El juez Luis Aláez, investigador del accidente de el Alvia de Angrois, seguirá en el juzgado que instruye el caso del tren siniestrado, pese a haber obtenido la plaza para el Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago, tal y como había solicitado previamente.
En un comunicado, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informa de que ha acordado el traslado de Aláez al Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago de Compostela, si bien el magistrado permanecerá en el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital gallega hasta que tome posesión el nuevo titular que sea destinado a ese órgano judicial.
Precisamente fue el propio magistrado quien comunicó hace días por escrito al Consejo su disposición a mantenerse en el Juzgado que ocupa actualmente, y por tanto a continuar con la investigación del accidente de tren hasta que pueda ser sustituido por otro titular.
De esta forma, el juez responsable de la citada investigación podrá seguir avanzando en la instrucción del caso antes de abandonar el juzgado, que vio el pasado enero como el CGPJ prorrogó por seis meses las medidas de refuerzo para atender el incremento de trabajo del Juzgado derivado de la instrucción del caso Alvia.
Por otra parte, la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha desestimado el recurso de varios integrantes de la asociación de perjudicados por el accidente del Alvia contra el nombramiento de dos peritos de la Xunta en el caso que investiga el siniestro ferroviario de Angrois.
El auto estima "racionalmente adecuado y dotado de base normativa bastante el criterio de confiar a técnicos procedentes de dicha administración la elaboración del informe pericial, ante el factor sobrevenido de la magnitud de los honorarios previstos para la elaboración de los informes por profesionales privados".
Añade que "si las partes ven riesgo de parcialidad o falta de objetividad de los peritos, cuentan con el instrumento de la recusación para hacerlo valer, sin que exista -por lo que cabe vislumbrar- en el proceso implicación penal o civil de la administración autonómica que permita presumir o anticipar tal riesgo con el nombramiento de las personas designadas en la resolución judicial, permitiendo además la posibilidad legal de designación de peritos por las partes".
