El juez Luis Aláez, que instruye la causa por el accidente de tren ocurrido el 24 de julio en Santiago, emitió ayer un auto en el que da 10 días de plazo a Adif para que aporte los informes requeridos en un escrito del 13 de noviembre, sobre los motivos que llevaron a modificar la normativa de seguridad en zonas de cambio brusco de velocidad temporal. Asimismo, pide información sobre siete descarrilamientos ocurridos desde 2006 en España, investigados por el administrador.
En su auto de noviembre, Aláez había reclamado a Adif que incorporase a la causa los informes, análisis de incidentes, accidentes y evaluaciones de riesgo que llevaron en 1997 a dictar una norma de ampliación de señales Asfa en zonas de reducción temporal drástica de la velocidad, recogido en el Manual de Circulación.
Lo que pretendía el juez con esta información era conocer 'cuáles fueron los factores que llevaron a la conclusión de la previsibilidad de una actuación incorrecta del maquinista ante una limitación temporal de velocidad', para determinar si esto podría ser aplicable también a esta previsión en el caso de una limitación permanente.
Sin embargo, la información remitida por Adif el 29 de noviembre 'no se acompaña de ningún informe' ni 'estudio', y se refiere únicamente al capítulo 9 del Manual de Circulación. Asimismo, se dice que la información está incluida en el análisis realizado por las Comisiones de Seguridad en la Circulación de Renfe en el año 1990-1991, 'pero no se aporta documentación alguna'.
Por ello, y a petición de la defensa del maquinista, Aláez da a Adif 10 días de plazo para que remita al juzgado la copia de las actas de estas reuniones y cualquier documentación relacionada.
PELIGRO PREVISIBLE
Asimismo, el juez también requiere los informes elaborados por la Comisión Investigadora de Accidentes Ferroviarios a raíz de las investigaciones seguidas por descarrilamientos de trenes en zonas de curva desde 2006 y hasta el día del accidente de Angrois. En su auto, Aláez vuelve a cargar contra Adif señalando que el peligro de un exceso de velocidad en la zona era algo que 'debía ser previsible previamente' al 24 de julio por los responsables de seguridad en la circulación, 'y algo que éstos podían' y 'tenían la obligación de evitar'.
Lo que pretendía el juez con esta información era conocer 'cuáles fueron los factores que llevaron a la conclusión de la previsibilidad de una actuación incorrecta del maquinista ante una limitación temporal de velocidad', para determinar si esto podría ser aplicable también a esta previsión en el caso de una limitación permanente.
Sin embargo, la información remitida por Adif el 29 de noviembre 'no se acompaña de ningún informe' ni 'estudio', y se refiere únicamente al capítulo 9 del Manual de Circulación. Asimismo, se dice que la información está incluida en el análisis realizado por las Comisiones de Seguridad en la Circulación de Renfe en el año 1990-1991, 'pero no se aporta documentación alguna'.
Por ello, y a petición de la defensa del maquinista, Aláez da a Adif 10 días de plazo para que remita al juzgado la copia de las actas de estas reuniones y cualquier documentación relacionada.
PELIGRO PREVISIBLE
Asimismo, el juez también requiere los informes elaborados por la Comisión Investigadora de Accidentes Ferroviarios a raíz de las investigaciones seguidas por descarrilamientos de trenes en zonas de curva desde 2006 y hasta el día del accidente de Angrois. En su auto, Aláez vuelve a cargar contra Adif señalando que el peligro de un exceso de velocidad en la zona era algo que 'debía ser previsible previamente' al 24 de julio por los responsables de seguridad en la circulación, 'y algo que éstos podían' y 'tenían la obligación de evitar'.
