La investigación no descarta nuevas imputaciones, cuando se examine la documentación incautada.
Fuentes de la investigación policial en Vigo descartaron que se vayan a producir nuevas detenciones dentro de la operación Patos contra la corrupción en las instituciones públicas, que se ha desarrollado desde el pasado martes, aunque dejaron abierta la posibilidad de posteriores imputaciones una vez finalice el análisis de toda la documentación intervenida por el Juzgado de Instrucción 7, una tarea que se prevé compleja y larga por el volumen acumulado en cajas.
Los agentes se llevaron expedientes de los ayuntamientos de Vigo, Pontevedra, Santiago, Ourense, Ponteareas y Nigrán, además de la Delegación de la Xunta de Vigo, la Diputación de Pontevedra, el Consorcio del Casco Vello vigués , Autoridad Portuaria y Zona Franca. A eso hay que sumarle el material incautado en los registros de las sedes de las empresas Cespa (la que obtuvo la adjudicación para el mantenimiento de jardines en Ourense por 856.642 euros), Eiriña y sus otras tres empresas investigadas en la trama (Enalvi, Intermediación Medioambiental e Inversons Patos S.L.). Entre los papeles, las adjudicaciones realizadas por las instituciones, al menos una veintena desde 2012, a las empresas investigadas, entre ellas algunas muy recientes, para este mismo año, por 1,5 millones de euros.
La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo mantiene secretas las actuaciones, lo que hizo que los cinco detenidos se acogieran a su derecho a no declarar.
La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Jefatura Superior de Policía de Galicia detenía el martes al responsable de Cespa en Galicia, Alfonso Clemente, al administrador del grupo de Eiriña, Enrique Alonso padre de la concejala popular Alexia Alonso, así como al concejal de Obras de Nigrán, José Álvarez Valverde, además de al director general de la constructora y a un técnico de Cespa. Tras pasar a disposición judicial, fueron puestos en libertad imputados por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y el edil, a mayores, prevaricación. En Vigo destacó por su carga política el registro exhaustivo de los despachos de los concejales del PSOE David Regades (Vías) y Ángel Rivas (Limpieza), que se prolongó durante nueve horas y que finalizó con cajas de documentos de contratos con Eiriña y Cespa.
En Ourense, que aún no se recuperó de la operación Pokemon, cundió la alarma cuando policías y un secretario judicial requerían diversa documentación de la Concejalía de Medio Ambiente, relacionada con la concesión otorgada a Cespa. n
