Los ayuntamientos gallegos podrán establecer en sus ordenanzas municipales la posibilidad de que los infractores por abandono o vertido de residuos en la calle realicen trabajos voluntarios de limpieza en la vía pública como alternativa a la multa, una de las novedades de la Futura Ley de Residuos, que comenzó su andadura parlamentaria con el apoyo de PSdeG y BNG.
Este es uno de los puntos que destacó durante su comparecencia en Pleno el conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, que se refirió a la futura normativa como uno de los textos legislativos más importantes en materia medioambiental.
Por contra, el diputado del PPdeG Jaime Castiñeira pidió la retirada de la norma ya que, según él, es una mera copia de la madrileña, por lo que censuró la dejadez de funciones de Medio Ambiente. También le recriminó a la Consellería que presentase este texto legislativo in extremis para ocultar el fracaso en la producción de leyes de este departamento.
Por contra, Vázquez replicó que la norma sí ha sido copiada, pero de las legislaciones española y europea e insistió en la necesidad de aunar en un solo texto la actual normativa dispersa, compleja y farragosa.
El conselleiro resaltó que la comunidad contará por primera vez con una normativa que trate este aspecto y enfatizó que que la ley supone una apuesta por el reciclaje, la reducción y la reutilización de residuos.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
En cualquier caso, se regularán las obligaciones de los responsables de poner en el mercado productos que, con su uso, se convierten en residuos, así como la gestión que de éstos se pueden realizar. Asimismo, la ley recoge un seguro de responsabilidad civil y la prestación de una fianza, a la que quedarán sujetas tanto las actividades de gestión de deshechos como sus productores.
También se dispone que se podrán expropiar forzosamente terrenos para instalaciones de gestión de residuos y se exigirá una autorización administrativa para actividades productoras de residuos peligrosos.
Además, todas las empresas que generen residuos industriales tendrán que hacer anualmente un autoanálisis ambiental que posteriormente deberá ser ratificado por el órgano de control de la Xunta, que, además, realizará auditorías para verificar que la información aportada es correcta.
A mayores, la Xunta podrá declarar un suelo como contaminado, lo que obliga a su descontaminación, independientemente del tipo transcurrido desde que se produjo la contaminación. Además, no se podrán ejecutar desarrollos urbanísticos sobre suelos contaminados.
En cuanto a la inspección, vigilancia y control, la norma establece que estas tareas le corresponden a la Consellería de Medio Ambiente o al ayuntamiento correspondiente. Así, se recoge el principio de reparación del medio ambiente alterado con independencia de la sanción impuesta, que, en ningún caso, resultará más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de la disposición inflingida.
SANCIONES
Así, la sanciones irán desde los 601,02 euros de las faltas leves hasta los 1,2 millones de las más graves, que incluso podrán suponer la inhabilitación entre uno y diez años para el ejercicio de las actividades previstas en la ley. En caso de abandono de vertidos privados en espacios públicos, los municipios podrán proponer alternativas a las multas, como la prestación personal de servicios de limpieza.
Respecto a este último punto, Castiñeiras alertó de la privatización de la inspección y preguntó al conselleiro si estos chiringuitos son necesarios para colocar a las personas del PSOE que faltan por ubicar.
Además de esto, el popular redujo las novedades de la futura normativa a la consagración de Sogama y, al respecto, exclamó que manda tomar chupitos en La Habana teniendo en cuenta la denominación que el PSdeG hizo de la Sociedad Galego de Medio Ambiente cuando estaba en la oposición.
En consecuencia, confesó su decepción por la política medioambiental del bipartito, que, a su entender, perdió la oportunidad de plantear un modelo alternativo al del anterior Gobierno popular.
En cambio, PSdeG y BNG coincidieron en resaltar que la futura normativa supone un paso adelante de cara a superar el modelo del PP en materia de residuos. En concreto, la nacionalista Ana Belén Pontón recriminó a la oposición que ahora reniegue de Sogama y la socialista Laura Seara reprochó a los populares que hablen así después de dedicarse a quemar todo lo que se encontraban en el país.
Por contra, el diputado del PPdeG Jaime Castiñeira pidió la retirada de la norma ya que, según él, es una mera copia de la madrileña, por lo que censuró la dejadez de funciones de Medio Ambiente. También le recriminó a la Consellería que presentase este texto legislativo in extremis para ocultar el fracaso en la producción de leyes de este departamento.
Por contra, Vázquez replicó que la norma sí ha sido copiada, pero de las legislaciones española y europea e insistió en la necesidad de aunar en un solo texto la actual normativa dispersa, compleja y farragosa.
El conselleiro resaltó que la comunidad contará por primera vez con una normativa que trate este aspecto y enfatizó que que la ley supone una apuesta por el reciclaje, la reducción y la reutilización de residuos.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
En cualquier caso, se regularán las obligaciones de los responsables de poner en el mercado productos que, con su uso, se convierten en residuos, así como la gestión que de éstos se pueden realizar. Asimismo, la ley recoge un seguro de responsabilidad civil y la prestación de una fianza, a la que quedarán sujetas tanto las actividades de gestión de deshechos como sus productores.
También se dispone que se podrán expropiar forzosamente terrenos para instalaciones de gestión de residuos y se exigirá una autorización administrativa para actividades productoras de residuos peligrosos.
Además, todas las empresas que generen residuos industriales tendrán que hacer anualmente un autoanálisis ambiental que posteriormente deberá ser ratificado por el órgano de control de la Xunta, que, además, realizará auditorías para verificar que la información aportada es correcta.
A mayores, la Xunta podrá declarar un suelo como contaminado, lo que obliga a su descontaminación, independientemente del tipo transcurrido desde que se produjo la contaminación. Además, no se podrán ejecutar desarrollos urbanísticos sobre suelos contaminados.
En cuanto a la inspección, vigilancia y control, la norma establece que estas tareas le corresponden a la Consellería de Medio Ambiente o al ayuntamiento correspondiente. Así, se recoge el principio de reparación del medio ambiente alterado con independencia de la sanción impuesta, que, en ningún caso, resultará más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de la disposición inflingida.
SANCIONES
Así, la sanciones irán desde los 601,02 euros de las faltas leves hasta los 1,2 millones de las más graves, que incluso podrán suponer la inhabilitación entre uno y diez años para el ejercicio de las actividades previstas en la ley. En caso de abandono de vertidos privados en espacios públicos, los municipios podrán proponer alternativas a las multas, como la prestación personal de servicios de limpieza.
Respecto a este último punto, Castiñeiras alertó de la privatización de la inspección y preguntó al conselleiro si estos chiringuitos son necesarios para colocar a las personas del PSOE que faltan por ubicar.
Además de esto, el popular redujo las novedades de la futura normativa a la consagración de Sogama y, al respecto, exclamó que manda tomar chupitos en La Habana teniendo en cuenta la denominación que el PSdeG hizo de la Sociedad Galego de Medio Ambiente cuando estaba en la oposición.
En consecuencia, confesó su decepción por la política medioambiental del bipartito, que, a su entender, perdió la oportunidad de plantear un modelo alternativo al del anterior Gobierno popular.
En cambio, PSdeG y BNG coincidieron en resaltar que la futura normativa supone un paso adelante de cara a superar el modelo del PP en materia de residuos. En concreto, la nacionalista Ana Belén Pontón recriminó a la oposición que ahora reniegue de Sogama y la socialista Laura Seara reprochó a los populares que hablen así después de dedicarse a quemar todo lo que se encontraban en el país.