El Parlamento autonómico ha aprobado , con el rechazo del PP, la primera ley de ordenación de la minería en el contexto de todo el Estado desde 1973 y de una autonomía, tal y como destacó hoy el conselleiro de Industria, Fernando Blanco, departamento impulsor de esta normativa.
El conselleiro de Innovación e Industria, Fernando Blanco, ha destacado en el pleno que esta Ley permitirá la regularización de buena parte de las minas que están fuera de control y fuera de la legalidad en lo que se refiere a cuestiones ambientales, paisajísticas, culturales y urbanísticas.
La ley afectará en Galicia a unas 300 explotaciones mineras que se encuentran sin regular y que forman parte de un sector estratégico que significa entre el 2 y el 3 por ciento del PIB de la Comunidad.
El texto aprobado hoy establece, además, la creación del Consello de Minería, del Registro minero y del Instituto Geolóxico de Galicia, así como la figura de los municipios mineros, que son aquellos que tienen una especial vinculación con las actividades mineras.
El titular de Industria ha destacado que la ley permite la compatibilidad y la la puesta en valor y la ordenación del territorio, con políticas que corrigen las consecuencias de las actividades mineras en los municipios, ya que a pesar de que el sector recibe críticas, a veces merecidas, genera más de 15.000 empleos y las exportaciones en 2007 fueron de 47 millones de euros.
El diputado del PP Angel Bernardo Tahoces ha criticado que el texto legal sufre un trastorno bipolar, ya que al tiempo que define la actividad minera como estratégica, también la demoniza y la prohíbe en gran parte del territorio.
Según el diputado del PPdeG, si la Ley es mínimamente aceptable es gracias a las enmiendas de su partido que aprobaron los grupos que apoyan al Gobierno.
Bernardo Tahoces ha defendido que en el área geográfica que colisione el derecho minero con otro de interés público y viceversa prevalezca el más antiguo, como sucede en alguna explotación por la que quieren que pase un tren, señaló en referencia a la mina de Serrabal y al paso del AVE por esta explotación.
Manuel Gallego Lomba (PSdeG) recriminó al PPdeG que hubiese llegado a un consenso en los asuntos más importantes de la Ley y que, sin embargo, rechacen apoyar la normativa por una cuestión de confrontación política.
El diputado del BNG Fernando Blanco Parga destacó la valentía del conselleiro para poner en marcha esta Ley, la primera en el conjunto del Estado, sobre minas, ya que la actual estatal es de 1973.
Tanto Blanco como Gallego reprocharon a Tahoces la situación alegal de gran parte de las minas en Galicia, ya que, a su juicio, fue la entrada en vigor de la conocida como Ley del Suelo, 9/2002, la que colocó en esa situación a la mayoría de las minas gallegas.
El diputado del PPdeG indicó que su grupo sólo apoyará iniciativas que alimenten a Galicia y no iniciativas con la finalidad de distraer a Galicia.
Por otra parte, el Parlamento gallego aprobó, por unanimidad, el proyecto de ley del Consello Gallego de Relaciones Laborales, que tendrá una organización bipartita y paritaria entre empresas y sindicatos, lo que en palabras del conselleiro de Trabajo, Ricardo Varela, le proporcionará autonomía plena, ya que la Administración no tutela, sino que coordina.
La ley afectará en Galicia a unas 300 explotaciones mineras que se encuentran sin regular y que forman parte de un sector estratégico que significa entre el 2 y el 3 por ciento del PIB de la Comunidad.
El texto aprobado hoy establece, además, la creación del Consello de Minería, del Registro minero y del Instituto Geolóxico de Galicia, así como la figura de los municipios mineros, que son aquellos que tienen una especial vinculación con las actividades mineras.
El titular de Industria ha destacado que la ley permite la compatibilidad y la la puesta en valor y la ordenación del territorio, con políticas que corrigen las consecuencias de las actividades mineras en los municipios, ya que a pesar de que el sector recibe críticas, a veces merecidas, genera más de 15.000 empleos y las exportaciones en 2007 fueron de 47 millones de euros.
El diputado del PP Angel Bernardo Tahoces ha criticado que el texto legal sufre un trastorno bipolar, ya que al tiempo que define la actividad minera como estratégica, también la demoniza y la prohíbe en gran parte del territorio.
Según el diputado del PPdeG, si la Ley es mínimamente aceptable es gracias a las enmiendas de su partido que aprobaron los grupos que apoyan al Gobierno.
Bernardo Tahoces ha defendido que en el área geográfica que colisione el derecho minero con otro de interés público y viceversa prevalezca el más antiguo, como sucede en alguna explotación por la que quieren que pase un tren, señaló en referencia a la mina de Serrabal y al paso del AVE por esta explotación.
Manuel Gallego Lomba (PSdeG) recriminó al PPdeG que hubiese llegado a un consenso en los asuntos más importantes de la Ley y que, sin embargo, rechacen apoyar la normativa por una cuestión de confrontación política.
El diputado del BNG Fernando Blanco Parga destacó la valentía del conselleiro para poner en marcha esta Ley, la primera en el conjunto del Estado, sobre minas, ya que la actual estatal es de 1973.
Tanto Blanco como Gallego reprocharon a Tahoces la situación alegal de gran parte de las minas en Galicia, ya que, a su juicio, fue la entrada en vigor de la conocida como Ley del Suelo, 9/2002, la que colocó en esa situación a la mayoría de las minas gallegas.
El diputado del PPdeG indicó que su grupo sólo apoyará iniciativas que alimenten a Galicia y no iniciativas con la finalidad de distraer a Galicia.
Por otra parte, el Parlamento gallego aprobó, por unanimidad, el proyecto de ley del Consello Gallego de Relaciones Laborales, que tendrá una organización bipartita y paritaria entre empresas y sindicatos, lo que en palabras del conselleiro de Trabajo, Ricardo Varela, le proporcionará autonomía plena, ya que la Administración no tutela, sino que coordina.
