La detención de empresarios, policías y políticos en la Operación Pokemon y la confusión en torno a los contratos con Pemex para construir dos hoteles flotantes han agitado la recta final de la precampaña en Galicia, donde mañana a medianoche arrancará la carrera electoral.
La dualidad entre la continuidad de una Xunta presidida por Alberto Núñez Feijóo y un gobierno alternativo con alianzas a dos, tres o más bandas entre PSOE, BNG y las otras fuerzas sin representación parlamentaria que concurren a estos comicios ha quedado relegada prácticamente a un segundo plano.
El primer terremoto social y político se produjo con la denominada Operación Pokemon, que investiga presuntas irregularidades en la concesión de servicios públicos municipales, y en el marco de la cual han sido detenidos empresarios, policías y políticos de todos los colores.
Entre ellos, los alcaldes, ya dimitidos, de Ourense, Francisco Rodríguez (PSOE), y de Boqueixón, Adolfo Gacio (PP), así como el concejal del BNG Fernando Varela en el Ayuntamiento de la Ciudad de las Burgas.
Luego vino la confusión generada por el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, cuando negó que hubiera firmados contratos con los astilleros Navantia y Barreras para construir sendos hoteles flotantes, a pesar del acto público de rúbrica celebrado en Santiago ante la presencia de Núñez Feijóo.
Pese a las aclaraciones de la Xunta y de los propios astilleros de que los contratos son válidos y que se firmaron con PMI, la filial internacional de la petrolera mexicana, oposición y sindicatos insisten en reclamar que se publiciten los mismos y temen que el cambio de Gobierno en México pueda frustrar estos encargos.
Sin embargo, con el transcurrir de los días y de no producirse más novedades sobre estos dos asuntos, la campaña electoral regresará, probablemente, al guión cocinado en las sedes de los partidos, donde se irán dosificando las promesas y modulando los mensajes en función de lo que vayan diciendo las encuestas.
El PP afronta la cita del 21 de octubre como un doble desafío: revalidar la mayoría absoluta de 2009, ya que solo así Alberto Núñez Feijóo seguiría cuatro años más al frente de la Xunta, y resistir el desgaste de todo gobierno al que le toca gestionar en tiempos de crisis.
Enfrente, los candidatos de la oposición, Pachi Vázquez y Francisco Jorquera, se postulan, cada cual a su manera, como alternativa y 'dique' ante las políticas de austeridad de las que Feijóo ha hecho su bandera, aunque PSOE y BNG, que cogobernaron entre 2005 y 2009 bajo el liderazgo de Emilio Pérez Touriño, no son los únicos que reclaman ese papel.
La denominada 'Syriza gallega' formada por IU y Anova, escisión del BNG liderada por el histórico Xosé Manuel Beiras, y también Compromiso por Galicia, la otra hijastra de la coalición nacionalista, aspiran a ser imprescindibles en la formación de un hipotético tripartito o cuatripartito.
Queda por ver si el tirón de Mario Conde como cabeza de lista de Sociedad Civil y Democracia por la provincia de Pontevedra, y si la pujanza de UPyD en las citas electorales más recientes se materializan en escaños. El PP reniega de estas alianzas.
Precisamente por la previsión de una mayor dispersión del voto que en las pasadas elecciones autonómicas, una de las grandes bazas de los populares en estos comicios es transmitir una imagen de unidad frente a la diversidad de siglas y de programas.
La otra es colocar de cabezas de lista a todos los conselleiros, salvo la de Sanidad, Rocío Mosquera, como corresponsables de una gestión marcada por la austeridad y la contención del déficit, que hace de Galicia el espejo en el que, según defienden en el partido, en Santiago y en Madrid, deben mirarse el resto de las comunidades.
No lo ven así en el PSOE ni en el BNG, que hablan de recortes puros y duros en sanidad, educación y demás políticas sociales, y ponen el acento en las cifras del paro -la tasa ha pasado del 12% al 21%- y en el detraimiento de la actividad económica.
Pero sin duda uno de los asuntos estrella de la legislatura que toca a su fin es la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, una operación auspiciada por la Xunta en el marco del proceso de reestructuración del sistema financiero español al que aún quedan capítulos por descontar.
Cómo acabará la entidad resultante, Novagalicia Banco, reflotada con fondos públicos y con la imagen seriamente dañada por la comercialización de participaciones preferentes y por la imputación de varios exaltos cargos por sus millonarias indemnizaciones, es una incógnita que no se despejará antes del 21-O.
El adelanto electoral también ha dejado en suspenso la pretensión del PP de rebajar, para ahorrar del orden de 6 millones por mandato, de 75 a 61 el número de escaños, dentro de los límites que establece el Estatuto de Autonomía.
Una iniciativa calificada por la oposición de 'pucherazo' al mantener invariable el reparto de escaños por provincias pese a la progresiva despoblación de las de Lugo y Ourense, tradicionales viveros de votos de los populares.
