El fiscal de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, defiende la validez de utilizar cámaras de videovigilancia en los montes de Galicia para facilitar la lucha contra el fuego, pero pide 'dimensionar el problema', pues su propuesta se ciñe a 'seguimientos' y 'lugares concretos' en los que las fuerzas y cuerpos de seguridad detectan sospechosos de provocar incendios, según destacó.
Así, 'que haya una red de cámaras por todos los montes gallegos que identifiquen a los culpables' entiende que es 'una hipótesis no razonable'. 'No podemos intentar llenar de cámaras todo el campo', admite. 'Otra cosa', dice, es la detección de incendios: para eso 'sí que hay instrumentos avanzados, incluso satélite', indica.
En el plano de la extinción, el fiscal evita enjuiciar las decisiones de la Consellería de Medio Rural en materia de contratación de medios humanos -ante posibles recortes- o en la gestión de los mismos -como la reciente privatización de las brigadas helitransportadas-. La Administración 'tiene muy claro' que debe extinguir 'de la mejor manera posible'. 'Y si después las cosas no funcionan como ellos creen que debe funcionar, serán sometidos a una crítica social', advierte.
MÁS ACTIVADOS QUE OTROS AÑOS
A un mes de que se inicie la campaña de alto riesgo en los montes gallegos, llama la atención sobre el factor meteorológico, ya que, en pleno mes de junio, 'parece que el problema de los incendios no existe'. 'Es el problema que tienen, que sólo nos acordamos de ellos cuando la gran crisis incendiaria salta', proclama.
En este sentido, afirma estar, como comunidad, 'más activados que otros años', debido a las olas de fuegos del pasado octubre y de febrero y marzo de 2012. 'Estamos preparándonos, de alguna manera, para estar ahí', asegura. Y hace hincapié en el 'trabajo bien hecho' y con 'continuidad' de Policía y Guardia Civil, que tienen 'un efecto preventivo importantísimo' más allá de las estadísticas de detenciones.
La 'mayoría' de los detenidos lo son por escapes de quemas debido a negligencias, a lo que se impone una pena 'proporcionada'. Sin embargo, para el incendiario doloso existe una carencia en el apartado de las pruebas.
'No es que no sean sospechosos, es que el proceso penal y la garantía de nuestra Estado de Derecho impide que nos acusen simplemente con un dedo y nos manden a prisión. Hay que tener pruebas sólidas', explica. Frente a esto, fija dos retos para la Justicia: la de 'trabajar más y mejor' para ser capaz de sentar a los incendiarios 'antes' ante los tribunales, con pruebas con 'la mayor solidez posible'; y la de 'ganar' la confianza de los ciudadanos, ya que 'no es lo mismo tener un testigo que tener dos, tres, cuatro o cinco'.
En el plano de la extinción, el fiscal evita enjuiciar las decisiones de la Consellería de Medio Rural en materia de contratación de medios humanos -ante posibles recortes- o en la gestión de los mismos -como la reciente privatización de las brigadas helitransportadas-. La Administración 'tiene muy claro' que debe extinguir 'de la mejor manera posible'. 'Y si después las cosas no funcionan como ellos creen que debe funcionar, serán sometidos a una crítica social', advierte.
MÁS ACTIVADOS QUE OTROS AÑOS
A un mes de que se inicie la campaña de alto riesgo en los montes gallegos, llama la atención sobre el factor meteorológico, ya que, en pleno mes de junio, 'parece que el problema de los incendios no existe'. 'Es el problema que tienen, que sólo nos acordamos de ellos cuando la gran crisis incendiaria salta', proclama.
En este sentido, afirma estar, como comunidad, 'más activados que otros años', debido a las olas de fuegos del pasado octubre y de febrero y marzo de 2012. 'Estamos preparándonos, de alguna manera, para estar ahí', asegura. Y hace hincapié en el 'trabajo bien hecho' y con 'continuidad' de Policía y Guardia Civil, que tienen 'un efecto preventivo importantísimo' más allá de las estadísticas de detenciones.
La 'mayoría' de los detenidos lo son por escapes de quemas debido a negligencias, a lo que se impone una pena 'proporcionada'. Sin embargo, para el incendiario doloso existe una carencia en el apartado de las pruebas.
'No es que no sean sospechosos, es que el proceso penal y la garantía de nuestra Estado de Derecho impide que nos acusen simplemente con un dedo y nos manden a prisión. Hay que tener pruebas sólidas', explica. Frente a esto, fija dos retos para la Justicia: la de 'trabajar más y mejor' para ser capaz de sentar a los incendiarios 'antes' ante los tribunales, con pruebas con 'la mayor solidez posible'; y la de 'ganar' la confianza de los ciudadanos, ya que 'no es lo mismo tener un testigo que tener dos, tres, cuatro o cinco'.
