El anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda, que inició ayer el periodo de información pública en la web de la Xunta de Galicia, permitirá la posibilidad de 'expropiación' de inmuebles de promoción pública por motivos de 'no ocupación', de 'falsedad documental' o por disponer de otra vivienda protegida. Así lo destacó el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, quien reivindicó que esta nueva Ley presenta 'vocación de permanencia', es ordenada, 'transparente' y 'aporta seguridad' frente a las 'trabas' de la norma de 2008, que sentó 'serias dificultades'.
La posibilidad de expropiación se extiende 'para todo tipo de viviendas' por motivos de accesibilidad del edificio, ejecutándose en determinados elementos privativos o comunes del mismo cuando sea necesario realizar obras o implantar instalaciones -un ascensor, por ejemplo-.
Otro de los casos que abarca la norma será por motivos de rehabilitación y se llevaría a cabo cuando las viviendas presenten condiciones de 'deterioro grave' de funcionalidad, seguridad o habitabilidad y que supongan 'riesgo grave' para las personas. De este modo, esta modalidad permitirá 'volver adjudicar' las viviendas protegidas a otros usuarios que las necesiten y penalizar su 'mal uso'.
Uno de los puntos novedosos de la norma incide en el porcentaje de suelo reservado para vivienda protegida en cada ayuntamiento, permitiendo que se establezca en función de la 'demanda' de cada tipo -régimen especial, general o concertado- que se acredite a través del Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia en cada municipio.
De este modo, se establece un 30 por ciento de reserva de suelo a vivienda de promoción pública adaptado 'a la demanda real' y que se aumentará o reducirá en cada Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), que se ajustará así al registro de demandantes.
'De nada sirve establecer un porcentaje del 40 o del 30 por ciento si la realidad es muy diferente', afirma, para así defender que se regule a la baja o al alza en función de el tipo de vivienda demandado. La ley garantizará, además, la ejecución de las viviendas protegidas mediante la posibilidad de hacer un procedimiento expropiatorio.
Otro de los casos que abarca la norma será por motivos de rehabilitación y se llevaría a cabo cuando las viviendas presenten condiciones de 'deterioro grave' de funcionalidad, seguridad o habitabilidad y que supongan 'riesgo grave' para las personas. De este modo, esta modalidad permitirá 'volver adjudicar' las viviendas protegidas a otros usuarios que las necesiten y penalizar su 'mal uso'.
Uno de los puntos novedosos de la norma incide en el porcentaje de suelo reservado para vivienda protegida en cada ayuntamiento, permitiendo que se establezca en función de la 'demanda' de cada tipo -régimen especial, general o concertado- que se acredite a través del Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia en cada municipio.
De este modo, se establece un 30 por ciento de reserva de suelo a vivienda de promoción pública adaptado 'a la demanda real' y que se aumentará o reducirá en cada Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), que se ajustará así al registro de demandantes.
'De nada sirve establecer un porcentaje del 40 o del 30 por ciento si la realidad es muy diferente', afirma, para así defender que se regule a la baja o al alza en función de el tipo de vivienda demandado. La ley garantizará, además, la ejecución de las viviendas protegidas mediante la posibilidad de hacer un procedimiento expropiatorio.