El comportamiento de las urnas en los núcleos urbanos -hasta las pasadas elecciones locales feudos socialistas y, en menor medida, nacionalistas-, y entre la población emigrante, que estrenará el sistema de voto rogado, determinará en buena medida el resultado de los comicios del 21 de octubre, habida cuenta de la igualdad que apuntan los primeros sondeos.
El primer terremoto social y político se produjo con la denominada Operación Pokemon, que investiga presuntas irregularidades en la concesión de servicios públicos municipales, y en el marco de la cual han sido detenidos empresarios, policías y políticos de todos los colores.
Entre ellos, los alcaldes, ya dimitidos, de Ourense, Francisco Rodríguez (PSOE), y de Boqueixón, Adolfo Gacio (PP), así como el concejal del BNG Fernando Varela en el Ayuntamiento de la Ciudad de las Burgas.
Luego vino la confusión generada por el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, cuando negó que hubiera firmados contratos con los astilleros Navantia y Barreras para construir sendos hoteles flotantes, a pesar del acto público de rúbrica celebrado en Santiago ante la presencia de Núñez Feijóo.
Pese a las aclaraciones de la Xunta y de los propios astilleros de que los contratos son válidos y que se firmaron con PMI, la filial internacional de la petrolera mexicana, oposición y sindicatos insisten en reclamar que se publiciten los mismos y temen que el cambio de Gobierno en México pueda frustrar estos encargos.
Sin embargo, con el transcurrir de los días y de no producirse más novedades sobre estos dos asuntos, la campaña electoral regresará, probablemente, al guión cocinado en las sedes de los partidos, donde se irán dosificando las promesas y modulando los mensajes en función de lo que vayan diciendo las encuestas.
El PP afronta la cita del 21 de octubre como un doble desafío: revalidar la mayoría absoluta de 2009, ya que solo así Alberto Núñez Feijóo seguiría cuatro años más al frente de la Xunta, y resistir el desgaste de todo gobierno al que le toca gestionar en tiempos de crisis.
Enfrente, los candidatos de la oposición, Pachi Vázquez y Francisco Jorquera, se postulan, cada cual a su manera, como alternativa y 'dique' ante las políticas de austeridad de las que Feijóo ha hecho su bandera, aunque PSOE y BNG, que cogobernaron entre 2005 y 2009 bajo el liderazgo de Emilio Pérez Touriño, no son los únicos que reclaman ese papel.
La denominada 'Syriza gallega' formada por IU y Anova, escisión del BNG liderada por el histórico Xosé Manuel Beiras, y también Compromiso por Galicia, la otra hijastra de la coalición nacionalista, aspiran a ser imprescindibles en la formación de un hipotético tripartito o cuatripartito.
Queda por ver si el tirón de Mario Conde como cabeza de lista de Sociedad Civil y Democracia por la provincia de Pontevedra, y si la pujanza de UPyD en las citas electorales más recientes se materializan en escaños. El PP reniega de estas alianzas.
Precisamente por la previsión de una mayor dispersión del voto que en las pasadas elecciones autonómicas, una de las grandes bazas de los populares en estos comicios es transmitir una imagen de unidad frente a la diversidad de siglas y de programas.
La otra es colocar de cabezas de lista a todos los conselleiros, salvo la de Sanidad, Rocío Mosquera, como corresponsables de una gestión marcada por la austeridad y la contención del déficit, que hace de Galicia el espejo en el que, según defienden en el partido, en Santiago y en Madrid, deben mirarse el resto de las comunidades.
No lo ven así en el PSOE ni en el BNG, que hablan de recortes puros y duros en sanidad, educación y demás políticas sociales, y ponen el acento en las cifras del paro -la tasa ha pasado del 12% al 21%- y en el detraimiento de la actividad económica.
Pero sin duda uno de los asuntos estrella de la legislatura que toca a su fin es la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, una operación auspiciada por la Xunta en el marco del proceso de reestructuración del sistema financiero español al que aún quedan capítulos por descontar.
Cómo acabará la entidad resultante, Novagalicia Banco, reflotada con fondos públicos y con la imagen seriamente dañada por la comercialización de participaciones preferentes y por la imputación de varios exaltos cargos por sus millonarias indemnizaciones, es una incógnita que no se despejará antes del 21-O.
El adelanto electoral también ha dejado en suspenso la pretensión del PP de rebajar, para ahorrar del orden de 6 millones por mandato, de 75 a 61 el número de escaños, dentro de los límites que establece el Estatuto de Autonomía.
Una iniciativa calificada por la oposición de 'pucherazo' al mantener invariable el reparto de escaños por provincias pese a la progresiva despoblación de las de Lugo y Ourense, tradicionales viveros de votos de los populares.
El comportamiento de las urnas en los núcleos urbanos -hasta las pasadas elecciones locales feudos socialistas y, en menor medida, nacionalistas-, y entre la población emigrante, que estrenará el sistema de voto rogado, determinará en buena medida el resultado de los comicios del 21 de octubre, habida cuenta de la igualdad que apuntan los primeros sondeos.
