Aprobado por unanimidad recomendar al órgano fiscalizador que analice la evolución temporal del endeudamiento de la denominada administración institucional
La Comisión de Relaciones con el Consello de Contas ha aprobado por unanimidad recomendar al órgano fiscalizador que analice la evolución temporal del endeudamiento de la denominada administración institucional, así como de la local en Galicia.
Esta es una de las propuestas del PPdeG, que vio respaldadas por todos los grupos las seis presentadas, por lo que también se aprobó demandar del Consello de Contas que investigue los procedimientos de incorporación de personal en organismos públicos y su evolución.
Entre otras, el grupo mayoritario presentó y fue aprobada la realización de un análisis del gasto farmacéutico en la Comunidad autónoma desde el año 2007.
Además, el apoyo del PPdeG propició la aprobación unánime de dos recomendaciones socialistas, una de ellas, de procedimiento, para que el Consello de Contas presente los próximos planes anuales de trabajo en el mes de octubre anterior al ejercicio del que se trate, para que las recomendaciones posteriores de la Cámara puedan ser incluidas en tiempo.
La otra recomendación del PSdeG que recibió el voto de todos los grupos fue la demanda de realizar un informe sobre la adecuación a la normativa de las cláusulas de Responsabilidad Social Corporativa cuando figuren en los procesos de contratación llevados a cabo por el sector público autonómico.
El PPdeG expresó su acuerdo al añadirse en una transacción que este informe se refiera también a las entidades locales.
El Bloque recibió asimismo el apoyo conjunto de la Comisión a su recomendación de que se realice un informe de fiscalización específico relativo a los conciertos educativos, especial atención al análisis de la eficiencia del gasto.
Las ocho recomendaciones de AGE y las nueve del grupo mixto fueron todas ellas apoyadas por el resto de la oposición, pero rechazadas por el voto negativo de los diputados del PPdeG.
En su intervención para la defensa de sus recomendaciones y posicionamiento sobre las del resto de los grupos, la portavoz del PPdeG, Herminia Pouso, explicó que propuestas defendidas por la oposición ya se contemplan, como es el caso de las referidas a decisiones de los municipios o por entender, como en lo referido a las subvenciones y ayudas, que están, además, dentro de la ley.
También recordó que el Consello de Contas no tiene competencia para fiscalizar los contratos entre empresas privadas, como era el caso planteado de las subcontrataciones de servicios entre el Hospital Povisa y terceros.
Carmen Gallego, del PSdeG, hizo especial referencia a los efectos de la llamada racionalización de la administración local y denunció la situación en que quedan los municipios menores de 20.000 habitantes, sin capacidad de contratar personal para prestar servicios que, en muchas ocasiones, ni siquiera le competen y son de otras administraciones.
Gallego había demandado, y no se aprobó, que el Consello de Contas fiscalice las ayudas y convenios de la Xunta con los municipios, pidió que se verifique su justificación y rechazó que se prioricen por el orden de presentación, sin tener en cuenta criterios objetivos, lo que podría incluso ser ilegal, consideró.
La segunda de las recomendaciones de AGE era fiscalizar el Consorcio Cidade de santiago de Compostela, lo que le dio pie a su portavoz, Ramón Vázquez, a denunciar el carácter centralista de la inversión cultural de la Xunta, de manera que solo este consorcio y la fundación Cidade da Cultura, concentran en torno al 20 por ciento.
Entre otros aspectos, el diputado del BNG Francisco Jorquera se refirió al control de las Diputaciones, instituciones obsoletas, caducas e ineficientes" y también pidió, sin resultado, que se fiscalizase el régimen contractual de la Autovía da Costa da Morte, en la que, denunció, una empresa no cumple un contrato y, en lugar de ser sancionada, se premia, lo que calificó de "escandaloso".
Finalmente, la portavoz del grupo Mixto Consuelo Martínez resaltó sus propuestas vinculadas a la sanidad y, más concretamente, al Hospital Povisa y los posibles trasvases de personal, servicios, quirófanos y, en conjunto, de gastos públicos a la parte privada del centro.
