Desde el gobierno gallego, se ha mostrado "consciente" de que la lucha contra la pobreza energética es "una prioridad"
El viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, ha pedido a la Xunta que "abra la mano" con los criterios de las ayudas públicas concebidas para tratar de paliar la pobreza energética, un asunto sobre el que el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, se ha mostrado favorable a introducir "mejoras" al amparo del real decreto estatal.
En su interpelación al conselleiro ante el pleno de la Cámara, Sánchez ha denunciado que la Xunta estipula "criterios muy estrictos" para acceder a estas ayudas, hasta el punto de que "se dejó sin adjudicar una cantidad importantísima" y se destinó a "pagar la electricidad de la Cidade da Cultura y la demanda de la mina de Corcoesto".
Al año siguiente, "en vez de abrir la mano, recortan el presupuesto" y dejan uno "ridículo" para este fin, ha referido el diputado, crítico con la "connivencia" del PP con las grandes eléctricas.
Esta alusión ha molestado al titular de Industria, quien le ha pedido cambiar de "lenguaje" y "dejar a un lado la demagogia". Dicho esto, Conde ha recordado que la Xunta fue "uno de los primeros gobiernos de España en actuar contra la pobreza energética" y en diseñar también ayudas similares para los usuarios de gas natural.
Acerca de la denuncia de que fondos presupuestados para esas ayudas se utilizaron para fines diferentes, ha puntualizado que "se atendieron el 100% de las solicitudes" y que, a partir de ahí, "la responsabilidad del gobierno es ejecutar" la totalidad de los fondos. "¡Cambien los criterios!", ha reiterado Sánchez, convencido de que los límites fijados impiden conceder más subvenciones.
"No nos conformamos"
En su turno de cierre del debate, Conde se ha mostrado "consciente" de que la lucha contra la pobreza energética es "una prioridad" y de que existe "margen de mejora" en los programas dispuestos hasta ahora.
"No nos conformamos", ha enfatizado, antes de apuntar que espera poder "mejorar la posición de las personas vulnerables" a través de la adaptación de los decretos estatales sobre esta materia.
Tarifa eléctrica propia
A continuación, Conde ha respondido a otra interpelación, en este caso de la diputada del BNG Noa Presas, sobre la conveniencia de que Galicia cuente con una tarifa eléctrica propia para así lograr el abaratamiento de la factura.
Para el conselleiro, se trata de "una quimera" de la que además se desconoce si "es rentable", de modo que ha pedido "sus cálculos" a la nacionalista, así como saber si tiene contabilizado "quién va a pagar la red eléctrica y la distribución" o "cómo garantizar el suministro si la electricidad que se produce en Galicia no es suficiente".
Dentro de ese "brexit energético", también ha inquirido si la pretensión del Bloque es "nacionalizar empresas" en Galicia o "intervenir" en los precios desde el ámbito público, algo contrario a la normativa comunitaria.
Tras las críticas a la "miopía política" del BNG en cuestiones como ésta y en lo relativo a su reclamación de un concierto económico similar al de País Vasco, Presas ha relacionado la oposición de los cargos públicos del PP a medidas que "puedan abaratar la luz" con su "complicidad" con las empresas eléctricas.
Cláusula suelo
Por otra parte, en este pleno Olalla Rodil (BNG) ha denunciado el "decreto paja" realizado por el Gobierno central como solución extrajudicial para la devolución de las cláusulas suelo cobradas irregularmente, con "la mano tendida hacia la banca" de PP, PSOE y Ciudadanos.
Asimismo, la diputada nacionalista ha exigido que la Xunta "tiene que llevar a su extremo" sus competencias en el Instituto Galego de Consumo.
En respuesta, el conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha valorado el mecanismo extrajudicial articulado por el Gobierno, "velando de forma efectiva por intereses de consumidores", y pide "prudencia" para evaluar cómo funcionará.
Sobre este extremo, Conde sostiene que es un mecanismo en el que la entidad financiera tiene obligación de trasladar propuestas y responder en un plazo de tres meses, que cuenta con tutela judicial. Finalmente, ha recordado que Instituto Galego de Consumo carece de competencias para declarar el carácter abusivo de cláusulas suelo.
