El juzgado de Ourense ha pedido a varios ayuntamientos y mancomunidades de la provincia y a la Diputación de Ourense documentos relacionados con los 104 contratos investigados por su posible irregularidad. Entre ellos, los 'informes de necesidad' que, según el expresidente de la institución, José Luis Baltar, fueron enviados por municipios de la provincia para solicitar la contratación de personal.
En el auto judicial, el juez Leonardo Álvarez Pérez acuerda notificar su petición a una docena de ayuntamientos y dos mancomunidades y otra a la Diputación para que envíe los expedientes correspondientes a las contrataciones ejecutadas con cinco decretos de los días 5, 15 y 29 de enero de 2010, y otros tres decretos de los días 12 de febrero y 17 de marzo del mismo año.
En el mismo escrito en el que el juez actúa de oficio y tiene en cuenta estas dos peticiones de la representación legal del PSOE, también rechaza otras dos: la petición de los presupuestos provinciales utilizados para costear los contratos y la de un certificado sobre la situación laboral actual de los 104 contratados en 2010.
En un escrito anterior, la acusación popular, ejercida por el PSOE, pidió además que se rectifique un error relativo al número de contrataciones, pues la Fiscalía tiene documentación de 105, y no 104, posiblemente irregulares.
INFORMES DE NECESIDAD DE LOS ALCALDES
Los 'informes de necesidad' reclamados ahora por el juzgado aparecen en las declaraciones de los jefes de servicio, que explicaron los que ellos presentaron para pedir contrataciones, y el imputado que se refirió además a los enviados por alcaldes.
En el caso de José Luis Baltar, imputado en esta causa, explicó en el juzgado que esos informes 'los hacían los alcaldes por escrito' tras contactar con él para exponerle sus peticiones de contratados, y aludió a casos concretos como Trasmiras para señalar que esos escritos 'deben estar en la Diputación'.
Baltar también se refirió en sus declaraciones del día 6 de febrero, a las que accedió Europa Press, a otros informes de necesidad estaban planteados siempre 'por escrito' para que quedara constancia, por los jefes de servicio de la Diputación.
Por su parte, el jefe de Recursos Humanos de la Diputación, José Luis Suárez, respondió a preguntas en el juzgado en la mañana del lunes día 25 sobre esos informes de necesidad, enviados al expresidente Baltar y dijo no tener conocimiento de ellos, 'sino sólo de la propuesta directa del presidente para los contratos', en declaraciones a las que tuvo acceso Europa Press.
Añadió que cada expediente para hacer un contrato se compone del informe de necesidad del jefe de servicio de la Diputación, un decreto de nombramiento y el contrato pero él 'nunca' vio informes de necesidad de ayuntamientos sino 'solicitud por escrito' hecha por el entonces presidente.
DECLARACIONES QUE SE CONTRADICEN
En las declaraciones de este lunes, Suárez también detalló la intervención del entonces presidente de la institución provincial, José Luis Baltar, para tomar la decisión del procedimiento que utilizaría en las 104 o 105 contrataciones de 2010, semanas antes del congreso del PP de Ourense en el que los compromisarios eligieron a su hijo José Manuel Baltar, como presidente provincial del partido, frente a la candidatura alternativa presentada por el alcalde de Verín, Juan Manuel Jiménez Morán.
Según Suárez, esos contratos que centran una querella de la Fiscalía de Ourense, 'no respetaron la ordenanza' y a él no le pareció normal que el presidente 'prescindiera de la tramitación ordinaria ' aunque sí explicó que la de enero de 2010, era una situación 'excepcional' pues el entonces presidente de la Diputación le dijo que la contratación 'era urgente'.
El responsable de Recursos Humanos, según declaró, se encargó de redactar los decretos y de llevarlos a firmar por el presidente y una vez en su despacho, informó a Baltar 'una sola vez de la irregularidad de la contratación' pues el procedimiento urgente debía seguir una ordenanza específica y a su entender, ésta no se siguió.
Por su parte, Baltar en sus declaraciones, había dicho ante el juez, que conocía los procedimientos de contratación del personal y que se eligió el de urgencia en los 104 contratos 'por razones de urgencia y por su duración de tres meses o menos' aunque la responsabilidad de que su cumpliesen los requisitos es competencia 'de los jefes de servicio e intervención de la Diputación'.
Además, Baltar relató que a él nadie le dijo que tenían que publicarse las bases de la convocatoria y que la primera vez que supo que los contratos eran irregulares fue cuando el secretario, Francisco Cacharro, habló con él pero nunca antes de que estuviesen firmados, contradiciendo así lo dicho hoy por el jefe de recursos humanos.
