La Agencia Tributaria informó al magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano que no consta en sus archivos que el exministro José Blanco ni otros imputados en la Operación Campeón tengan ningún expediente 'ni abierto ni ya cerrado' en relación con operaciones realizadas con billetes de 500 euros. Así consta en un documento remitido al magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo, que investiga a Blanco en relación a una supuesta la trama de obtención fraudulenta de ayudas públicas.
El escrito obedece a una petición realizada por este magistrado para conocer si el exministro y otros imputados en la causa, como son el empresario Antonio Orozco o el primo político de Blanco, Antonio Espiñeira, habrían realizado ingresos o reintegros de efectivo con billetes de 500 euros. Además, en otra providencia con fecha de 17 de enero, el magistrado requiere a la UDEF para que le remita 'con la mayor urgencia', el original de un informe de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) después de que el magistrado lo requiriera para conocer los antecedentes de más de cuarenta empresas y una veintena de personas relacionadas con la Operación Campeón.
El magistrado también solicita un segundo informe de la Agencia Tributaria 'sin perjuicio de que prosigan con su copia a su estudio' como indicaban en sendos oficios remitidos al juez los pasados 14 de noviembre y 7 de diciembre.
Por otra parte, la defensa de Blanco solicitó a Soriano que 'expulse' de la causa el resultado de determinadas investigaciones de la UDEF después de que el alto tribunal certificara que esta unidad policial no contaba con el mandato del magistrado para realizarlas.
El magistrado también solicita un segundo informe de la Agencia Tributaria 'sin perjuicio de que prosigan con su copia a su estudio' como indicaban en sendos oficios remitidos al juez los pasados 14 de noviembre y 7 de diciembre.
Por otra parte, la defensa de Blanco solicitó a Soriano que 'expulse' de la causa el resultado de determinadas investigaciones de la UDEF después de que el alto tribunal certificara que esta unidad policial no contaba con el mandato del magistrado para realizarlas.
