El Parlamento gallego aprobó ayer la Ley de Inclusión social de Galicia, un proyecto que recoge como novedad que las personas que perciben la Renta de Integración Social (Risga) puedan compatibilizarla con pequeños trabajos de escasa cuantía.
La norma establece la compatibilidad de esta prestación con los accesos parciales a determinados trabajos, con el objetivo de incentivar el acceso al empleo, señala la propia ley. La oposición votó en contra del dictamen, por entender que la norma llega tarde o que no es suficiente para atender las actuales necesidades de la población que puede acceder a la Risga y que han aumentado significativamente con la crisis.
La diputada popular Marta Rodríguez Álvarez destacó, frente a las críticas de algunos grupos de que carece de dotación económica, que la nueva norma, que actualiza otra de hace 21 años, cuenta con una memoria de cien millones de euros, aunque se podrán ampliar. También sostuvo que recoge una estrategia de coordinación de las políticas sociales con las de empleo y articula una nueva Risga 'flexible y modular' dividida en tres tramos y destacó asimismo que, por primera vez, es compatible con las rentas obtenidas a través de trabajos esporádicos o con prestaciones de cuantía inferior a una pensión no contributiva.
Para la socialista Carmen Gallego, la norma llega tarde, puesto que se acordó en la mesa de diálogo social en 2010 y, desde entonces, ha cambiado la realidad social por lo que el proyecto ha quedado 'obsoleto'. Gallego insistió en que la ley no garantiza la financiación para llevar a acabo sus objetivos, por lo que se convierte 'en papel mojado'.
RACISTA Y XENOFOBO
Para Juan Manuel Fajardo, de AGE, no se puede concebir una norma como la aprobada por la Cámara, ya que, a su juicio, tiene un carácter 'absolutamente racista y xenofobo', puesto que deja fuera de la prestación a las personas que el PP 'considera ilegales', los inmigrantes sin papeles, y destacó también que hasta ahora esta renta solo llega a menos del dos por ciento de las personas que lo precisan. 'Los mismos que dicen que las cuchillas del Estrecho no hacen daño, por cierto que deberían probarlo en sus propias carnes, son los que excluyen de un derecho social tan básico' a los inmigrantes, comentó Fajardo.
Además, defendió, al igual que la nacionalista Carme Adán, que la norma incluyese una prestación básica universal garantizada para todos los residentes en Galicia, e insistió en que la aportación de 399 euros a personas con dificultades económicas no hará que puedan salir del círculo de la 'miseria y la pobreza'.
Por su parte, Carme Adán comenzó su intervención asegurando sentirse 'aterrada' con la declaración de 'determinados ministros' que señalan que las cuchillas colocadas en vallas en el Estrecho solo causan heridas superficiales. Para la parlamentaria del Bloque, la ley llega tarde e insistió en que datos oficiales apuntan a que la tasa de riesgo de pobreza ha aumentado en 30.000 personas en solamente un año.
La diputada popular Marta Rodríguez Álvarez destacó, frente a las críticas de algunos grupos de que carece de dotación económica, que la nueva norma, que actualiza otra de hace 21 años, cuenta con una memoria de cien millones de euros, aunque se podrán ampliar. También sostuvo que recoge una estrategia de coordinación de las políticas sociales con las de empleo y articula una nueva Risga 'flexible y modular' dividida en tres tramos y destacó asimismo que, por primera vez, es compatible con las rentas obtenidas a través de trabajos esporádicos o con prestaciones de cuantía inferior a una pensión no contributiva.
Para la socialista Carmen Gallego, la norma llega tarde, puesto que se acordó en la mesa de diálogo social en 2010 y, desde entonces, ha cambiado la realidad social por lo que el proyecto ha quedado 'obsoleto'. Gallego insistió en que la ley no garantiza la financiación para llevar a acabo sus objetivos, por lo que se convierte 'en papel mojado'.
RACISTA Y XENOFOBO
Para Juan Manuel Fajardo, de AGE, no se puede concebir una norma como la aprobada por la Cámara, ya que, a su juicio, tiene un carácter 'absolutamente racista y xenofobo', puesto que deja fuera de la prestación a las personas que el PP 'considera ilegales', los inmigrantes sin papeles, y destacó también que hasta ahora esta renta solo llega a menos del dos por ciento de las personas que lo precisan. 'Los mismos que dicen que las cuchillas del Estrecho no hacen daño, por cierto que deberían probarlo en sus propias carnes, son los que excluyen de un derecho social tan básico' a los inmigrantes, comentó Fajardo.
Además, defendió, al igual que la nacionalista Carme Adán, que la norma incluyese una prestación básica universal garantizada para todos los residentes en Galicia, e insistió en que la aportación de 399 euros a personas con dificultades económicas no hará que puedan salir del círculo de la 'miseria y la pobreza'.
Por su parte, Carme Adán comenzó su intervención asegurando sentirse 'aterrada' con la declaración de 'determinados ministros' que señalan que las cuchillas colocadas en vallas en el Estrecho solo causan heridas superficiales. Para la parlamentaria del Bloque, la ley llega tarde e insistió en que datos oficiales apuntan a que la tasa de riesgo de pobreza ha aumentado en 30.000 personas en solamente un año.
