Las declaraciones ante la juez de los nueve detenidos el pasado jueves dentro de la denominada Operación Manga concluyeron con el ingreso de tres de ellos en prisión y con la renuncia del edil compostelano Albino Vázquez Aldrey -que se formalizará este lunes-, que quedó libre bajo fianza de 15.000 euros.
La operación, que deriva de la Operación Pokemon, desembocó en una serie de registros y en un total de nueve detenciones el pasado jueves, cuatro de ellas en Cataluña, una en Asturias y otras cuatro en Galicia. Los detenidos comenzaron a pasar a disposición judicial el pasado viernes y terminaron a las ocho de la mañana de ayer.
El límite de plazo fijado para las detenciones obligó a la juez instructora, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, a permanecer toda la madrugada del sábado al domingo tomando declaración para evitar recursos contra sus disposiciones. Esta juez se vio afectada por la aplicación de la 'doctrina Gao Ping' y uno de los detenidos en la Pokemon, el exconcejal socialista de Lugo Francisco Fernández Liñares, salió en libertad tres meses después de decretarse su ingreso en prisión al argumentar su defensa que había estado detenido más horas de las establecidas sin pasar a disposición judicial.
ENCARCELADOS
Las investigaciones de la Operación Pokemon, centrada en una supuesta trama de pagos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos, entró ahora en una segunda fase, en la bautizada como Operación Manga, que amplió las empresas investigadas y se centra ahora en Aquagest y la catalana GRS Arc Local. Tras las declaraciones ante la juez, ésta decretó el ingreso en prisión de tres de los nueve detenidos: el que fue asesor del exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa, Ángel Espadas; el delegado de Aquagest en Santiago, José Luis Míguez, y el administrador de GRS, Alexandre Ríos.
Además, el concejal de Movilidad, Seguridad Ciudadana, Tráfico, Grúa y ORA en Santiago, Albino Vázquez Aldrey, fue dejado en libertad bajo fianza de 15.000 euros, imputado por cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias.
A lo largo del viernes, cuando pasaron a disposición judicial los detenidos en Galicia y Asturias, quedaron el libertad, además de Vázquez Aldrey, el asesor cultural y organizador de eventos Jesús Fuentes -a quien se le imputa, entre otros delitos, tráfico de influencias- y el presidente del PP en San Martín del Rey Aurelio (Asturias) y propietario de una empresa de consultoría e ingeniería, Joaquín Fernández Díaz, suspendido por el PP de todas sus funciones tras ser imputado por tráfico de influencias y tendrá que presentarse cada 15 días en el juzgado de guardia de Avilés. El PP decidió suspenderlo de todas sus funciones en el partido.
En la jornada del sábado y madrugada del domingo declararon los detenidos en Cataluña, imputados todos por cohecho y tráfico de influencias. El primero, el jefe de Organización de Servicios a la Ciudadanía del Consell Comarcal de la Selva, Juan Carlos F.M., que quedó en libertad bajo fianza de 5.000 euros. Después, el apoderado de la empresa GRS Arc Local, José María F.I.G., que quedó en libertad sin fianza pero con cargos. Le siguió el administrador de la empresa GRS Arc Local, Alexandre Ríos, en prisión provisional comunicada y sin fianza, y el último, el alcalde de Sant Hilari Sacalm (Girona), Robert Fauria (CiU), que quedó libre bajo fianza de 18.000 euros e imputado por cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
El límite de plazo fijado para las detenciones obligó a la juez instructora, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, a permanecer toda la madrugada del sábado al domingo tomando declaración para evitar recursos contra sus disposiciones. Esta juez se vio afectada por la aplicación de la 'doctrina Gao Ping' y uno de los detenidos en la Pokemon, el exconcejal socialista de Lugo Francisco Fernández Liñares, salió en libertad tres meses después de decretarse su ingreso en prisión al argumentar su defensa que había estado detenido más horas de las establecidas sin pasar a disposición judicial.
ENCARCELADOS
Las investigaciones de la Operación Pokemon, centrada en una supuesta trama de pagos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos, entró ahora en una segunda fase, en la bautizada como Operación Manga, que amplió las empresas investigadas y se centra ahora en Aquagest y la catalana GRS Arc Local. Tras las declaraciones ante la juez, ésta decretó el ingreso en prisión de tres de los nueve detenidos: el que fue asesor del exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa, Ángel Espadas; el delegado de Aquagest en Santiago, José Luis Míguez, y el administrador de GRS, Alexandre Ríos.
Además, el concejal de Movilidad, Seguridad Ciudadana, Tráfico, Grúa y ORA en Santiago, Albino Vázquez Aldrey, fue dejado en libertad bajo fianza de 15.000 euros, imputado por cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias.
A lo largo del viernes, cuando pasaron a disposición judicial los detenidos en Galicia y Asturias, quedaron el libertad, además de Vázquez Aldrey, el asesor cultural y organizador de eventos Jesús Fuentes -a quien se le imputa, entre otros delitos, tráfico de influencias- y el presidente del PP en San Martín del Rey Aurelio (Asturias) y propietario de una empresa de consultoría e ingeniería, Joaquín Fernández Díaz, suspendido por el PP de todas sus funciones tras ser imputado por tráfico de influencias y tendrá que presentarse cada 15 días en el juzgado de guardia de Avilés. El PP decidió suspenderlo de todas sus funciones en el partido.
En la jornada del sábado y madrugada del domingo declararon los detenidos en Cataluña, imputados todos por cohecho y tráfico de influencias. El primero, el jefe de Organización de Servicios a la Ciudadanía del Consell Comarcal de la Selva, Juan Carlos F.M., que quedó en libertad bajo fianza de 5.000 euros. Después, el apoderado de la empresa GRS Arc Local, José María F.I.G., que quedó en libertad sin fianza pero con cargos. Le siguió el administrador de la empresa GRS Arc Local, Alexandre Ríos, en prisión provisional comunicada y sin fianza, y el último, el alcalde de Sant Hilari Sacalm (Girona), Robert Fauria (CiU), que quedó libre bajo fianza de 18.000 euros e imputado por cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
