Piden prisión por una agresión vinculada a bandas juveniles

El acusado de agredir a otro joven con una botella en la cabeza negó ser de los “Chukis”

Dos años y tres meses de prisión es la pena a la que se enfrenta un joven acusado de lanzar a la cabeza una botella a otro cuando se encontraban en un parking próximo a la discoteca “Ramallosa 2000”, hace un año. El juicio, celebrado ayer en el Penal 2 de Vigo, tiene lugar meses después de la primera operación policial contra presuntos pandilleros por incidentes en  A Ramallosa y durante la vista, la propia fiscal preguntó al acusado si pertenecía a los “Chukis”, la banda  objeto de la mencionada operación policial.

El joven no sólo negó formar parte de ese grupo sino también los hechos de los que se le acusan.
Según el relato fiscal, el 21 de junio del año pasado, J.I.C., a consecuencia de un incidente que había mantenido un conocido suyo con la víctima, cuando se encontraban en el parking junto a la discoteca de Nigrán, procedió a lanzarle una botella que le impactó en la cabeza, causándole una herida por la que precisó de sutura quirúrgica.

J.I.C. afirmó que actuó para defender a su amigo quien, según su versión recibió un golpe con una botella y empezó a sangrar.

El acusado aseguró que conocía al herido de la zona mientras que éste llegó al juzgado de prisión.
La posible vinculación del caso con los incidentes entre pandilleros que la Guardia Civil detectó en las inmediaciones de A Ramallosa no sólo se puso de manifiesto en las preguntas del fiscal y en el lugar donde tuvieron lugar los hechos sino también en que al menos uno de los testigos que se encontraba en el juzgado había sido investigado en la causa contra los “Chukis”.

Los constantes enfrentamientos en A Ramallosa durante los fines de semana por grupos de jóvenes, algunos incluso menores, obligó a actuar a la Guardia Civil que a principios de este año realizó una importante redada con más de una decena de detenidos que quedaron en libertad tras prestar declaración judicial. El juzgado impuso entre las medidas cautelares la prohibición de acercarse a la zona de conflicto.

Además de la pena de prisión solicitada por el fiscal que entiende que hubo un presunto delito de lesiones, solicitó una indemnización para la víctima de 300 euros por los días de curación y secuelas derivadas de las lesiones.

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