La defensa del exdiputado autonómico del Partido Popular Pablo Cobián solicitó en un escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo el 'inmediato archivo de la causa' contra él, al haber detectado una 'flagrante vulneración del derecho fundamental al secreto de sus comunicaciones'.
Según informó el letrado que se ocupa de su defensa, Ulises Bértolo, con el levantamiento del secreto de sumario se puso de manifiesto que Cobián 'fue objeto de escuchas y grabaciones continuas' de sus comunicaciones telefónicas por parte del servicio de Vigilancia Aduanera, 'durante ocho meses y sin ninguna autorización judicial'.
A su juicio, los agentes de Vigilancia Aduanera utilizaron 'la autorización judicial que sí tenían para grabar y escuchar a otros implicados', para 'grabar de forma indirecta las conversaciones que mantenían con Pablo Cobián, con la intención de dirigir la investigación también contra él'.
En ese sentido, en el escrito presentado ante la instructora, la defensa razona que 'sólo obteniendo tal autorización, con referencia expresa a Pablo Cobián y no a ningún otro, se podrían haber grabado sus conversaciones con el debido control judicial' y añade que ese permiso tendría que haberlo dado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), 'al tratarse de un aforado'. 'Sometidas al adecuado control, podrían haberse grabado la totalidad de las conversaciones de Pablo Cobián y sólo así se podría haber dado una correcta interpretación a sus manifestaciones', explicó Bértolo.
NULIDAD RADICAL
Para la defensa, estas circunstancias suponen 'la nulidad radical' de todas las 'escuchas y grabaciones', pero también 'de todas las diligencias practicadas en la instrucción con relación a Pablo Cobián', porque todas arrancan 'en la información ilícitamente obtenida a través de la intervención de sus conversaciones privadas'. De hecho, el letrado recuerda que 'en la exposición razonada que la instructora elevó al TSXG se hace referencia como únicos supuestos indicios' de delito por parte del ex diputado autonómico 'al contenido de esas conversaciones'.
También solicita 'la expulsión del proceso y la destrucción inmediata de todas las grabaciones' de su patrocinado.
En la parte del sumario cuyo secreto fue levantado figuran diversas conversaciones intervenidas al propio Cobián y a otras personas de la supuesta trama, de las que se deduciría que el entonces diputado del PP habría mediado ante departamentos de la Xunta a cambio de comisiones, en concreto para el patrocinio del equipo de karts de su hijo. Cobián, que dimitió de sus cargos cuando se conoció que el principal imputado en la Operación Campeón, Jorge Dorribo, lo acusó del cobro de comisiones.
Paralelamente, la juez Estela San José decidió suspender la declaración del exconselleiro nacionalista de Industria Fernando Blanco prevista para hoy, a petición de los abogados que se ocupan de su defensa porque ninguno de ellos podía acompañarlo en su comparecencia. Blanco dimitió tras conocerse que Dorribo declaró que le habría entregado 200.000 euros tras recibir una subvención de 1,6 millones de la Consellería de Industria que dirigía este político durante el bipartito.
EL PODER JUDICIAL TOMA NOTA DE LA DENUNCIA DE VARELA AGRELO
El presidente de la Audiencia de Lugo, José Antonio Varela Agrelo, se limitó a expresar su 'respeto hacia la decisión adoptada ayer por el órgano de gobierno' de los jueces tras conocer que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió tomar nota de su denuncia sobre un presunto intento de extorsión por parte del empresario Jorge Dorribo. En dicho escrito, Varela trasladaba al CGPJ su intención de formular denuncia ante comentarios realizados sobre su posible relación con un proyecto empresarial vinculado a la denominada Operación Carioca, en la que se investiga una supuesta trama de explotación de mujeres y una red de clubes de alterne.
Varela Agrelo confirmó que denunció al farmacéutico gallego después de que éste le pidiese dinero 'a través de un amigo común' para, supuestamente, no declarar en su contra.
