La instalación de los 2.300 megavatios distribuidos en el último concurso autonómico está en peligro. Así lo cree la Asociación Eólica de Galicia (EGA), cuyo secretario general, Iñigo Muniozguren, asegura que 'si se siguen aplicando impuestos hay instalaciones en las que no dan los números para ponerlas en marcha y así no habrá financiación', además de la inseguridad que provoca el cambio de criterio por parte de la Xunta.
En esto del concurso eólico hay que ir por partes. En lo que se refiere a la tramitación administrativa, avanza 'razonablemente bien', explica el portavoz de la patronal eólica, y aunque hay problemas se están tramitando los expedientes, pero una cosa es la tramitación y otra cosa muy distinta será la puesta en marcha, que es donde reside la preocupación de las empresas.
Aquí se presentan tres grandes problemas, el primero es el retributivo, por la desaparición de las primas, el segundo es de conexión, no está solucionado el trazado de las líneas de evacuación y transporte de esta nueva energía cuando se genere para transportarla, se trata además de algo que debería ir por delante de los propios parques. Y en tercer lugar el marco impositivo, que preocupa y mucho a las empresas porque puede provocar que los parques sean inviables.
'El sector eólico se está viendo afectado por nuevos impuestos que provocan que la mejor situación de Galicia, por su viento constante, se vea superada por los efectos fiscales', asegura Muniozguren.
El impuesto que más les preocupa en este momento a las empresas es el de transmisiones patrimoniales una tasa que no se había aplicado hasta ahora a los parques eólicos porque, alega la patronal, no se trata de una concesión sujeta a esta impuesto sino de una autorización administrativa, por lo que ya anuncian que lo recurrirán. Sin embargo, la Xunta ha cambiado de criterio y no solo para las instalaciones a partir de ahora, sino que Facenda está revisando los parques que se han puesto en funcionamiento en los últimos cuatro años, que es el plazo legal que se puede revisar.
'No es que no queramos pagar impuestos ?explica Iñigo Muniozguren- sino que queremos pagar lo que nos corresponde. Desde Industria hemos encontrado receptividad pero el planteamiento de Facenda es distinto', señala.
Las cifras son preocupantes porque grava con 40.000 euros cada megavatio. Según sus propias estimaciones un parque de 50 megavatios tendría que pagar 2 millones de euros de impuesto de transmisiones más la sanción 'cuando desde el año 97 se ha instalado 30.000 megavatios en España sin pagar ese impuesto', con la inseguridad jurídica que provoca este cambio.
Además, en Galicia se aplica el canon eólico a este tipo de instalaciones, que no existe en otras comunidades.
Aquí se presentan tres grandes problemas, el primero es el retributivo, por la desaparición de las primas, el segundo es de conexión, no está solucionado el trazado de las líneas de evacuación y transporte de esta nueva energía cuando se genere para transportarla, se trata además de algo que debería ir por delante de los propios parques. Y en tercer lugar el marco impositivo, que preocupa y mucho a las empresas porque puede provocar que los parques sean inviables.
'El sector eólico se está viendo afectado por nuevos impuestos que provocan que la mejor situación de Galicia, por su viento constante, se vea superada por los efectos fiscales', asegura Muniozguren.
El impuesto que más les preocupa en este momento a las empresas es el de transmisiones patrimoniales una tasa que no se había aplicado hasta ahora a los parques eólicos porque, alega la patronal, no se trata de una concesión sujeta a esta impuesto sino de una autorización administrativa, por lo que ya anuncian que lo recurrirán. Sin embargo, la Xunta ha cambiado de criterio y no solo para las instalaciones a partir de ahora, sino que Facenda está revisando los parques que se han puesto en funcionamiento en los últimos cuatro años, que es el plazo legal que se puede revisar.
'No es que no queramos pagar impuestos ?explica Iñigo Muniozguren- sino que queremos pagar lo que nos corresponde. Desde Industria hemos encontrado receptividad pero el planteamiento de Facenda es distinto', señala.
Las cifras son preocupantes porque grava con 40.000 euros cada megavatio. Según sus propias estimaciones un parque de 50 megavatios tendría que pagar 2 millones de euros de impuesto de transmisiones más la sanción 'cuando desde el año 97 se ha instalado 30.000 megavatios en España sin pagar ese impuesto', con la inseguridad jurídica que provoca este cambio.
Además, en Galicia se aplica el canon eólico a este tipo de instalaciones, que no existe en otras comunidades.
