En el año 2010, la Xunta de Feijóo llevaba un año fogueándose en el Gobierno y todo eran buenos propósitos.
Beatriz Mato, conselleira de Traballo e Benestar, cargo en el que repitió en esta legislatura, presentó el ambicioso 'Plan de axuda integral para personas con discapacidade 2010-2013', con una batería de medidas para se integrasen en la sociedad tanto en el campo laboral como en el social con una inversión de 700 millones de euros. La partitura tenía buena pinta, pero otra cosa es cómo se interprete. Beatriz Mato compareció en el Parlamento para ensalzar su actuación en una materia tan sensible, aunque la oposición califica el plan referido de 'absoluto fracaso, según datos del Instituto Nacional de Estadística'.
'La integración laboral de las personas con discapacidad en Galicia es un 10% inferior al del conjunto de España, que ya es baja. Quiere esto decir que para llevar al nivel del resto del Estado habría que incorporar 3.000 personas más con discapacidad cada año', señala Carmen Gallego, portavoz del PSdeG de políticas sociales. Beatriz Mato asegura que la inserción laboral de personas con discapacidad es una de las prioridades del Gobierno gallego para lograr una sociedad 'más integradora e inclusiva' e incide en que son un 'colectivo prioritario' en todas las órdenes de empleo.
Desde que el PP llegó a la Xunta en el año 2009, mientras en España se incrementó el porcentaje de integración laboral de las personas más desfavorecidas por circunstancias físicas o psíquicas en un 17,79%, en Galicia tan sólo fue de un 5,4%. La estadística indica que el 12% de la población gallega sufre algún tipo de minusvalía.
Pero en el plan no sólo incidía en el trabajo, sino que también tocaba otros palos de la discapacidad como la garantía de derechos. En la convocatoria de ayudas se incluía medidas de acción positiva para mujeres con alguna minusvalía por ser uno de los colectivos más marginados, pero la iniciativa se quedó en papel mojado.
VIOLENCIA DE GÉNERO
Según las tres fuerzas de la oposición (PSdeG, BNG y AGE) tampoco se adaptaron los protocolos de actuación en materia de violencia de género para mujeres con alguna discapacidad como se había comprometido la conselleira.
Otra de las medidas consistía en la ayuda a los concellos para la eliminación de barreras físicas, aunque los municipios se quejan de la falta de fondos para ese cometido e incluso la Diputación de Lugo plantó a la conselleira esta semana en la firma del convenio para prestar los servicios sociales. El PSdeG cifra en 'cero euros' la cantidad destinada para hacer accesible el mobiliario urbano y las estaciones de autobuses.
Bestriz Mato, nacida en Barakaldo y que también formó parte del Ejecutivo de Fraga en el área de Pesca de A Coruña, gestiona un gabinete del que dependen áreas tan frágiles en tiempos de crisis como el fomento del empleo y el bienestar y los resultados de su gestión son claramente negativos, tanto en el empleo como en la defensa de los más desfavorecidos.
Así,centenares de familias que reúnen las condiciones económicas para recibir renta de inserción social de Galicia (Risga), una nómina mensual mínima de 400 euros (que se incrementa en función del número de hijos) destinada a personas sin recursos, aguardan más de seis meses sin percibir la ayuda aunque la tramitación de su expediente esté concluida. Tanto el Valedor do Pobo como varias delegaciones de Cáritas ya han advertido a la consellería de esta dramática situación.
Una situación similar se reproduce con las ayudas a la dependencia. El trámite se dilata en el tiempo y no se les da el visto bueno a la ayuda, aunque tampoco se deniega, a pesar de que el expediente esté concluido, según las quejas que llegan al Valedor do Pobo.
'La integración laboral de las personas con discapacidad en Galicia es un 10% inferior al del conjunto de España, que ya es baja. Quiere esto decir que para llevar al nivel del resto del Estado habría que incorporar 3.000 personas más con discapacidad cada año', señala Carmen Gallego, portavoz del PSdeG de políticas sociales. Beatriz Mato asegura que la inserción laboral de personas con discapacidad es una de las prioridades del Gobierno gallego para lograr una sociedad 'más integradora e inclusiva' e incide en que son un 'colectivo prioritario' en todas las órdenes de empleo.
Desde que el PP llegó a la Xunta en el año 2009, mientras en España se incrementó el porcentaje de integración laboral de las personas más desfavorecidas por circunstancias físicas o psíquicas en un 17,79%, en Galicia tan sólo fue de un 5,4%. La estadística indica que el 12% de la población gallega sufre algún tipo de minusvalía.
Pero en el plan no sólo incidía en el trabajo, sino que también tocaba otros palos de la discapacidad como la garantía de derechos. En la convocatoria de ayudas se incluía medidas de acción positiva para mujeres con alguna minusvalía por ser uno de los colectivos más marginados, pero la iniciativa se quedó en papel mojado.
VIOLENCIA DE GÉNERO
Según las tres fuerzas de la oposición (PSdeG, BNG y AGE) tampoco se adaptaron los protocolos de actuación en materia de violencia de género para mujeres con alguna discapacidad como se había comprometido la conselleira.
Otra de las medidas consistía en la ayuda a los concellos para la eliminación de barreras físicas, aunque los municipios se quejan de la falta de fondos para ese cometido e incluso la Diputación de Lugo plantó a la conselleira esta semana en la firma del convenio para prestar los servicios sociales. El PSdeG cifra en 'cero euros' la cantidad destinada para hacer accesible el mobiliario urbano y las estaciones de autobuses.
Bestriz Mato, nacida en Barakaldo y que también formó parte del Ejecutivo de Fraga en el área de Pesca de A Coruña, gestiona un gabinete del que dependen áreas tan frágiles en tiempos de crisis como el fomento del empleo y el bienestar y los resultados de su gestión son claramente negativos, tanto en el empleo como en la defensa de los más desfavorecidos.
Así,centenares de familias que reúnen las condiciones económicas para recibir renta de inserción social de Galicia (Risga), una nómina mensual mínima de 400 euros (que se incrementa en función del número de hijos) destinada a personas sin recursos, aguardan más de seis meses sin percibir la ayuda aunque la tramitación de su expediente esté concluida. Tanto el Valedor do Pobo como varias delegaciones de Cáritas ya han advertido a la consellería de esta dramática situación.
Una situación similar se reproduce con las ayudas a la dependencia. El trámite se dilata en el tiempo y no se les da el visto bueno a la ayuda, aunque tampoco se deniega, a pesar de que el expediente esté concluido, según las quejas que llegan al Valedor do Pobo.