Dorribo acudió a declarar como testigo el viernes 9 de marzo ante la juez de la Operación Carioca, Pilar de Lara, a la que aseguró que había conocido a Varela Agrelo en la sociedad Accion&Klass y que había negociado con él su salida de prisión en 2011, tras ser encarcelado en mayo por la Operación Campeón. Estos hechos fueron negados por el presidente de la Audiencia lucense.
A su juicio, los agentes de Vigilancia Aduanera utilizaron 'la autorización judicial que sí tenían para grabar y escuchar a otros implicados', para 'grabar de forma indirecta las conversaciones que mantenían con Pablo Cobián, con la intención de dirigir la investigación también contra él'.
En ese sentido, en el escrito presentado ante la instructora, la defensa razona que 'sólo obteniendo tal autorización, con referencia expresa a Pablo Cobián y no a ningún otro, se podrían haber grabado sus conversaciones con el debido control judicial' y añade que ese permiso tendría que haberlo dado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), 'al tratarse de un aforado'. 'Sometidas al adecuado control, podrían haberse grabado la totalidad de las conversaciones de Pablo Cobián y sólo así se podría haber dado una correcta interpretación a sus manifestaciones', explicó Bértolo.
NULIDAD RADICAL
Para la defensa, estas circunstancias suponen 'la nulidad radical' de todas las 'escuchas y grabaciones', pero también 'de todas las diligencias practicadas en la instrucción con relación a Pablo Cobián', porque todas arrancan 'en la información ilícitamente obtenida a través de la intervención de sus conversaciones privadas'. De hecho, el letrado recuerda que 'en la exposición razonada que la instructora elevó al TSXG se hace referencia como únicos supuestos indicios' de delito por parte del ex diputado autonómico 'al contenido de esas conversaciones'.
También solicita 'la expulsión del proceso y la destrucción inmediata de todas las grabaciones' de su patrocinado.
En la parte del sumario cuyo secreto fue levantado figuran diversas conversaciones intervenidas al propio Cobián y a otras personas de la supuesta trama, de las que se deduciría que el entonces diputado del PP habría mediado ante departamentos de la Xunta a cambio de comisiones, en concreto para el patrocinio del equipo de karts de su hijo. Cobián, que dimitió de sus cargos cuando se conoció que el principal imputado en la Operación Campeón, Jorge Dorribo, lo acusó del cobro de comisiones.
Paralelamente, la juez Estela San José decidió suspender la declaración del exconselleiro nacionalista de Industria Fernando Blanco prevista para hoy, a petición de los abogados que se ocupan de su defensa porque ninguno de ellos podía acompañarlo en su comparecencia. Blanco dimitió tras conocerse que Dorribo declaró que le habría entregado 200.000 euros tras recibir una subvención de 1,6 millones de la Consellería de Industria que dirigía este político durante el bipartito.
EL PODER JUDICIAL TOMA NOTA DE LA DENUNCIA DE VARELA AGRELO
El presidente de la Audiencia de Lugo, José Antonio Varela Agrelo, se limitó a expresar su 'respeto hacia la decisión adoptada ayer por el órgano de gobierno' de los jueces tras conocer que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió tomar nota de su denuncia sobre un presunto intento de extorsión por parte del empresario Jorge Dorribo. En dicho escrito, Varela trasladaba al CGPJ su intención de formular denuncia ante comentarios realizados sobre su posible relación con un proyecto empresarial vinculado a la denominada Operación Carioca, en la que se investiga una supuesta trama de explotación de mujeres y una red de clubes de alterne.
Varela Agrelo confirmó que denunció al farmacéutico gallego después de que éste le pidiese dinero 'a través de un amigo común' para, supuestamente, no declarar en su contra.
Dorribo acudió a declarar como testigo el viernes 9 de marzo ante la juez de la Operación Carioca, Pilar de Lara, a la que aseguró que había conocido a Varela Agrelo en la sociedad Accion&Klass y que había negociado con él su salida de prisión en 2011, tras ser encarcelado en mayo por la Operación Campeón. Estos hechos fueron negados por el presidente de la Audiencia lucense.
