Obliga a reintegrar a cinco inversores gallegos 8,5 millones de euros por actuar "con mala fe"
El Juzgado de Instancia número 1 de A Coruña condenó ayer al FROB a devolver algo más de 8,5 millones de euros a Manuel Jove y a otros cuatro inversores por considerar, como hizo el martes cuando aplicó esta condena al caso de Gadisa, que existió mala fe y se ocultó información.
La magistrada Marta Canales explica en una sentencia, prácticamente idéntica a la del martes, que existió "dolo en el consentimiento" y por lo tanto declara la "nulidad del citado compromiso de inversión" y la "restitución de las recíprocas prestaciones" valoradas en 8.535.733,69 euros, además de los intereses. Esta cifra está dividida en 6.025.223,30 euros aportados por Inveravante, propiedad de Manuel Jove, otros 2.008.408,11 euros de Ranebé 2003, 100.420,86 más de Metalships & Docks y dos inversiones de 200.840,71 euros de los empresarios Santiago Rey Fernández-Latorre y José Luis Vázquez Mariño.
En total el FROB ya suma 18.644.943,51 euros a devolver a seis inversores después de las dos primeras sentencias, pues existe otra que obliga a restituir, con intereses, los 10.109.209,82 euros aportados por Gadisa. La juez detalla que los inversores no tienen "obligación de reintegrar el objeto de la venta" porque las acciones fueron amortizadas en su día aunque NCG Banco y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria tendrán que abonar las costas.
Más de 70 millones
El bufete SLJ Abogados representó a todos los demandantes, que perdieron más de 70 millones de euros y todavía tienen procesos pendientes, a través de Daniel Jiménez que ya el martes mostró su "satisfacción" con una "sentencia muy bien fundamentada". Llama la atención la magistrada sobre el ajuste contable de 1.127 millones de euros que necesitó un capital adicional 948 millones y que se hizo en marzo de 2012 aunque con efecto retroactivo a diciembre de 2011, cuando la venta de las acciones a Gadisa se efectuó el 12 de enero de 2012. La información de la que disponía la empresa eran documentos emitidos por el FROB como uno titulado "Novacaixagalicia, una oportunidad de inversión única en el sector financiero español", fechado en mayo de 2011 y otros que no mostraron una imagen real de la situación de la entidad.
En los papeles, según consta en el auto de la juez, "se insiste en que los mercados están valorando todo a la baja" y "se dice que la entidad no está nacionalizada, es recapitalizada", además de añadir que la entrada del FROB "sitúa entre las entidades del mundo con mayor índice de capitalización".
Los demandantes estaban "a ciegas" mientras el banco y el FROB disponían de información relevante, según la juez, que estima que "los demandados sabían lo que sucedía. Y optaron simplemente por silenciarlo al inversor. Omitiendo así una información tan relevante que hubiese generado su huida y negativa a la firma", concluye la juez, que señala además en su auto que NCG Banco y el FROB "nada hicieron ni dijeron", algo que la Justicia considera que apunta a la existencia de mala fe.
