La junta de personal y comité de empresa de la Diputación de Lugo criticaron los medios y formas desproporcionados en la actuación judicial llevada a cabo en la sede del Instituto Lucense de Desarrollo Económico y Social (Inludes) el pasado lunes, durante la que fue detenida la vicepresidenta segunda de la institución provincial, Lara Méndez.
Entendemos absolutamente desproporcionado el medio y las formas empleadas en las actuaciones judiciales, por cuanto consideramos que la detención, retención o, en definitiva, privación de libertad e incomunicación por el periodo aproximado de 8 ó 9 horas para luego tomar unos testimonios durante diez minutos, no guardan proporción ni son necesarios, manifestaron en un comunicado.
Asimismo, apuntaron que tampoco guardan proporción ni son necesarios, sino todo lo contrario, el despliegue de medios policiales y la forma de utilizarlos, en relación a los varios coches de policía y seguimiento de persona por la ciudad, según añadieron, para simplemente llamar a declarar a determinadas personas ante el juzgado, cuando bastaría una simple citación judicial.
En esta línea, recalcaron que todas estas actuaciones y la forma en la que se hicieron sitúan a estas personas en la posición de sospechosos o culpables, vulnerando de facto la presunción de inocencia. Así, consideraron que se podría evitar mediante una actuación más discreta y no por eso menos rigurosa y eficaz.
Con todo, trasladaron su apoyo a las personas afectadas, la vicepresidenta y una técnico de empleo, por las actuaciones absolutamente desproporcionadas y pidieron prudencia y respeto en las valoraciones que se hagan tal y como exige el principio de presunción de inocencia, cuando ni tan siquiera se les imputa delito o cargo alguno hasta la fecha de hoy.
INTIMIDAD
Por su parte, el secretario en Galicia de la Unión Federal de Policía (UFP), Miguel González, pidió que se respete la intimidad de los agentes que custodian detenidos y la de estos, después de las últimas actuaciones judiciales en Lugo, en el Inludes y en el Ayuntamiento de Castro de Rei.
Miguel González respondía así a las críticas lanzadas contra los agentes, en el caso concreto del alcalde de Castro de Rei, que fue trasladado desde la comisaría al juzgado esposado, y por las fotografías que se han tomado durante estos días.
A la policía tampoco se les respeta la intimidad, toda vez que salen en las primeras páginas de los periódicos los compañeros que escoltan a los detenidos, criticó. Para que esto no ocurra propone que los jueces ordenen que no se permita esto en los juzgados, con lo que se evitarían las fotos, que tanto desagradan a una parte como a otra.
González resaltó, además, que en la Comisaría de Lugo se desinfectan los calabozos, después de que alguno de los detenidos se quejara de la presencia de chinches y piojos. Además negó que en las dependencias se trate a la gente como ciudadanos de primera o de segunda.
Todos los que entran ahí lo hacen como detenidos y son todos iguales. No podemos hacer distinción por quien sea la persona, sentenció y sugirió que sería preciso cambiar los protocolos establecidos para este tipo de casos.
Asimismo, apuntaron que tampoco guardan proporción ni son necesarios, sino todo lo contrario, el despliegue de medios policiales y la forma de utilizarlos, en relación a los varios coches de policía y seguimiento de persona por la ciudad, según añadieron, para simplemente llamar a declarar a determinadas personas ante el juzgado, cuando bastaría una simple citación judicial.
En esta línea, recalcaron que todas estas actuaciones y la forma en la que se hicieron sitúan a estas personas en la posición de sospechosos o culpables, vulnerando de facto la presunción de inocencia. Así, consideraron que se podría evitar mediante una actuación más discreta y no por eso menos rigurosa y eficaz.
Con todo, trasladaron su apoyo a las personas afectadas, la vicepresidenta y una técnico de empleo, por las actuaciones absolutamente desproporcionadas y pidieron prudencia y respeto en las valoraciones que se hagan tal y como exige el principio de presunción de inocencia, cuando ni tan siquiera se les imputa delito o cargo alguno hasta la fecha de hoy.
INTIMIDAD
Por su parte, el secretario en Galicia de la Unión Federal de Policía (UFP), Miguel González, pidió que se respete la intimidad de los agentes que custodian detenidos y la de estos, después de las últimas actuaciones judiciales en Lugo, en el Inludes y en el Ayuntamiento de Castro de Rei.
Miguel González respondía así a las críticas lanzadas contra los agentes, en el caso concreto del alcalde de Castro de Rei, que fue trasladado desde la comisaría al juzgado esposado, y por las fotografías que se han tomado durante estos días.
A la policía tampoco se les respeta la intimidad, toda vez que salen en las primeras páginas de los periódicos los compañeros que escoltan a los detenidos, criticó. Para que esto no ocurra propone que los jueces ordenen que no se permita esto en los juzgados, con lo que se evitarían las fotos, que tanto desagradan a una parte como a otra.
González resaltó, además, que en la Comisaría de Lugo se desinfectan los calabozos, después de que alguno de los detenidos se quejara de la presencia de chinches y piojos. Además negó que en las dependencias se trate a la gente como ciudadanos de primera o de segunda.
Todos los que entran ahí lo hacen como detenidos y son todos iguales. No podemos hacer distinción por quien sea la persona, sentenció y sugirió que sería preciso cambiar los protocolos establecidos para este tipo de casos.