JUEZ RECHAZÓ ARCHIVO PEDIDO POR BALTAR
La actividad judicial en torno al caso Baltar en Ourense, incluyó en los últimos días un segundo auto judicial en el que se rechaza decidir sobre el archivo de las diligencias abiertas, tal como pidió hace unas semanas el representante legal del expresidente de la Diputación de Ourense.
Según el texto judicial, no procede pronunciarse ante el sobreseimiento libre pedido por el imputado 'en tanto no se dé por concluida la fase de instrucción'.
En el mismo escrito en el que el juez actúa de oficio y tiene en cuenta estas dos peticiones de la representación legal del PSOE, también rechaza otras dos: la petición de los presupuestos provinciales utilizados para costear los contratos y la de un certificado sobre la situación laboral actual de los 104 contratados en 2010.
En un escrito anterior, la acusación popular, ejercida por el PSOE, pidió además que se rectifique un error relativo al número de contrataciones, pues la Fiscalía tiene documentación de 105, y no 104, posiblemente irregulares.
INFORMES DE NECESIDAD DE LOS ALCALDES
Los 'informes de necesidad' reclamados ahora por el juzgado aparecen en las declaraciones de los jefes de servicio, que explicaron los que ellos presentaron para pedir contrataciones, y el imputado que se refirió además a los enviados por alcaldes.
En el caso de José Luis Baltar, imputado en esta causa, explicó en el juzgado que esos informes 'los hacían los alcaldes por escrito' tras contactar con él para exponerle sus peticiones de contratados, y aludió a casos concretos como Trasmiras para señalar que esos escritos 'deben estar en la Diputación'.
Baltar también se refirió en sus declaraciones del día 6 de febrero, a las que accedió Europa Press, a otros informes de necesidad estaban planteados siempre 'por escrito' para que quedara constancia, por los jefes de servicio de la Diputación.
Por su parte, el jefe de Recursos Humanos de la Diputación, José Luis Suárez, respondió a preguntas en el juzgado en la mañana del lunes día 25 sobre esos informes de necesidad, enviados al expresidente Baltar y dijo no tener conocimiento de ellos, 'sino sólo de la propuesta directa del presidente para los contratos', en declaraciones a las que tuvo acceso Europa Press.
Añadió que cada expediente para hacer un contrato se compone del informe de necesidad del jefe de servicio de la Diputación, un decreto de nombramiento y el contrato pero él 'nunca' vio informes de necesidad de ayuntamientos sino 'solicitud por escrito' hecha por el entonces presidente.
DECLARACIONES QUE SE CONTRADICEN
En las declaraciones de este lunes, Suárez también detalló la intervención del entonces presidente de la institución provincial, José Luis Baltar, para tomar la decisión del procedimiento que utilizaría en las 104 o 105 contrataciones de 2010, semanas antes del congreso del PP de Ourense en el que los compromisarios eligieron a su hijo José Manuel Baltar, como presidente provincial del partido, frente a la candidatura alternativa presentada por el alcalde de Verín, Juan Manuel Jiménez Morán.
Según Suárez, esos contratos que centran una querella de la Fiscalía de Ourense, 'no respetaron la ordenanza' y a él no le pareció normal que el presidente 'prescindiera de la tramitación ordinaria ' aunque sí explicó que la de enero de 2010, era una situación 'excepcional' pues el entonces presidente de la Diputación le dijo que la contratación 'era urgente'.
El responsable de Recursos Humanos, según declaró, se encargó de redactar los decretos y de llevarlos a firmar por el presidente y una vez en su despacho, informó a Baltar 'una sola vez de la irregularidad de la contratación' pues el procedimiento urgente debía seguir una ordenanza específica y a su entender, ésta no se siguió.
Por su parte, Baltar en sus declaraciones, había dicho ante el juez, que conocía los procedimientos de contratación del personal y que se eligió el de urgencia en los 104 contratos 'por razones de urgencia y por su duración de tres meses o menos' aunque la responsabilidad de que su cumpliesen los requisitos es competencia 'de los jefes de servicio e intervención de la Diputación'.
Además, Baltar relató que a él nadie le dijo que tenían que publicarse las bases de la convocatoria y que la primera vez que supo que los contratos eran irregulares fue cuando el secretario, Francisco Cacharro, habló con él pero nunca antes de que estuviesen firmados, contradiciendo así lo dicho hoy por el jefe de recursos humanos.
JUEZ RECHAZÓ ARCHIVO PEDIDO POR BALTAR
La actividad judicial en torno al caso Baltar en Ourense, incluyó en los últimos días un segundo auto judicial en el que se rechaza decidir sobre el archivo de las diligencias abiertas, tal como pidió hace unas semanas el representante legal del expresidente de la Diputación de Ourense.
Según el texto judicial, no procede pronunciarse ante el sobreseimiento libre pedido por el imputado 'en tanto no se dé por concluida la fase de instrucción'.
