En el primer semestre de este año se registraron en Galicia 111 episodios de agresión a profesionales de la sanidad, una cifra que se ha reducido en un 31 por ciento en 2012 con relación al mismo periodo del ejercicio anterior en el que se contabilizaron 162 casos.
Los datos han sido presentados por la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, y por el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, que esta mañana firmaron en Santiago un convenio de colaboración con el objetivo de mejorar la investigación de las agresiones a profesionales de la sanidad pública.
Según Rocío Mosquera sólo el 14 por ciento de las agresiones acaba en los tribunales de justicia como una falta o un delito y apuntó que las lesiones a profesionales del SERGAS que conllevan bajas laborales pasaron de un 6 por ciento al 4 por ciento.
El Servizo Galego de Saúde (SERGAS) y la Fiscalía trabajan desde hace más de un año con el objetivo de mejorar la investigación de las agresiones a profesionales de la sanidad pública, también se han tomado medidas en distintos departamentos de los pacs o de urgencias sanitarias en donde fueron instalados llamadores para advertir a los servicios de seguridad sobre una posible agresión.
Carlos Varela declaró que los casos de agresión son muy variados, van desde un persona que desea que el médico le dé una baja laboral hasta un desacuerdo en la administración de un medicamento y la agresión puede provenir de un mismo paciente o de un allegado a éste.
El fiscal superior de Galicia declaró que el convenio constituye un protocolo y una guía de actuación y de asesoramiento jurídico para que los afectados puedan personarse en una causa judicial.
'Las agresiones tanto al personal médico como de enfermería pueden ser variadas, pueden consistir en agresiones físicas, verbales, en comportamientos coactivos, amenazas, injurias o en calumnias', afirmó.
Recordó que el artículo 550 del código penal establece el castigo con penas de prisión de dos a cuatro años para los casos mas graves a autoridades o agentes y de dos a cuatro años si el objeto pasivo es un funcionario público.
Rocío Mosquera declaró que el convenio busca ofrecer seguridad 'a nuestros trabajadores y acabar con un problema de violencia en los centros de salud' que sufren preferentemente personal médico y de enfermería.
El convenio trata, agregó, de garantizar la protección de estos profesionales con la realización de todas las actuaciones encaminadas a la sanción de esos casos, lo que se alcanzará mediante la colaboración, cooperación y comunicación entre ambas instituciones, cada una de ellas en el marco de las atribuciones que tienen legalmente asignadas.
El convenio recoge que el fiscal superior dará las instrucciones oportunas para que cada uno de los procedimientos que se incoen sea objeto de un particular seguimiento por parte de los fiscales.
Según Rocío Mosquera sólo el 14 por ciento de las agresiones acaba en los tribunales de justicia como una falta o un delito y apuntó que las lesiones a profesionales del SERGAS que conllevan bajas laborales pasaron de un 6 por ciento al 4 por ciento.
El Servizo Galego de Saúde (SERGAS) y la Fiscalía trabajan desde hace más de un año con el objetivo de mejorar la investigación de las agresiones a profesionales de la sanidad pública, también se han tomado medidas en distintos departamentos de los pacs o de urgencias sanitarias en donde fueron instalados llamadores para advertir a los servicios de seguridad sobre una posible agresión.
Carlos Varela declaró que los casos de agresión son muy variados, van desde un persona que desea que el médico le dé una baja laboral hasta un desacuerdo en la administración de un medicamento y la agresión puede provenir de un mismo paciente o de un allegado a éste.
El fiscal superior de Galicia declaró que el convenio constituye un protocolo y una guía de actuación y de asesoramiento jurídico para que los afectados puedan personarse en una causa judicial.
'Las agresiones tanto al personal médico como de enfermería pueden ser variadas, pueden consistir en agresiones físicas, verbales, en comportamientos coactivos, amenazas, injurias o en calumnias', afirmó.
Recordó que el artículo 550 del código penal establece el castigo con penas de prisión de dos a cuatro años para los casos mas graves a autoridades o agentes y de dos a cuatro años si el objeto pasivo es un funcionario público.
Rocío Mosquera declaró que el convenio busca ofrecer seguridad 'a nuestros trabajadores y acabar con un problema de violencia en los centros de salud' que sufren preferentemente personal médico y de enfermería.
El convenio trata, agregó, de garantizar la protección de estos profesionales con la realización de todas las actuaciones encaminadas a la sanción de esos casos, lo que se alcanzará mediante la colaboración, cooperación y comunicación entre ambas instituciones, cada una de ellas en el marco de las atribuciones que tienen legalmente asignadas.
El convenio recoge que el fiscal superior dará las instrucciones oportunas para que cada uno de los procedimientos que se incoen sea objeto de un particular seguimiento por parte de los fiscales.
