Oceana denunció la existencia de un grupo de armadores gallegos presuntamente dedicados a la pesca ilegal y al tráfico de drogas bajo bandera de otros países y con puerto base en Sudáfrica, Namibia y Uruguay. 'Mafia Gallega' es, como aseguraron, el apodo internacional con el que se conoce a estos buques.
La organización aseguró que varias empresas radicadas en África disponen de buques con licencias de pesca caducadas, en algunos casos, y pabellón 'de conveniencia' que capturan, sobre todo, tiburones de profundidad, de los que se extrae el 'squalene', un componente 'de lujo' utilizado por la industria cosmética.
En esta línea, Oceana recordó en un comunicado la reciente detención de un empresario gallego del sector pesquero ordenada por el juez Baltasar Garzón, que investiga su vinculación con una red de traficantes de cocaína que intentaba introducir en España 2,2 toneladas de droga a bordo de buques pesqueros y contenedores de pescado congelado.
Según aseguraron, esta opción es cada vez más empleada para intentar ocultar estas substancias ilegales dado que, como destacaron, los controles son más difíciles de realizar. Oceana afirmó que las complicaciones son mayores en casos como el del puerto de Vigo, donde, como expusieron, sólo hay seis inspectores funcionarios, actualmente en huelga parcial, para controlar más de 880.000 toneladas de pescado.
Estas cuestiones llevaron a la organización de conservación marina a instar a los gobiernos a que 'comiencen a combatir' de forma eficaz la pesca ilegal.
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En esta línea, Oceana recordó en un comunicado la reciente detención de un empresario gallego del sector pesquero ordenada por el juez Baltasar Garzón, que investiga su vinculación con una red de traficantes de cocaína que intentaba introducir en España 2,2 toneladas de droga a bordo de buques pesqueros y contenedores de pescado congelado.
Según aseguraron, esta opción es cada vez más empleada para intentar ocultar estas substancias ilegales dado que, como destacaron, los controles son más difíciles de realizar. Oceana afirmó que las complicaciones son mayores en casos como el del puerto de Vigo, donde, como expusieron, sólo hay seis inspectores funcionarios, actualmente en huelga parcial, para controlar más de 880.000 toneladas de pescado.
Estas cuestiones llevaron a la organización de conservación marina a instar a los gobiernos a que 'comiencen a combatir' de forma eficaz la pesca ilegal.
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