Un agente de la Guardia Civil se enfrenta a una pena de dos años y cinco meses de prisión en el juicio que comenzó hoy en la Audiencia Provincial de Lugo por haber provocado supuestamente un accidente con un vehículo oficial en acto de servicio, al conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
En sus conclusiones provisionales, el ministerio fiscal solicita para el acusado una pena de un año y nueve meses de prisión por el delito de 'conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, en concurso con conducción temeraria con el resultado de lesiones', así como otros ocho meses de cárcel por haberse negado a ser sometido a la prueba de alcoholemia.
Según el escrito de acusación, los hechos juzgados se produjeron en octubre de 2010, en la carretera de Rábade a Vilalba, cuando el coche patrulla que conducía el agente se salió de la vía y volcó, tras realizar una maniobra de adelantamiento que obligó a otros usuarios de la vía a irse al arcén para evitar la colisión.
A causa del accidente, el acusado y su compañero fueron evacuados a un hospital para recibir atención médica. En el centro sanitario, según el fiscal, el agente se negó a ser sometido a la prueba de alcoholemia por aire espirado, por lo que sus compañeros levantaron atestado.
Posteriormente, se le practicó la prueba de alcohol en sangre a una muestra que, según la defensa del acusado, sólo había sido cedida por motivos terapéuticos, y arrojó una tasa superior a la permitida.
De hecho, el abogado que se ocupa de la defensa del agente, el letrado lucense Alejandro Fernández Pumariño, pidió en el juicio la nulidad de la prueba de alcoholemia en sangre, dado que sólo fue permitida por su cliente con 'fines terapéuticos' y nadie lo informó de que podía ser utilizada como prueba de cargo.
También recordó que en un principio no se hizo atestado ni se incoaron diligencias por la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sino simplemente por haberse negado a ser sometido a la prueba de alcoholemia.
Antes de entrar en el juicio, en declaraciones a EFE, el letrado afirmó que no 'hay ninguno de los delitos que se le imputan' y que su cliente fue víctima de 'un accidente de tráfico como tantos otros que por desgracia ocurren'.
En ese sentido, confirmó que pedirá su libre absolución.
Además de la pena de cárcel, el fiscal solicita que el acusado indemnice con 30.833 euros a la Dirección General de la Guardia Civil por los daños ocasionados en el vehículo oficial y con 6.038 euros a su compañero por las lesiones que le ocasionó el accidente, así como que se le prohíba conducir durante cinco años y tres meses.
Según el escrito de acusación, los hechos juzgados se produjeron en octubre de 2010, en la carretera de Rábade a Vilalba, cuando el coche patrulla que conducía el agente se salió de la vía y volcó, tras realizar una maniobra de adelantamiento que obligó a otros usuarios de la vía a irse al arcén para evitar la colisión.
A causa del accidente, el acusado y su compañero fueron evacuados a un hospital para recibir atención médica. En el centro sanitario, según el fiscal, el agente se negó a ser sometido a la prueba de alcoholemia por aire espirado, por lo que sus compañeros levantaron atestado.
Posteriormente, se le practicó la prueba de alcohol en sangre a una muestra que, según la defensa del acusado, sólo había sido cedida por motivos terapéuticos, y arrojó una tasa superior a la permitida.
De hecho, el abogado que se ocupa de la defensa del agente, el letrado lucense Alejandro Fernández Pumariño, pidió en el juicio la nulidad de la prueba de alcoholemia en sangre, dado que sólo fue permitida por su cliente con 'fines terapéuticos' y nadie lo informó de que podía ser utilizada como prueba de cargo.
También recordó que en un principio no se hizo atestado ni se incoaron diligencias por la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sino simplemente por haberse negado a ser sometido a la prueba de alcoholemia.
Antes de entrar en el juicio, en declaraciones a EFE, el letrado afirmó que no 'hay ninguno de los delitos que se le imputan' y que su cliente fue víctima de 'un accidente de tráfico como tantos otros que por desgracia ocurren'.
En ese sentido, confirmó que pedirá su libre absolución.
Además de la pena de cárcel, el fiscal solicita que el acusado indemnice con 30.833 euros a la Dirección General de la Guardia Civil por los daños ocasionados en el vehículo oficial y con 6.038 euros a su compañero por las lesiones que le ocasionó el accidente, así como que se le prohíba conducir durante cinco años y tres meses.
