Los investigadores de la Guardia Civil hacen constar que los informes podrían referirse a José Clemente López Orozco y Francisco Fernández Liñares
Un informe elaborado por la Guardia Civil con respecto a la documentación intervenida al empresario asturiano José Luis Álvarez vuelve a implicar al exalcalde de Lugo, José López Orozco, y al que fuera edil de Economía y Urbanismo, Francisco Fernández Liñares, en el supuesto cobro de pagos irregulares con cargo a la empresa concesionaria de la grúa municipal.
Es información que se desprende de otro informe elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Lugo, que se ha incorporado a la causa de la Operación Pokemon, en relación con la documentación intervenida a José Luis Álvarez, tanto en su empresa como en su domicilio, en Asturias.
Un informe al que EFE ha tenido acceso y en el que la Guardia Civil hace un análisis de la documentación intervenida en relación con supuestas irregularidades en el concurso para adjudicar el servicio de grúa municipal por parte del Ayuntamiento de Lugo a la empresa Cechalva, así como las facturas falsas y la existencia de una presunta caja B en esa sociedad.
Entre esas presuntas irregularidades se hace referencia a posibles faltas en las mejoras contempladas en el contrato, en los medios humanos, el depósito de vehículos, en los locales e incluso en el consumo de combustible, hasta el punto de que se habla de un sobrecoste del servicio superior a los 247.000 euros para el Ayuntamiento del que se beneficiaría la empresa concesionaria.
También analiza la existencia de supuestos pagos al entonces alcalde de Lugo, José López Orozco, y a otros miembros de la corporación municipal, como el que fuera concejal de Urbanismo, Francisco Fernández Liñares, uno de los principales imputados en la trama lucense de la Pokemon.
Entre la documentación intervenida, los investigadores hacen mención expresa a una carpetilla en cuyo interior hay "cuatro folios" con el "encabezamiento" de "Historia de la Grúa Municipal de Lugo", donde se hace mención a que los "políticos implicados" en la concesión de este servicio a Cechalva eran "el alcalde señor Orozco y el teniente alcalde y concejal de Economía, señor Liñares".
De acuerdo con ese documento, "hubo un acuerdo" mediante el cual los socios de la empresa se comprometían, cuando el Ayuntamiento de Lugo hubiese adjudicado el servicio, "a pagar 2.000 euros mensuales" al "alcalde" y al "teniente alcalde", a razón de "1.000 euros para cada uno".
Los investigadores de la Guardia Civil hacen constar en su informe que, "según esas anotaciones", aquellos pagos mensuales que aparecen en la contabilidad B de la empresa bajo la referencia "Pago Alcalde y Pago X" podrían referirse "al que fuera alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco", así como que el entonces teniente de alcalde, Francisco Fernández Liñares, también "estaría incluido en dicha anotación".
En otro documento intervenido, Álvarez señala que fueron Javier Reguera y Manuel Santiso los que se presentaron en Oviedo y les dijeron a los socios asturianos de Cechalva que se encargarían "de hacer que el Concello" le concediese el contrato a esta empresa.
En esa reunión, "quisieron dejar bien claro dos cosas", añade, que "para conseguir la concesión había que dar 2.000 euros mensuales al alcalde" y que Reguera "en ningún momento podía figurar en nada".
Se da la circunstancia de que el exalcalde de Lugo ya intentó querellarse en su momento por injurias y calumnias contra José Luis Álvarez, al considerar que es el único que asegura en la causa que "dice que le dijeron" que el regidor local pudo haber cobrado sobornos por la concesión de la grúa municipal.
Finalmente, esa querella no fue adelante porque la posibilidad de interponerla fue desestimada por la jueza instructora, Pilar de Lara, en primera instancia, y después por la Audiencia Provincial, tras la apelación formulada por los abogados de López Orozco.
