El Gobierno español está estudiando por la vía diplomática la posibilidad de extraditar a los piratas del Alakrana que se encuentran detenidos en España bien para que sean juzgados en Somalia, o bien para que cumplan su condena en ese país una vez juzgados por la Audiencia Nacional.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, recordó a los periodistas desplazados a Sopot (Polonia) para cubrir la cumbre hispano-polaca, que no existe convenio de extradición con Somalia y explicó que se estudia el modo de encajar jurídicamente una hipotética entrega de los piratas, condición de los secuestradores del Alakrana para la liberación de la tripulación.
Lo que sí está claro, subrayó, es que los detenidos deben ser juzgados y que el hipotético convenio debe cumplir con todos los requisitos del Estado de derecho, con lo que si los piratas son enviados a Somalia los jueces españoles deberían estar en condiciones de supervisar el juicio que se celebre en ese país.
VALORACIÓN DE GARZÓN
Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón mostró este lunes su apoyo a los marineros del 'Alakrana' y a sus familias ante una 'grave' situación para la que, en su opinión, existen medidas legales que permitan llegar a una solución 'compatibilizando los principios de la protección de las víctimas y de la persecución del delito' y, en cualquier caso, sin ceder a presión alguna por parte de los piratas.
A preguntas de los periodistas en Jaén, donde fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad jiennense, el magistrado consideró que tanto la Armada como el Gobierno no se precipitaron y tomaron la decisión 'correcta' en el momento de la detención de los dos piratas somalíes, mientras que la Justicia 'también hizo que lo que debía'. Así, recordó que fue el abogado del Estado el que presentó la denuncia en el Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional que él ocupaba por la sustitución de un compañero.
De esta forma, consideró que existen medios legales para solucionar el conflicto, que, además, debe contar con 'una gran dosis de responsabilidad de todos los que tienen parte en el asunto'. 'No creo que los jueces se vayan a dejar presionar por ninguna circunstancia. No deben hacerlo, tiene que actuar conforme a la legalidad, pero esa legalidad permite muchas opciones', subrayó.
En este sentido, recalcó que en los casos de privación de libertad la posición de la Administración de Justicia y de los poderes públicos 'siempre es tremenda', puesto que 'son sensibles a la situación de las víctimas y también tienen que atender a la persecución del delito'.
El magistrado añadió que el procedimiento continúa y puede concluir desde la celebración del juicio al sobreseimiento si no hubiera pruebas suficientes. 'Las alternativas son muchas pero ninguna pasa porque alguien tome una decisión que sea ceder a una presión. No puede hacerse. Sería tremendo. Es tremenda la situación, pero también sería terrible que se tomara a alguna decisión de este tipo', aseguró.
En cualquier caso, insistió en que no va a decir una sola palabra que contradiga a las víctimas y sus familiares, ya que 'tienen todo el derecho a decir, a criticar e, incluso a acusar de incompetencia, si se quiere, a todos aquellos que han intervenido o puedan intervenir' en el conflicto del 'Alakrana'.
Lo que sí está claro, subrayó, es que los detenidos deben ser juzgados y que el hipotético convenio debe cumplir con todos los requisitos del Estado de derecho, con lo que si los piratas son enviados a Somalia los jueces españoles deberían estar en condiciones de supervisar el juicio que se celebre en ese país.
VALORACIÓN DE GARZÓN
Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón mostró este lunes su apoyo a los marineros del 'Alakrana' y a sus familias ante una 'grave' situación para la que, en su opinión, existen medidas legales que permitan llegar a una solución 'compatibilizando los principios de la protección de las víctimas y de la persecución del delito' y, en cualquier caso, sin ceder a presión alguna por parte de los piratas.
A preguntas de los periodistas en Jaén, donde fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad jiennense, el magistrado consideró que tanto la Armada como el Gobierno no se precipitaron y tomaron la decisión 'correcta' en el momento de la detención de los dos piratas somalíes, mientras que la Justicia 'también hizo que lo que debía'. Así, recordó que fue el abogado del Estado el que presentó la denuncia en el Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional que él ocupaba por la sustitución de un compañero.
De esta forma, consideró que existen medios legales para solucionar el conflicto, que, además, debe contar con 'una gran dosis de responsabilidad de todos los que tienen parte en el asunto'. 'No creo que los jueces se vayan a dejar presionar por ninguna circunstancia. No deben hacerlo, tiene que actuar conforme a la legalidad, pero esa legalidad permite muchas opciones', subrayó.
En este sentido, recalcó que en los casos de privación de libertad la posición de la Administración de Justicia y de los poderes públicos 'siempre es tremenda', puesto que 'son sensibles a la situación de las víctimas y también tienen que atender a la persecución del delito'.
El magistrado añadió que el procedimiento continúa y puede concluir desde la celebración del juicio al sobreseimiento si no hubiera pruebas suficientes. 'Las alternativas son muchas pero ninguna pasa porque alguien tome una decisión que sea ceder a una presión. No puede hacerse. Sería tremendo. Es tremenda la situación, pero también sería terrible que se tomara a alguna decisión de este tipo', aseguró.
En cualquier caso, insistió en que no va a decir una sola palabra que contradiga a las víctimas y sus familiares, ya que 'tienen todo el derecho a decir, a criticar e, incluso a acusar de incompetencia, si se quiere, a todos aquellos que han intervenido o puedan intervenir' en el conflicto del 'Alakrana'.
