La Ley de Medidas Temporales de Empleo Público fue aprobada ayer por el PP con el rechazo frontal de la oposición y entre protestas de funcionarios que llegaron a tener reflejo dentro del hemiciclo donde se celebraba la sesión plenaria. La presidenta de la cámara expulsó a varios funcionarios que se encontraban en la tribuna destinada al público, ya que sacaron pancartas con lemas contra los recortes y los mostraron hacia el hemiciclo.
El debate sobre esta normativa, cuyo proyecto aprobó la Xunta el 16 de febrero, se inició con la polémica sobre su tramitación por la vía de urgencia que no evitó que el PP le diera en solitario luz verde definitiva, mientras PSdeG y BNG le acusaban de 'fraude de ley' y de 'aplicar el rodillo' de su mayoría parlamentaria.
En su intervención en el pleno, la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, defendió la ley, que supondrá un ahorro anual de unos 80 millones de euros, como 'necesaria, oportuna e imprescindible' y la opción 'más favorable' de las que se tienen adoptado en otras comunidades autónomas porque respeta el salario de los funcionarios.
El portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, acusó a la oposición de 'intento de filibusterismo parlamentario' cuando PSdeG y BNG reclamaron la retirada de la ley e intentaron impedir que se tramitase por la vía de urgencia. Pero esto fue solo el inicio de un debate en el que hubo cinco votaciones hasta completar todo el trámite, incluido el rechazo a las enmiendas a la totalidad presentadas por socialistas y nacionalistas, que mostraron su rechazo a estas medidas por ser un 'trágala' para los empleados públicos.
'UN GOBIERNO INDOLENTE'
A juicio del BNG están mostrando 'un Gobierno indolente que gobierna por decreto para conculcar derechos laborales básicos', mientras para el PSdeG reflejan 'una ideología reaccionaria, con el proyecto de reducir los servicios públicos a la beneficencia'.
El PP defendió la necesidad de esta ley al igual que la conselleira de Facenda, quien reconoció que supone 'un importante esfuerzo' para empleados públicos, pero destacó que es el proyecto 'más favorable de los que se tienen adoptado en otras comunidades' para respetar las retribuciones de los empleados. También puso de manifiesto el elevado gasto en personal que tiene la Xunta, un 40 por ciento de su presupuesto total, 3.615 millones de euros este año.
El diputado del PSdeG José Manuel Lage aseguró que las medidas suponen 'incumplir de cabo a rabo' el programa electoral presentado por el presidente de la Xunta, quien 'con el lema de Feijo09 pidió licencia para matar y si se la llegamos a dar acaba con este país', afirmó. Por su parte, el nacionalista Suárez Canal, apuntó que 'igual lo necesario es reducir el salario a los dirigentes de la Xunta' porque su 'fracaso clamoroso' para buscar otro tipo de soluciones ante la crisis y criticó la 'privatización galopante de los servicios públicos'.
Para el PP la Xunta está 'haciendo lo que tiene que hacer' tras los 'cambios sustanciales' en las previsiones económicas, según el diputado Antonio Rodríguez Miranda no va a producir deterioro en los servicios públicos porque los funcionarios 'incrementarán su compromiso'.
2.500 FUNCIONARIOS SE MANIFESTARON ANTE LA CÁMARA
Fuera del Parlamento, unas 2.500 personas, según fuentes policiales, convocadas por UGT, CCOO, CIG y CSIF, se manifestaron para protestar contra esta reforma, con el lema 'En defensa de los servicios públicos. No a los recortes de nuestros derechos', y cortaron el tráfico en la Rúa do Hórreo.
La protesta llegó a la tribuna de invitados del Parlamento, donde varias personas, que fueron expulsadas tras interrumpir unos minutos el pleno, exhibieron papeles con 'No al recorte de los servicios públicos'.
En este sentidoLa Policía Autonómica desalojó ayer a los funcionarios que permanecían encerrados en dependencias de la Xunta en la ciudad de Lugo para manifestar su rechazo al proyecto de ley de medidas en el empleo público y tratar de evitar que fuese aprobado en el pleno del Parlamento de Galicia. En concreto, a Policía Autonómica procedió al desalojo de los 20 funcionarios y delegados de los sindicatos CIG y CC.OO., después de que permaneciesen encerrados desde las 15.00 horas del lunes.
