseguraron que a las madres que daban a sus hijos en adopción se les daba información y se les explicaban los posibles recursos que tenían para sacar a sus hijos adelante, lo cual, según las mismas fuentes, fue desmentido por las personas denunciantes.
Entre las explicaciones dadas, se encuentra también que en Galicia existen cinco listas de adopciones, una por cada capital de provincia y en la que se encuentran los mayores de 12 meses, y una central en Santiago, para los menores de un año. Una de las cuestiones que se investigan tiene relación con el régimen de entregas de los niños.
Este viernes está llamada a declarar la entonces madre superiora del Hogar Madre Encarnación en los juzgados de Lugo, a partir de las 9,45 horas, junto con otras dos funcionarias.
OPERACIÓN BEBÉ
Los hechos, que se extienden hasta 2011, tienen como protagonistas a 11 madres en situaciones de vulnerabilidad, malos tratos, problemas económicos o prostitución que sufrieron la retirada de la custodia de sus hijos, algunos de ellos bebés, en contra de su voluntad, según sostienen estas mujeres, y siguiendo trámites supuestamente irregulares.
Entre personas que han declarado se encuentran miembros del personal del servicio de menores de la Xunta, trabajadores del Hospital de Burela e integrantes del Hogar Madre Encarnación, al que fueron destinados los menores.
En el año 2010, el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo abrió una instrucción a raíz de una denuncia interpuesta por un grupo de abogadas del turno de oficio sobre madres con dificultades y en la que se alertaba de que habían sido obligadas a renunciar a sus bebés y darlos en adopción con presiones y engaños.
Además, en el marco de la 'Operación Carioca', que se centró en una red de prostitución y corrupción que operaba en Lugo, la jueza Pilar de Lara recabó también relatos de prostitutas que denunciaban este mismo tipo de hechos ocurridos en las mismas instituciones, por lo que dedujo testimonio de este 'hallazgo casual' y remitió las declaraciones a la 'Operación Bebé' por si pudiesen ser de ayuda.
En el extenso sumario de la causa, se recogen los casos de 11 madres que aseguran haber sido víctimas de una red articulada para retirarles la custodia de sus hijos, en su mayor parte niños recién nacidos y "sanos".
Como elemento común están las madres, originarias de ambientes sociales deprimidos o marginales, con escasos recursos, relaciones inestables y problemas familiares. Algunas de las madres tienen reconocido algún grado de minusvalía y en la mayor parte de los casos habían sido víctimas de violencia machista, familiar o sexual.
CONTRADICCIONES
Uno de los casos más paradigmáticos corresponde al de una mujer argelina que dio a luz a su hija en el Hospital de Burela y que, según argumentó su defensa, fue inducida a firmar los papeles de adopción engañada, dado que no conocía el idioma. En la documentación de la trabajadora social se recoge, de hecho, que la mujer no hablaba ni entendía correctamente el castellano, aunque considera que había entendido la trascendencia de la decisión de dar en adopción a su hija.
Sin embargo, en su declaración, asistida por una intérprete, la mujer alegó que pensó que estaba firmando documentos para que su hija recibiese asistencia médica en el hospital, porque le habían transmitido que estaba enferma. La niña fue trasladada pocos días después del alta de la madre a un hogar de tutela de la Xunta y, en pocos días, dada a una familia de acogida. Cuando la madre trató de reclamar su custodia, los servicios sociales determinaron que no era "idónea" para cuidar a la niña y la acusaron de "abandono" de la menor durante sus primeros meses.
En el sumario se recoge, asimismo, el testimonio relativo a dos mujeres que ejercían la prostitución en Galicia y que denuncian haber cedido la custodia de sus hijos recién nacidos por "presiones" por parte de mafias o personal de los centros médicos y de Menores.
También se incluye la documentación relativa al caso de una mujer a la que, tras serle retirada la custodia de sus cuatro hijos, le fueron restituidos los dos mayores --uno de ellos con minusvalía--, mientras que los bebés fueron entregados a familias de acogida con contratos de preadopción alegando que la mujer no disponía de aptitudes para cuidarlos.
COINCIDENCIAS
En los casos referidos a bebés, los documentos de denuncia de las madres coinciden en que en el hospital no les permitieron desde el primer momento estar con sus hijos, que se encontraban en estancias separadas y "aisladas", a las que tenían que desplazarse si querían verlos --algunas de ellas después de sufrir una cesárea--.
También coinciden en los casos las protestas de padres y familiares cercanos, que en su mayoría denuncian que no se les consultó la cesión de la tutela. Informes oficiales sobre los malos cuidados a los que las madres sometían a sus hijos y su poca "aptitud" para criarlos se contradicen con otros, sobre los mismos menores, que apuntan a que acudían con normalidad y buen aspecto a colegio y médico.
Entre la documentación sumarial figura la declaración de un celador que presenció la forma en la que una de las madres era "vigilada las 24 horas" en su habitación tras dar a luz. El profesional declaró ante el juez que, según había escuchado a compañeros, se habían producido otros casos similares con anterioridad y que la mujer se encontraba "drogada" en el momento de firmar los papeles de la adopción. "No sabía lo que hacía, habría firmado la muerte de Carrero Blanco", recoge el celador.
