Los dos matrimonios acusados de estafar hace casi una década a centenares de alumnos en las ciudades de Lugo y A Coruña, a los que les cobraron por cursos de inglés que nunca se llegaron a impartir, aceptaron una pena de seis años y medio de prisión, cuatro años en el caso de una de ellas, dos años cada uno, y 30 meses la otra pareja, a razón de quince meses cada integrante, al llegar la defensa a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal.
Inicialmente, el fiscal solicitaba seis años de cárcel para cada uno de los acusados del matrimonio formado por J.C.M.G y M.R.A.P.L, por un delito continuado de estafa, aunque finalmente, en la vista oral que se celebró en la mañana de ayer en la Audiencia lucense, aceptaron una pena de dos años de prisión y cinco meses de multa, a razón de cuatro euros por día.
Para el otro matrimonio acusado, formado en este caso por V.C.V y M.G.V.A, la Fiscalía pedía tres años de cárcel, aunque finalmente cada uno de los acusados aceptó una pena de 15 meses de prisión. Además, también se acordó el pago a los perjudicados de la cantidad que solicitaba el Ministerio Público, una indemnización de más 230.000 euros, al considerar que los propietarios cobraron por adelantado, en efectivo o en créditos al consumo, la totalidad de los cursos que ofertaban en sus academias, pero no llegaron a cumplir el contrato que habían firmado con los alumnos o con sus padres.
En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía indica que padres de alumnos matriculados en dichas academias abonaban el pago de cursos en efectivo o mediante un sistema de crédito al consumo, de forma que una entidad bancaria pagaba la totalidad del importe y luego, mensualmente, cobraba la cuota correspondiente.
OFERTAS SIN CUMPLIR
Sostiene que, a partir de junio de 2001, a pesar de ser 'conocedores de las importantes pérdidas que tenían ambas empresas', los acusados 'siguieron contratando cursos nuevos con múltiples alumnos' y 'renovando los de años anteriores', además de hacer 'ofertas que sabían con certeza que no podían cumplir'.
La Fiscalía calcula que al menos 40 contratos de financiación fueron firmados en A Coruña y otros 51 en Lugo, hasta que el 16 y 18 de noviembre de 2002 'se cerraron de forma inmediata y sin preaviso las dos academias'.
El letrado que se ocupó de la defensa de los cuatro acusados, Miguel García, confirmó que, una vez alcanzado este acuerdo, pedirá 'la suspensión condicional de la pena' para evitar que los acusados ingresen en prisión. En todo caso, afirmó que 'nadie puede estar satisfecho' por la resolución final de este litigio, pero recordó que 'después de diez años', se tomó la decisión de optar por la 'forma más fácil de olvidarse de este tema' y 'empezar de nuevo, si se puede'. 'Nunca tuvieron la intención de engañar, simplemente fue un negocio que salió mal', concluyó el abogado defensor.
Para el otro matrimonio acusado, formado en este caso por V.C.V y M.G.V.A, la Fiscalía pedía tres años de cárcel, aunque finalmente cada uno de los acusados aceptó una pena de 15 meses de prisión. Además, también se acordó el pago a los perjudicados de la cantidad que solicitaba el Ministerio Público, una indemnización de más 230.000 euros, al considerar que los propietarios cobraron por adelantado, en efectivo o en créditos al consumo, la totalidad de los cursos que ofertaban en sus academias, pero no llegaron a cumplir el contrato que habían firmado con los alumnos o con sus padres.
En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía indica que padres de alumnos matriculados en dichas academias abonaban el pago de cursos en efectivo o mediante un sistema de crédito al consumo, de forma que una entidad bancaria pagaba la totalidad del importe y luego, mensualmente, cobraba la cuota correspondiente.
OFERTAS SIN CUMPLIR
Sostiene que, a partir de junio de 2001, a pesar de ser 'conocedores de las importantes pérdidas que tenían ambas empresas', los acusados 'siguieron contratando cursos nuevos con múltiples alumnos' y 'renovando los de años anteriores', además de hacer 'ofertas que sabían con certeza que no podían cumplir'.
La Fiscalía calcula que al menos 40 contratos de financiación fueron firmados en A Coruña y otros 51 en Lugo, hasta que el 16 y 18 de noviembre de 2002 'se cerraron de forma inmediata y sin preaviso las dos academias'.
El letrado que se ocupó de la defensa de los cuatro acusados, Miguel García, confirmó que, una vez alcanzado este acuerdo, pedirá 'la suspensión condicional de la pena' para evitar que los acusados ingresen en prisión. En todo caso, afirmó que 'nadie puede estar satisfecho' por la resolución final de este litigio, pero recordó que 'después de diez años', se tomó la decisión de optar por la 'forma más fácil de olvidarse de este tema' y 'empezar de nuevo, si se puede'. 'Nunca tuvieron la intención de engañar, simplemente fue un negocio que salió mal', concluyó el abogado defensor.