Además de en Lugo, los trabajadores públicos protagonizaron encierros en edificios de la Xunta en A Coruña, Ferrol, Pontevedra y Vigo, así como en los servicios centrales y en las dependencias de la CRTVG en Santiago de Compostela.
En su intervención en el pleno, la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, defendió la ley, que supondrá un ahorro anual de unos 80 millones de euros, como 'necesaria, oportuna e imprescindible' y la opción 'más favorable' de las que se tienen adoptado en otras comunidades autónomas porque respeta el salario de los funcionarios.
El portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, acusó a la oposición de 'intento de filibusterismo parlamentario' cuando PSdeG y BNG reclamaron la retirada de la ley e intentaron impedir que se tramitase por la vía de urgencia. Pero esto fue solo el inicio de un debate en el que hubo cinco votaciones hasta completar todo el trámite, incluido el rechazo a las enmiendas a la totalidad presentadas por socialistas y nacionalistas, que mostraron su rechazo a estas medidas por ser un 'trágala' para los empleados públicos.
'UN GOBIERNO INDOLENTE'
A juicio del BNG están mostrando 'un Gobierno indolente que gobierna por decreto para conculcar derechos laborales básicos', mientras para el PSdeG reflejan 'una ideología reaccionaria, con el proyecto de reducir los servicios públicos a la beneficencia'.
El PP defendió la necesidad de esta ley al igual que la conselleira de Facenda, quien reconoció que supone 'un importante esfuerzo' para empleados públicos, pero destacó que es el proyecto 'más favorable de los que se tienen adoptado en otras comunidades' para respetar las retribuciones de los empleados. También puso de manifiesto el elevado gasto en personal que tiene la Xunta, un 40 por ciento de su presupuesto total, 3.615 millones de euros este año.
El diputado del PSdeG José Manuel Lage aseguró que las medidas suponen 'incumplir de cabo a rabo' el programa electoral presentado por el presidente de la Xunta, quien 'con el lema de Feijo09 pidió licencia para matar y si se la llegamos a dar acaba con este país', afirmó. Por su parte, el nacionalista Suárez Canal, apuntó que 'igual lo necesario es reducir el salario a los dirigentes de la Xunta' porque su 'fracaso clamoroso' para buscar otro tipo de soluciones ante la crisis y criticó la 'privatización galopante de los servicios públicos'.
Para el PP la Xunta está 'haciendo lo que tiene que hacer' tras los 'cambios sustanciales' en las previsiones económicas, según el diputado Antonio Rodríguez Miranda no va a producir deterioro en los servicios públicos porque los funcionarios 'incrementarán su compromiso'.
2.500 FUNCIONARIOS SE MANIFESTARON ANTE LA CÁMARA
Fuera del Parlamento, unas 2.500 personas, según fuentes policiales, convocadas por UGT, CCOO, CIG y CSIF, se manifestaron para protestar contra esta reforma, con el lema 'En defensa de los servicios públicos. No a los recortes de nuestros derechos', y cortaron el tráfico en la Rúa do Hórreo.
La protesta llegó a la tribuna de invitados del Parlamento, donde varias personas, que fueron expulsadas tras interrumpir unos minutos el pleno, exhibieron papeles con 'No al recorte de los servicios públicos'.
En este sentidoLa Policía Autonómica desalojó ayer a los funcionarios que permanecían encerrados en dependencias de la Xunta en la ciudad de Lugo para manifestar su rechazo al proyecto de ley de medidas en el empleo público y tratar de evitar que fuese aprobado en el pleno del Parlamento de Galicia. En concreto, a Policía Autonómica procedió al desalojo de los 20 funcionarios y delegados de los sindicatos CIG y CC.OO., después de que permaneciesen encerrados desde las 15.00 horas del lunes.
Además de en Lugo, los trabajadores públicos protagonizaron encierros en edificios de la Xunta en A Coruña, Ferrol, Pontevedra y Vigo, así como en los servicios centrales y en las dependencias de la CRTVG en Santiago de Compostela.
