SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATACIONES

La “Operación" Patos desemboca en la imputación de ocho políticos

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photo_camera Bravo Bosch, Rafael Louzán, Abel Caballero , Alonso Pais, Ángel Rivas, Davis Regades, José Álvarez, Isaura Abelaira.

La jueza cita a 50 personas, entre ellas a Abel Caballero, Louzán, María José Bravo, Regades, Rivas, Abelairas y Figueroa

La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, que dirige la llamada “Operación Patos”  por presuntas irregularidades en la concesión de adjudicación de contratos públicos notificó ayer la imputación de un total de 50 personas en la causa, entre los que se encuentran las cinco que fueron detenidas en febrero de 2014 y ocho políticos del área de Vigo.
Se mantienen, por tanto los cargos contra los principales investigados en la causa,  el ex concejal de Nigrán, José Álvarez Valverde; los empresarios de Eiriña Enrique Alonso Pais y Jaime Manuel Alvariñas así como los de Cespa Juan Ramón Alonso y Alfonso Clemente . Éste último no obstante, quedaría en manos de los juzgados de Santiago, tras el traslado de piezas de la investigación. 


La decisión judicial se tomó mediante dos autos diferentes, uno en el que se acuerda la creación de una pieza separada, que será instruida en el mismo juzgado, sobre los hechos investigados en Nigrán y en el que se imputa a 16 personas y otro más, relativo a la pieza principal, centrada en Vigo, en el que se considera que la causa debe continuar contra otras 34, entre políticos, funcionarios y empresarios.


Coincide la jueza en su mayoría con el informe fiscal, si bien descarta de la lista de imputados a tres personas, el ex alcalde de Nigrán, Alberto Valverde; el secretario del Concello, Julio César Doallo; y la presidenta de la Asociación de Vecinos Pedra Moura, María Teresa Otero  Comesaña. Además, establece en 600 euros el límite  de la cuantía económica de los regalos que podrían aceptarse como obsequios. Por la causa judicial, en la que se investigan los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho tendrán que pasar a declarar asistidos por letrado el medio centenar de personas imputadas.


De la delegación de la Xunta en Vigo, la jueza notificó la imputación de la delegada María José Bravo Bosch, quien tendrá que responder por las supuestas irregularidades en la concesión de un curso de formación, una recolocación laboral, los contratos de obra del Meixoeiro, Vilagarcía y Panxón y la adjudicación de obras menores a Idmaco y Arlindo Rodríguez Sousa, así como en relación con obras en el Consorcio del Casco Vello y la presunta intermediación a favor de Eiriña en contratos de la Diputación Provincial. Junta a ella declararán otras nueve personas, cuatro funcionarios y cinco empresarios.


Respecto a la Diputación de Pontevedra, la titular de Instrucción 7 coincide con el criterio del fiscal en citar al ex presidente Rafael Louzán por las presuntas irregularidades en los contratos del campo de fútbol de Moraña, Coia y Coruxo, los abastecimientos y el saneamiento de Nigrán, el de Olveira, el puente sobre el regato Caldeirón en la Estrada, las aceras en Mosteiro, Meis, la reforma del centro social de la Asociación de Pena Moura, el acondicionamiento del área deportiva de Chans y del adro de la capilla de Bembrive, así como la pavimentación de varios caminos. Louzán también será interrogado por la recepción de regalos. Junto a él, el ex vicepresidente de la Diputación, José Manuel Figueroa por su presunta intervención en la concesión del campo de fútbol de Coia y por aceptar obsequios de Eiriña que superarían los 600 euros establecidos. Completarían la lista otras nueve personas, tres  de ellas funcionarios y el resto empresarios .

En el Concello de Vigo, la imputación se extiende, tal y como solicitaba el fiscal al concejal de Parques y Jardines, Ángel Rivas. En la investigación policial se le vincula a supuestas irregularidades en la ampliación del contrato de mantenimiento de jardines, la concesión de obras menores a terceras empresas por influencia de Alonso Pais, la colocación de personal y realización por la empresa Cespa de pagos que corresponderían al Concello, como el pago de viajes de personal municipal, así como  la aceptación personal de regalos.


También se incluyen al alcalde de Vigo, Abel Caballero y a la concejala Isaura Abelairas, aunque tal y como ya especificaba el fiscal su participación en esta presunta trama se ciñe únicamente al capítulo de los regalos de Navidad. En concreto en el caso del alcalde por la recepción de un reloj valorado en 1.750 euros y una pluma de 1.500, mientras que Isaura Abelairas, por recibir supuestamente un colgante y unos pendientes de plata  y un bolígrafo.
Otro concejal, el de Fomento, David Regades, ha sido imputado ante los indicios que ponen en sospecha  su actuación en la adjudicación de las obras del entorno de la iglesia de Zamáns, calle Nicaragua, centro de interpretación de Vigo y la Ría, regato Vilaverde, humanización de las calles Ferreirós e Hispanidad, aparcamiento de Navia, reparación de márgenes en la Bagunda y la recepción de regalos.


En la lista de imputados que se refiere al Concello están otros tres funcionarios, el técnico del área de Parques y Jardines, el coordinador de Fomento y el Ingeniero municipal.
En la Autoridad Portuaria, las imputaciones van en exclusiva para un técnico por la ampliación del puesto de control anexo al escáner de contenedores y dos empresarios. El Puerto aún no decidió qué hacer. Aún no hay fecha para declarar.

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