PSdG y BNG unieron sus votos en contra del proyecto de Lei de Acompañamento dos Orzamentos de la Xunta, que ayer debatió el Parlamento, pero los escaños del Partido Popular abundaron para rechazar la petición de los grupos opositores.
Socialistas y nacionalistas solicitaban que no prosperase la tramitación de un proyecto sobre el que vertieron un río de descalificativos y sobre el que la Xunta defendía la recuperación de esta norma creada por el Gobierno socialista en 1994 para medidas legislativas que acompañasen a los presupuestos. Galicia dejó de usarla en el último año del gobierno de Manuel Fraga y en los cuatro del bipartito.
La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, defendió que la situación económica justifica la aplicación de esta norma que reformará 24 leyes, buscando objetivos a más largo plazo que la Lei de Orzamentos. Uno de ellos es cambiar la Lei do Solo para permitir levantar naves industriales en suelo rústico protegido, que en la Plataforma Logística (PLISAN) de Salvaterra facilitará la instalación de la fábrica de baterías de Mitsubishi. Otras reformas introducen deducciones a familias que acojan a niños, por la compra de acciones de empresas que coticen en el mercado alternativo bursátil y amplían a los mayores de 35 años la deducción por autoempleo. En Función Pública incluye la movilidad para los funcionarios de nivel
'AS VELLAS MAÑAS DO PP'
Para la oposición la importancia de los cambios exigían que se debatiera uno por uno. El PSdeG considera que es una forma de introducir modificaciones 'pola porta de atrás' con un mecanismo que considera 'ilegal opaco e unha chapuza', por no contar con los informes obligatorios de la Asesoría Xurídica ni del Consello Económico e Social (CES). La portavoz socialista María José Caride recoge la opinión de expertos que la califican de 'enxendro normativo' y dijo que Feijóo recupera las prácticas de su etapa como vicepresidente de Fraga para aplicarlas con discrecionalidad. 'É unha volta ás vellas mañas do PP e a perder as formas democráticas'. El cambio en la Lei do Solo redundará, dicen los socialistas, en que 'seguramente alguén sairá beneficiado'. La reforma de la Lei de Función Pública servirá para 'cambiar o sistema de profesionaliación da Administración permitindo a designación a dedo dos xefes de servizo', censuró Caride, para quien la creación de la Axencia Tributaria (que también se introduce en la Lei de Acompañamentos) no supondrá, a su juicio, más que un cambio de nombre de la Dirección General de Tibutos.
Fernando Blanco (BNG), que marcó su posicionamiento sobre el proyecto con una descarga de descalificativos ('lei antidemocrática', 'lei trampa', 'lei fraude'), criticó que recuperen esa figura 'abandonada' bajo la excusa de urgencia de aplicar medidas económicas . 'A crise non é ningunha disculpa', protestó. La reforma introducida para el Banco de Terras y de las Unidades de Xestión Forestal, medidas del BNG en el gobierno, pretende dejarlas inoperativas, según Blanco, que acabó acusando a la conselleira de Facenda de 'mentir' por afirmar que el bipartito integró a 14.000 funcionarios en la administración pública.
Las diferentes cifras aportadas por BNG y PP sobre el incremento de funcionarios durante el bipartito derivaron en un enfrentamiento entre Pedro Puy (PP) y Alfredo Suárez Canal (BNG). La presidenta de la Cámara otorgó un turno aclaratorio a Puy, lo que provocó duras acusaciones de nacionalistas y socialistas contra Pilar Rojo. 'Isto non é un casino', protestó Bieito Lobeira (BNG), quien tildó a Rojo de 'presidenta do PP'.
Previamente, el rechazo del PP a tramitar una proposición del BNG para crear el Consello Galego das Mulleres había provocado otro rifirrafe dialéctico entre Paula Prado (PP) con Ana Pontón (BNG) y Silvia Fraga (PSdeG).
La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, defendió que la situación económica justifica la aplicación de esta norma que reformará 24 leyes, buscando objetivos a más largo plazo que la Lei de Orzamentos. Uno de ellos es cambiar la Lei do Solo para permitir levantar naves industriales en suelo rústico protegido, que en la Plataforma Logística (PLISAN) de Salvaterra facilitará la instalación de la fábrica de baterías de Mitsubishi. Otras reformas introducen deducciones a familias que acojan a niños, por la compra de acciones de empresas que coticen en el mercado alternativo bursátil y amplían a los mayores de 35 años la deducción por autoempleo. En Función Pública incluye la movilidad para los funcionarios de nivel
'AS VELLAS MAÑAS DO PP'
Para la oposición la importancia de los cambios exigían que se debatiera uno por uno. El PSdeG considera que es una forma de introducir modificaciones 'pola porta de atrás' con un mecanismo que considera 'ilegal opaco e unha chapuza', por no contar con los informes obligatorios de la Asesoría Xurídica ni del Consello Económico e Social (CES). La portavoz socialista María José Caride recoge la opinión de expertos que la califican de 'enxendro normativo' y dijo que Feijóo recupera las prácticas de su etapa como vicepresidente de Fraga para aplicarlas con discrecionalidad. 'É unha volta ás vellas mañas do PP e a perder as formas democráticas'. El cambio en la Lei do Solo redundará, dicen los socialistas, en que 'seguramente alguén sairá beneficiado'. La reforma de la Lei de Función Pública servirá para 'cambiar o sistema de profesionaliación da Administración permitindo a designación a dedo dos xefes de servizo', censuró Caride, para quien la creación de la Axencia Tributaria (que también se introduce en la Lei de Acompañamentos) no supondrá, a su juicio, más que un cambio de nombre de la Dirección General de Tibutos.
Fernando Blanco (BNG), que marcó su posicionamiento sobre el proyecto con una descarga de descalificativos ('lei antidemocrática', 'lei trampa', 'lei fraude'), criticó que recuperen esa figura 'abandonada' bajo la excusa de urgencia de aplicar medidas económicas . 'A crise non é ningunha disculpa', protestó. La reforma introducida para el Banco de Terras y de las Unidades de Xestión Forestal, medidas del BNG en el gobierno, pretende dejarlas inoperativas, según Blanco, que acabó acusando a la conselleira de Facenda de 'mentir' por afirmar que el bipartito integró a 14.000 funcionarios en la administración pública.
Las diferentes cifras aportadas por BNG y PP sobre el incremento de funcionarios durante el bipartito derivaron en un enfrentamiento entre Pedro Puy (PP) y Alfredo Suárez Canal (BNG). La presidenta de la Cámara otorgó un turno aclaratorio a Puy, lo que provocó duras acusaciones de nacionalistas y socialistas contra Pilar Rojo. 'Isto non é un casino', protestó Bieito Lobeira (BNG), quien tildó a Rojo de 'presidenta do PP'.
Previamente, el rechazo del PP a tramitar una proposición del BNG para crear el Consello Galego das Mulleres había provocado otro rifirrafe dialéctico entre Paula Prado (PP) con Ana Pontón (BNG) y Silvia Fraga (PSdeG).
